Quintana Roo

De la Redacción

Sin avances continúa el caso de la desaparición del joven Maximiliano González Rojas, ocurrido en extrañas circunstancias la noche del pasado 27 de octubre en el bar Distrito Cavana de la ciudad de Cancún, en un hecho más que evidencia la poca efectividad de las autoridades ministeriales que llevan incluso, también la carga del expediente similar relacionado con el estudiante de Nuevo León, Sahir Alexis López, ocurrido en el mes de julio.

En el asunto de Maximiliano, lo único que han hecho las autoridades de la Fiscalía General de Justicia a cargo de Oscar Montes de Oca Rosales, es efectuar un cateo en un domicilio de la Supermanzana 74, sin emitir hasta el momento, mayor información al respecto.

El argumento de las autoridades policiales, es que este tipo de hechos ocurren en el interior de establecimientos que son de carácter privado que no está en sus manos poder resolver.

Sin embargo, dejan a un lado la responsabilidad y la facultad que tienen como autoridad para poder actuar en consecuencia, en base a la misma ley, para poder indagar de la mejor manera los hechos y poder aclararlos.

El pasado fin de semana, tras obtener una orden de cateo emitida por los Juzgados de Control y Tribunales de Justicia Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, en torno a la carpeta auxiliar 204/2019 por el delito de privación de la libertad personal, las autoridades ministeriales efectuaron una inspección en un domicilio de la Supermanzana 74.

Ahí, los agentes ministeriales y peritos revisaron el interior de la vivienda marcada con el número 518, en la calle Rangel, en el fraccionamiento Lombardo Toledano, sin que se haya dado a conocer de qué manera se encuentra relacionado el inmueble con la privación del joven de 18 años de edad.

El pasado lunes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, admitió que la autoridad difícilmente puede tener el control de los hechos que se dan al interior de bares o discotecas e, incluso, afirmó que algunos de ellos se han convertido en oficinas de los delincuentes.

No obstante, esto no evita que tras la denuncia de algún hecho delictivo, las autoridades puedan ejercer su facultad y actuar en consecuencia como es investigar y dar con la ubicación del agraviado, pero además, detener a los responsables para que sean sancionados conforme a la ley.