Por Gerardo Reynoso
Cancún enfrenta un declive propiciado por los excesos, en materia turística. Tras los anuncios de la construcción de nuevos cuartos hoteleros en la zona hotelera, las reacciones no se han hecho esperar.
“La situación es riesgosa. Estamos en un punto crítico porque si no identificamos el riesgo, el impacto va a ser muy costoso”, indicó el vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Abelardo Vara Rivera.
El contexto de crecimiento exponencial ha sido tema recurrente durante los últimos seis años. Por ejemplo, en una entrevista que concedió durante un encuentro de biólogos celebrado hace unos días en la Universidad del Caribe (Unicaribe), de Cancún, Ana Lorena Gudiño Valdez, asesora nacional del proyecto “Adaptur” de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo (GIZ), consideró que es necesario que el sector turístico identifique el riesgo y la vulnerabilidad del negocio respecto a los impactos de la naturaleza, como es el caso de los fenómenos meteorológicos.
Admitió que no es fácil sensibilizar al sector empresarial, mucho menos para financiar y desarrollar medidas de mitigación; pero que poco a poco hay mayor conciencia o por lo menos ya conocen del tema.
Cabe recordar que en 2005 después del “cuenta cuartos” que fue asignado a la Universidad Del Caribe dio como resultado que Cancún tenía poco más de 29 mil cuartos de hotel, pero aplicando una fórmula de conversión de condominios el resultado era 36 mil en números cerrados.
En aquel momento la situación terminó en polémica. Debido a que el Programa de Ordenamiento Ecológico, POEL, sobrepasaba en mucho la planeación original de los 30 mil cuartos en el destino.
El hecho fue más allá y tenía muchos tintes cuestionables. Recién salió de su gobierno, el entonces presidente municipal Julián Ricalde Magaña, apareció un PDU (nuevo nombre del POEL) Programa de Desarrollo Urbano, que aprobaba 64 mil cuartos en la zona hotelera.
Ahí se armó de nueva cuenta un escándalo, se revocó el PDU y de inmediato el cabildo del gobierno en turno (Paul Carrillo), pretendió aprobar otro, que pasaba de 64 mil a 46 mil cuartos de hotel.
El desorden y la corrupción que privó en los gobiernos de Julián Ricalde Magaña y Paul Carrillo, originó que, debido a inconsistencias y a los amparos promovidos por particulares, en contra de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Cancún 2013-2030 (PDU), su aplicación fue suspendida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Quintana Roo (Seduvi), pese a que dicho instrumento de planeación ya había sido publicado en el Periódico Oficial del Estado.
La elaboración de la actualización del PDU 2013-2030, que sustituyó a la de 2005, fue conducida por el Instituto Municipal de Planeación (Implan), a cargo de su entonces director, Eduardo Ortiz Jasso, y aprobada en sesión de Cabildo, durante el último tramo de la administración del ahora expresidente municipal Julián Ricalde Magaña.
La actuación de Ortiz Jasso al frente del Instituto fue investigada oficialmente por el gobierno municipal a cargo del alcalde Paul Carrillo, administración que aprobó la conformación de una comisión encargada del tema. La investigación concluyó con la inhabilitación de Ortiz Jasso, quien hoy es actualmente titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos del gobierno del estado.
La Comisión detectó que a través del PDU, se aumentó el tope máximo de cuartos construibles en la zona hotelera de Cancún, pasando de 29 mil a 63 mil habitaciones, además de permitir que las edificaciones en la zona turística dupliquen su altura, lo que implica que podrán construirse hoteles y condominios de 40 pisos, cuando el límite anterior era de 20 niveles.
El nombre de Eduardo Ortiz Jasso es clave en toda la sobredensificación de la zona hotelera de Cancún. De acuerdo con la organización civil Somos Tus Ojos, Eduardo Ortiz Jasso es conocido por su trayectoria en el Instituto de Planeación Municipal (Implan) de Cancún, cargo que ocupó por ocho años, trascendiendo con su “experiencia” administraciones priístas y perredistas, y desde donde entregó sobredensificaciones a múltiples proyectos inmobiliarios y hoteleros.
Durante el gobierno del priísta Francisco Alor Quezada (2005-2008), Eduardo Ortiz instituyó desde el Implan una especie de “moche” oficial que se cobraba a cada desarrollador que presentaba un proyecto y que era analizado y “palomeado” por el Implan, tal y como lo documentó la que esto escribe luego de obtener copia de los dictámenes técnicos analizados por el Instituto que dirigía Ortiz Jasso.
El “moche” era un cobro que se establecía discrecionalmente desde el Implan y que debían pagar los desarrolladores, el cual supuestamente se destinaba a un “Fondo para la gestión y el fortalecimiento institucional”.
Ahora, como director de la Agepro, Ortiz Jasso se encarga de buscar inversionistas para realizar proyectos estratégicos en Quintana Roo, en algunos de estos el gobierno del estado dispondrá como capital de inversión de los predios propiedad del estado.
Actualmente Ortiz Jasso está a cargo de tres proyectos para Quintana Roo entre los que se encuentran la construcción una línea de tren que comunique Cancún con Tulum, un puente de ocho kilómetros sobre la Laguna Nichupté y un tren ligero elevado para la zona hotelera de Cancún.
De acuerdo al decreto creación de la Agepro, ésta debe operar con una junta de gobierno, encabezada por el gobernador y los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Oficialía Mayor y “tres ciudadanos”, pero hasta ahora no se ha integrado la misma, y se desconoce cómo se elegirá a los tres ciudadanos.
Cabe señalar que en cuanto al tema de sobredensificación, recientemente se anunció que la Semarnat autorizó la construcción de un megahotel de 3 mil habitaciones en la zona hotelera de Cancún.
Ante este proyecto, académicos y autoridades advierten que se localiza en un área de gran impacto ambiental y en una saturada zona hotelera, que padece contaminación de su laguna por descargas de drenaje, deficiente funcionamiento de su planta de tratamiento, saturación del servicio de red eléctrica y sanitaria, así como problemas de movilidad, por lo que edificarlo significaría un daño ambiental y económico para Cancún.