Turbio y oneroso contrato de Secoes

Por Miguel Ángel Fernández

CHETUMAL, 13 de noviembre.- Durante 2018, la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) pagó a una comercializadora la cantidad de 2 millones 274 mil pesos por el servicio de revisión de un contrato de arrendamiento de vehículos de la Oficialía Mayor, a pesar de tratarse de una dependencia que tiene el personal especializado para realizar este tipo de revisiones.

Además de que este oneroso gasto realizado por la Secoes contraviene el discurso de austeridad del gobierno estatal, que podría representar una irregularidad porque se dio por adjudicación directa a una empresa cuyo giro a simple vista no es compatible con labores de auditoría, porque no se trata de un despacho jurídico ni contable siquiera, sino de una comercializadora.

Esta es otra muestra de las irregularidades que se cometen en la dependencia a cargo de Rafael del Pozo Dergal, que además incumple las normas de transparencia, pues el documento del contrato para este servicio de revisión no fue subido al portal de la Secoes.

Es necesario mencionar que el contrato de este servicio se realizó por adjudicación directa de la Secoes y quedó registrado bajo número 923011964-N13-2018.

El concepto fue servicios de revisión al contrato de arrendamiento puro de vehículos de la Oficialía Mayor OM/DGA/DRM/DCP/LP/50/2017.

El pago del servicio fue de 2 millones 274 mil 829 pesos con 60 centavos, recursos estatales que fueron ejercidos por la Secoes durante el mes de junio de 2018.

Esta millonaria cantidad fue pagada a favor de una comercializadora que, según fuentes confiables, es de reciente creación, llamada Comercializadora Peñasco SA de CV, que por su simple nombre indica que no es un despacho jurídico ni siquiera contable o fiscal.

Además de esta irregularidad, el asunto se agrava si se toma en cuenta que la Contraloría es una dependencia que cuenta con el personal especializado para este tipo de tareas.

Cabe mencionar que Rafael del Pozo Dergal en el discurso manifiesta que la Secoes es la dependencia más transparente de Quintana Roo, pero no ha sabido informar sobre recursos destinados a despachos externos o empresas que tienen que ser contratadas para las investigaciones contables y asesorías legales.

Sobre estos contratos manifestó que en 2018 se destinaron alrededor de 30 millones de pesos, generando dudas de la veracidad, porque también ha declarado que no se realizan estos contratos y que el personal de la dependencia se encarga de todos esos trabajos.

Sin embargo, la existencia de este contrato para revisar el arrendamiento de vehículos realizado por la Oficialía Mayor muestra que no sólo existen estos contratos, sino que se realizan de manera irregular por la propia dependencia, que debe prevenir y evitar que se realicen actos de corrupción en la administración pública estatal.