Quintana Roo

De la Redacción

 

Han transcurrido dos años desde que se registró la intervención y aseguramiento de las cajas de seguridad de la empresa Firts National Security de Cancún por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y hasta la fecha, varios “propietarios” no han reclamado sus pertenencias o no han podido acreditar su procedencia.

De hecho, las autoridades han considerado que muchos de los “dueños” sólo eran prestanombres o en algunos casos, tenían una identidad falsa porque dichas personas no han acudido a darle seguimiento a sus trámites.

“El tema de las cajas de seguridad, es una situación realmente completa que si bien, por un lado las autoridades encontraron indicios de que ahí gente vinculada al crimen organizado resguardaba pertenencias, también es cierto que muchos ciudadanos de buena fe tenían ahí objetos personales obtenidos de manera lícita”, comentó un litigante de la Barra de Abogados de Quintana Roo.

No obstante, apuntó que así como la autoridad tiene la obligación de probar su investigación, el dueño de cada caja tiene que cumplir también su parte de demostrar la procedencia de lo que ahí tiene.

Hasta estos momentos, las instalaciones de la empresa FSN localizada en uno de los locales de Plaza América sobre la avenida Cobá, casi a la entrada de la zona hotelera de Cancún, continúan aseguradas y bajo custodia de elementos de la Policía Federal adscritos a la Guardia Nacional.

Es importante recalcar que recientemente el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo resolvió en el juicio de amparo en revisión 557/2018, derivado del recurso de queja 326/2017 generado a su vez por el amparo indirecto 1459/2017 en contra del Juzgado Séptimo de Distrito, que dicho cateo y el aseguramiento del inmueble donde operaba la empresa, fue legal.

Sin embargo, también acordó modificar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio de amparo, negar y conceder el amparo solicitado, así como fijar los efectos de la protección constitucional, cuyos términos legales establecen que las cosas continuarán como están y mientras tanto, los afectados podrán seguir tramitando lo conducente ante el Ministerio Público Federal que es quien lleva la investigación que arrojó que la delincuencia organizada también utilizaba las cajas de seguridad del First National Security de Cancún.