Acallados por años

De la Redacción

Las acusaciones hechas por el excomisario de la hoy extinta Policía Federal, Javier Herrera Valles, y publicadas puntualmente por los periódicos POR ESTO! , en contra de Genaro García Luna cuando era el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón fueron reforzadas en su momento por más de 600 policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), comandada también por García Luna, quienes acusaron que la supuesta “depuración” ordenada por Felipe Calderón fue hecha “al vapor”, a través del Centro de Control y Confianza, aplicando exámenes de manera “torpe y manipulada” que derivaron finalmente en procesos de destitución a sus cargos, y en un fracaso total en la llamada “lucha contra el narco”.

Tras la captura en Estados Unidos de Genaro García Luna han resurgido todos los señalamientos que desde hace varios años fueron hechos en su contra, acusándolo de actos de corrupción y de presuntos nexos con el narcotráfico; en especial, con el Cártel de Sinaloa.

Cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón, no sólo fue señalado por el ahora excomisario de la extinta Policía Federal, Javier Herrera Valles, sino que otras voces se sumaron en su momento y lanzaron acusaciones fuertes y directas en su contra.

Una de ellas fue la acusación que lanzaron más de 600 elementos de la también extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), que después se convirtió en la Policía Federal Ministerial, quienes aseguraron haber sido despedidos injustificadamente, pues la supuesta “depuración” ordenada por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, fue hecha al vapor, a través del Centro de Control y Confianza, aplicando exámenes de manera “torpe y manipulada”, que derivaron finalmente en procesos de destitución a sus cargos.

El diario POR ESTO! de Quintana Roo publicó en el mes de diciembre del 2011 un llamado a la opinión pública de los más de 600 elementos de la AFI que fueron destituidos; entre los que se incluyeron ministerios públicos, peritos técnicos y profesionales.

“(…) no podemos permitir que los intereses mezquinos del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y sus secuaces destruyan a la única policía que investiga y que se basa en métodos y procedimientos específicos, bajo un perfil profesional que garantiza eficiencia y eficacia en el combate a las estructuras delincuenciales, abatiendo la impunidad y coadyuvando en la procuración de justicia pronta y expedita”, señalaba así el escrito hecho público en ese entonces.

En ese momento, los inconformes aseguraron que la falsa depuración era en realidad una sucia artimaña, para dejar a gente de su confianza en puestos claves.

“Son las artimañas que Genaro García Luna y su equipo utilizan a través del titular de la Agencia Federal de Investigación, Vidal Diazleal Ochoa, para deshacerse de dicha Institución; que dicho sea de paso, este último fue cesado de la Policía Federal en el 2007 por no actuar oportunamente junto con otros seis mandos en un enfrentamiento en Cananea, Sonora, otorgando facilidades para que medio centenar de sicarios a bordo de un convoy de camionetas ostentosas transitaran sin ser detenidos, a través de 500 kilómetros por carreteras federales”.

El mismo escrito señaló que cuando Genaro García Luna fue nombrado titular de la Policía Federal, se llevaba consigo a su grupo de incondicionales, mismos que en ese momento se encontraban al frente de distintas direcciones de la AFI.

Entre ellos se encontraban Francisco Javier Garza Palacios, entonces coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, destituido por el escándalo de Cananea, Sonora y después restituido y nombrado agregado en Colombia; Edgar Millán, comisionado de la Policía Federal ejecutado y vinculado con el crimen organizado; Igor Labastida, director de investigaciones de la Policía Federal, ejecutado y vinculado con el crimen organizado; Víctor Gerardo Garay Cadena, comisionado interino de la Policía Federal, detenido por ligas al crimen organizado y violar a las mujeres detenidas en operativos (su jefe lo presumía, aludiendo que contaba con tres certificados de control de confianza); y Roberto Cruz Aguilar González, director operativo del Centro Operativo de Mando de la Policía Federal fue detenido en flagrancia, en posesión de armas de fuego y vehículos robados.

Los agentes destituidos aceptaron en ese momento que la llamada “Guerra contra el Crimen Organizado” orquestada por el gobierno federal, a través de Genaro García Luna, dejaba miles de muertos entre la población civil, policías, niños inocentes; víctimas de la mala estrategia implementada por Genaro García Luna -“enfermo de poder”- y que ordenaba detenciones arbitrarias y montajes mediáticos.

“Este señor miente, habla de miles de detenidos en lo que va de su gestión, pero no dice que más de dos terceras partes de ellos ya están libres, de nuevo en las calles, por falta de pruebas unos, otros por averiguaciones mal integradas. Su policía viola los derechos humanos, cientos de detenidos lo pueden manifestar, se roba los créditos en los golpes al narcotráfico que realiza el Ejército y otras corporaciones policíacas; golpizas brutales, desapariciones, vandalismo en los cateos y operativos”, aseguraron en ese entonces.

Señalaban también que la Policía Federal que comandaba Genaro García Luna estaba integrada por sujetos contratados en módulos improvisados en las estaciones del metro en la Ciudad de México, con papeles o sin ellos, con antecedentes penales, sin vocación; siendo una “policía del hambre”, capacitados en unos cuantos meses y lanzados a las calles como “carne de cañón”.

Y para rematar, los inconformes señalaron directamente al mismo presidente de la República Felipe Calderón, a Marisela Morales Ibáñez, -quien entonces era directora de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)- y Genaro García Luna, de cualquier atentado en su contra, de sus familias y de las asociaciones civiles que los apoyaban.

Muchos de esos elementos federales que fueron despedidos, a la postre fueron encarcelados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, tal y como ocurrió con el excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, por atreverse a denunciar directamente a Genaro García Luna, quien hoy enfrenta él mismo a la justicia estadounidense, señalado de sus vínculos con el crimen organizado.