Publicaron ley defectuosa

De la Redacción

CHETUMAL, 25 de diciembre.- Este año fue publicada y entró en vigor la polémica Ley de Protección y Bienestar Animal, con la que quedan prohibidas en Quintana Roo las corridas de toros, peleas de gallos y uso de caballos para carruajes turísticos.

A pesar del fuerte rechazo social en contra de la ley, por parte de los pueblos indígenas y de distintos sectores que pedían su modificación, así como las promesas del gobierno y de la XVI Legislatura de que iban a revisarla y modificarla, ésta finalmente se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 25 de noviembre de 2019, luego de que permaneciera “guardada” desde junio pasado, fecha en la que se aprobó por la anterior XV Legislatura.

Los diputados salientes realizaron una serie de consultas públicas en la Zona Maya de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, así como en Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, donde decenas de comunidades y miles de familias indígenas rechazaron tajantemente la Ley de Protección y Bienestar Animal. La idea era llevar estos foros a los once municipios del estado, pero todo quedó en mera simulación y se le dio “carpetazo” al asunto, pasando la responsabilidad a los diputados entrantes de la XVI Legislatura.

La Ley de Protección y Bienestar Animal se aprobó en sesión extraordinaria de la XV Legislatura el pasado 26 de junio, pero de último momento se le incluyó la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos en Quintana Roo, así como el uso de caballos para las calesas; lo cual afecta las tradiciones, costumbres y miles de empleos que giran en torno a estas actividades populares en más de 200 comunidades, especialmente de la Zona Maya, la más olvidada y con mayor pobreza de la entidad.

La polémica prohibición fue respaldada de manera irresponsable por un puñado de 12 diputados que dieron su voto a “ciegas” sin el análisis debido y sin siquiera consultar a las comunidades mayas y pueblos indígenas afectados, así como a otros sectores que también fueron perjudicados con este ordenamiento, como el de los caleseros de Cozumel, quienes perderán su trabajo porque también se prohibe el uso de caballos para carruajes turísticos.

La aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal generó la movilización e inconformidad de decenas de sectores y miles de familias afectadas, quienes organizaron múltiples marchas por la ciudad y plantones frente al Congreso y al Palacio de Gobierno, alzando la voz para pedir que se respeten las tradiciones y costumbres de más de 200 pueblos mayas y comunidades indígenas de Quintana Roo, pero también con la finalidad de proteger miles de fuentes de empleo que giran en torno a estas actividades.

Se unieron por la misma causa miles de familias de las comunidades mayas y pueblos indígenas, así como productores, ganaderos, criadores de aves de pelea, representantes ejidales, organizadores de fiestas patronales, toreros, palqueros, criadores de caballos, caleseros, comerciantes de alimentos, artesanos, dignatarios mayas, entre muchas otras personas que se dijeron decepcionados por las mentiras, traiciones y simulación de la pasada XV Legislatura.

Para calmar los ánimos de la gente, la pasada XV Legislatura montó una simulación con los foros de consulta sobre la Ley de Protección y Bienestar Animal, que únicamente se hicieron en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, pero posteriormente se interrumpieron y no rindieron frutos.

El gobierno de Quintana Roo hizo el compromiso de que la ley no se decretaría a través de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con lo cual entraría en vigor y aplicaría la polémica prohibición; en lugar de eso, anunció que la regresaría a la cancha del Congreso del Estado para una nueva valoración y posible modificación, lo cual quedaría en manos de las diputadas y diputados de la nueva XVI Legislatura. No obstante, el compromiso no se cumplió y la ley finalmente fue publicada el 25 de noviembre de este año.

Y es que por este motivo, en el marco de la instalación de la XVI Legislatura, se manifestaron los representantes de corridas de toros, carreras de caballos, peleas de gallos, entre otros, para solicitar que no se publique y sea modificada la Ley de Protección y Bienestar Animal.

Detrás de su publicación estuvieron las presiones políticas ejercidas por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Erick Miranda García, quien aprovechó su posición como presidente de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura para exigir al gobierno de Quintana Roo la emisión del documento.

Sin embargo, por estar hecha al vapor y por no establecer sanciones ni procedimientos claros, la Ley de Protección y Bienestar Animal ha quedado en letra muerta; prueba de ello es que se siguen haciendo las fiestas patronales, festejos y demás eventos que incluyen actividades taurinas y de peleas de gallos, tal y como ocurrió con el 30 Aniversario de la Plaza de Toros Cancún, que aunque en un principio se intentó clausurar, finalmente se llevó a cabo el pasado 21 de diciembre y fue todo un éxito.

De hecho, municipios como Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto se han dicho en favor de este tipo de costumbres y tradiciones, por lo que su postura es la de no impedir estos eventos y festejos en sus respectivas demarcaciones.

Los caleseros de Cozumel también preparan una “lluvia” de amparos en contra de la ley, pues con ella sólo tienen un plazo de 6 meses para retirar a los caballos de los carruajes, lo cual vence a finales de mayo de 2020.

No obstante, existe un nuevo compromiso de la XVI Legislatura para revisar y modificar el ordenamiento, en el cual supuestamente ya se trabaja con representantes taurinos, galleros, caleseros, dignatarios mayas y otros sectores relacionados.

Lo que se busca es derogar la prohibición a nivel estatal de las corridas de toros, peleas de gallos y uso de caballos para carruajes turísticos; para dejar la facultad a cada municipio y que éstos sean los encargados de supervisar y regular estas tradiciones y actividades populares.

Por considerar que se trata de una ley imperfecta que no fue consultada y que ni siquiera establece sanciones ni procedimientos claros, los nuevos legisladores coincidieron en que es necesario que se revise y modifique, pero sobre todo que se pueda derogar la prohibición estatal de las corridas de toros, peleas de gallos y uso de caballos para carruajes turísticos.

La propuesta es respetar los usos y costumbres de cada comunidad y no atentar con las fuentes de empleo que giran en torno a estas tradiciones y actividades, de manera que los municipios sean los encargados de su supervisión y reglamentación.