De la Redacción
No ha sido del todo transparente el proceso para la designación del nuevo fiscal general de Quintana Roo, pues la Comisión Especial y Temporal para la revisión sobre el cumplimiento de los requisitos, sabe que todo está “armado” para que el nombramiento sea de uno de los foráneos que se inscribió, pues por eso fue la insistencia del Congreso del Estado para que los ayuntamientos votaran en la modificación de la ley referente al requisito de residencia.
Ayer, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio dio a conocer que tras concluir el plazo para que se cumplieran con todos los requisitos, quedó en 18 personas la lista de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general del Estado y corresponderá al pleno de la XV Legislatura determinar la lista definitiva que será remitida al Ejecutivo estatal.
Sin embargo, el mismo diputado emitió en días pasados, un oficio dirigido a diferentes agrupaciones civiles que avalaron la inscripción de algunos aspirantes, pues no presentaron toda la documentación, incluso de su organización.
Se trató de un oficio de prevenciones a instituciones de educación superior públicas y privadas en el estado, así como a las organizaciones de profesionistas, colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil.
En ellas, se les pidió que la Comisión Especial y Temporal, acordó prevenir a los representantes legales de dichas instituciones subsanar la información proporcionada o bien complementar la documentación requerida, o se agregue alguna documentación que no fue presentada.
Se les pide algunos documentos que confirman al representante legal de la AC, también acreditar que su objetivo social se encuentra vinculado con la procuración de justicia, la promoción y defensa de los derechos humanos o alguna materia, relacionada al derecho o ciencias penales presentar acta constitutiva, copia certificada y cédula profesional del aspirante.
Sin embargo, se desconoce si dichas agrupaciones cumplieron con dichos requerimientos, cuando se trata de la elección del fiscal, cuyo encargo es de suma importancia, al ser una dependencia que requiere recomponer su camino manchado por irregularidades.
Cabe decir que en enero del 2016, las instalaciones de la Vicefiscalía fueron objeto de un ataque a balazos, en un hecho que quedó en completa impunidad, pues hasta la fecha no se ha resuelto nada.