De la Redacción
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 28 de noviembre.- Por los delitos de tráfico de influencias, promoción de conductas ilícitas, cohecho, alteración de documentos públicos y abuso de funciones públicas, enclavados en dos carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía Anticorrupción estatal atrajo los expedientes que relacionan al diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero, así como a Adriana Ivette Rivero Mendoza, juez civil de Playa del Carmen, por su posible complicidad.
Las carpetas de investigación donde el agraviado es Andrea Giuseppe Sabbia, excónsul de Italia, corresponden a los números 4717/2018 y 2637/2018, que ya fueron transferidas a la fiscal anticorrupción del estado contra el legislador, traidor del PRI, partido que lo posicionó políticamente a lo largo de su carrera en el gobierno.
Además, también se habla de la posible participación del integrante de la Décimo Quinta Legislatura del Estado en el expediente número FGE/QR/SOL/12/7320/2017 por el delito de fraude, en el que aparecen como inculpados G.S. Rodolfo Ulises Ruiz Sánchez, Massimiliano Bert, Francisco Antonio Flores Chulim, Rodolfo Cetina Heredia, Luis Gerardo Pool Cauich y Luz del Socorro Ruiz Sánchez.
Entre las declaraciones del agraviado, el excónsul de Italia, señala que en una conversación telefónica el día 25 de junio 2018, a las 15:41 horas, del número 984-277-6853 recibió amenazas de G. S. quien le precisó textualmente que el diputado Juan Carlos Pereyra Escudero te va “chingar” porque ya repartió mucho dinero en Playa del Carmen para los políticos, policías y jueces.
Amenazas que al poco tiempo empezaron a cumplirse a través de Adriana Ivette de Guadalupe Rivero Mendoza, juez civil de primera instancia del distrito judicial de Solidaridad, pese a que el 25 de noviembre de 2015, Andrea Giuseppe Sabbia obtuvo sentencia a favor, ordenándose ejecutar mediante auto el 12 de enero de 2016, el pago de 3 millones de pesos por daño moral, pero al no tener liquidez, el inculpado G. S. puso a remate sus empresas Pinaz S. A. de C. V. y G. S. S. A. de C. V.
Sin embargo, Rivero Mendoza, juez civil de primera instancia del distrito judicial de Solidaridad, postergó las audiencias sin argumentos legales, incluso, alargó la fecha de subasta de las empresas embargadas, según el juicio 1036/2012, programándola para después del 16 de julio de 2018, coincidentemente con las vacaciones de verano de los juzgados, y negando el auto nuevamente al justificar que no se había exhibido la libertad gravamen del inmueble embargado.