Por Víctor Rodríguez
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 28 de noviembre.- A pesar que desde 2016 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la explotación de subsuelo para extraer material pétreo por parte de la empresa ABC, propiedad de Eduardo Solís Preciat, en el predio Balam Tun situado al norponiente de la ciudad y que mantiene invadido en sus 533 hectáreas, continúa realizando explosiones ilegales una zona determinada para uso habitacional y no minero, lugar donde este miércoles ingresaron a inspección los peritos mandatados por el juez del caso del Poder Judicial del Estado en esta ciudad.
La diligencia de los peritos se realizó minutos después de las diez de la mañana de este miércoles en los predios ubicados en el camino al fraccionamiento Cristo Rey y de Jacinto Canek, sin embargo, la prepotencia del cuerpo jurídico de la empresa de materiales ABC negaron el acceso a los abogados y perito valuador de la parte agraviada, alegando que la orden del juez era estrictamente dejar pasar a los peritos del juzgado.
Importante señalar que los peritos llegaron, accediendo por la entrada principal controlado por elementos de seguridad privada, que en un intento de intimación y bajo órdenes de su “patrón” tomaban fotos y videos de la acción judicial, mismos que fueron trasladados por vehículos de la misma empresa hasta el lugar de las explosiones con la cual extraen material pétreo, aún cuando el tema de la legítima propiedad está en proceso en los juzgados de la ciudad.
Hay que recordar que en 2016 que luego de la denuncia ante Profepa del propietario de las 533 hectáreas invadida por la empresa ABC de Solís Preciat se colocaron sellos de clausura por el grave daño ecológico con sus explosiones, tala de flora y fauna, cuando llevaban alrededor de 50 hectáreas afectadas, aunque continuaron con las labores y ahora alcanzan aproximadamente 100 hectáreas, zona que está considerada en el Programa de Desarrollo Urbano como habitacional y no minero.
De igual forma es de puntualizar que precisamente valiéndose de un supuesto contrato de arrendamiento se apoderaron de las 533 hectáreas, acción ilegal cuya lucha se lleva en los tribunales, incluso la denominación de los predios como Calatmul 1 y Calatmul II no existen ni en el registro público de la propiedad y menos en catastro, sino que corresponden al registrado como Balam Tun.
En ese sentido, el abogado defensor de la parte agraviada, Efraín González Martín, explicó que la diligencia es de prueba de inspección con los peritos oficiales nombrados por la juez en el caso donde se demanda la recuperación del terreno a la empresa denominada ABC (expediente 552/2017), la cual está posesionada ilegalmente del predio Balam Tun, propiedad de Marciano Toledo Sánchez, dado a que están realizando actividades ilegales consistentes en la extracción de material pétreo con explosivos y una serie de procedimientos dañinos al medio ambiente sin tener permisos ambientales de las autoridades federales.
Citó que ya obtuvieron el amparo para efecto de obligar a la Profepa a que detenga las acciones, no obstante que hasta el día de hoy no han asegurado el lugar ni los bienes o clausurado el lugar, permitiendo que la empresa ABC siga trabajando de manera ilegal, de modo que el objetivo de esta inspección es determinar la invasión del predio Balam Tun y cuantificar los daños y perjuicios, que llevan ya destruida cerca de 100 hectáreas para la extracción de material.
En el expediente obra el dictamen extendido por un perito particular del agraviado, quien determinó que el daño ecológico asciende a más de mil millones de pesos, incluso la parte defensora de ABC debió permitir el acceso en la inspección de este día porque es parte de los derechos para estar presentes en cualquier acto de prueba, de modo que en enero del próximo año se hará una nueva audiencia de prueba y en la cual los peritos determinarán el monto de la afectación, la ubicación y la invasión, a fin de que el juez lo valore y determine la sentencia correspondiente.