Quintana Roo

Por Luis Enrique Tuz

CHETUMAL, 30 de octubre.- El oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, compareció esta mañana ante la Secretaría de la Contraloría, a solicitud de la organización civil Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo.

La organización civil Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo, en la audiencia solicitó que se compruebe en dónde quedaron los 12 millones de pesos, que supuestamente la Oficialía Mayor le impuso a la empresa comercializadora Adicon, por incumplimiento en la entrega de los 222 mil kits de uniformes en el 2017, porque no existe constancia de que se haya podido cobrar esa fianza.

Según la Oficialía Mayor, a la empresa poblana se le sancionó con el monto máximo permitido por ley, que es el 10 por ciento, un monto superior a los 12 millones de pesos; además de que no puede participar en otra licitación.

Fabiola Cortés Miranda, representante de la organización civil, dijo que la comparecencia se deriva de una denuncia que interpusieron diversos ciudadanos, entre ellos integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, en agosto de 2017.

La denuncia se interpuso por la licitación de alrededor de 222 mil uniformes escolares, que se entregaron en el ciclo escolar 2017-2018, y que se hizo a través de una licitación pública nacional, en la que únicamente concursaron dos empresas: una de la ciudad de Chetumal y Comercializadora Adicon SA de CV, de Puebla, que al final obtuvo el contrato por 104 millones de pesos.

Sin embargo, dijo que existió una serie de señalamientos públicos ya conocidos, como el que la empresa no tenía capacidad para entregar en el tiempo que estipulaba el contrato, y en las condiciones en las que se habían establecido, porque la empresa tenía hasta el 31 de agosto de 2017 para cumplir y no lo hizo.

Afirmó que unos días antes del vencimiento del plazo, interpusieron una denuncia ante la Contraloría del estado, en la que solicitaron que realizarán diversos actos de investigación, entre ellos que se acudiera al domicilio de la empresa, y hasta hoy sigue siendo inexistente para las autoridades de acuerdo a las indagatorias, porque se ubicó en una casa de interés social en donde no hay tal empresa.

Además, la empresa fue multada con 12 millones 135 pesos por el incumplimiento, y dentro de las investigaciones le solicitaron a la Secoes que pidiera esa constancia de que se había podido cobrar esa fianza, pero hasta el día de hoy no existe ese documento en el expediente.

Cortés Miranda señaló que la Contraloría está calificó con sanciones no graves a los cuatro funcionarios que están relacionados con la licitación, lo que quiere decir que estas faltas pueden quedar en una amonestación privada, lo que sería grave considerando que ni siquiera se pudo cobrar la fianza.

La denuncia es contra el funcionario Manuel Alamilla Ceballos, oficial mayor del gobierno del estado, y hay otros tres funcionarios que están también señalados y que tuvieron que ver en el proceso de licitación.

“Las dos únicas causas por las que la Secretaría de la Contraloría está señalando las faltas a las que se podrían hacer acreedores los funcionarios de la Oficialía Mayor son: Incongruencia y falta de precisión en las bases de procedimiento de la licitación pública nacional, y la otra por la falta de uniformidad entre las bases del procedimiento de licitación y el contrato celebrado”, criticó.