Por Gerardo Reynoso
Tras la consulta informativa realizada este fin de semana sobre el Tren Maya, el gobierno federal dio a conocer que, en el caso de Quintana Roo, la respuesta de las comunidades indígenas fue por demás positiva.
En este punto, la aprobación de la obra de los pueblos indígenas es, además de un requerimiento legal, una obligación para el gobierno de López Obrador, por ello, entre el viernes y sábado pasados se realizaron 15 asambleas informativas en los distintos puntos por donde transitará el tren, las cuales llevarán a las comunidades originarias a una encuesta el 15 de diciembre.
Así, más de 4 mil 200 autoridades y representantes indígenas de las comunidades de la Península de Yucatán acudieron a las Asambleas Regionales Informativas sobre el Tren Maya, para conocer la información y exponer sus propuestas a las diversas instituciones del Gobierno de México acerca de este proyecto estratégico.
En esta primera jornada, las comunidades del pueblo maya peninsular de Yucatán se congregaron en Dzitás, Chichimilá, Tunkás, Tixpehuál y Maxcanú, así como en Tenabo, Campeche, mientras que en Palenque, Chiapas, acudieron los pueblos ch’ol y tseltal.
Además en Tenosique, Tabasco; Calakmul, Escárcega y Champotón, en Campeche, y Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, de Quintana Roo.
La consulta fue instruida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reafirmando el compromiso de dar voz a los indígenas, desde la concepción de que son ellas y ellos los verdaderos dueños de México.
Las asambleas informativas sobre el Tren Maya expusieron los datos de este proyecto y su potencial, lo que permite a las comunidades indígenas obtener la información oficial, para que a través de sus instancias de toma de decisiones puedan adoptar una postura en la etapa consultiva.
Entre los principales planteamientos que mostraron en esta primera etapa, las autoridades y representantes indígenas hablaron sobre la forma en que se podrán integrar los pueblos y comunidades a los beneficios que se deriven de la posible construcción del Tren Maya.
También se expresaron por la defensa de los territorios y en favor del cuidado al medio ambiente, se expusieron las magnitudes del proyecto y los esquemas legales comunitarios para poder llevarlo a cabo.
La creación e implementación del proyecto de desarrollo Tren Maya se concibe con el objetivo principal de lograr el desarrollo integral del sureste de México y la Península de Yucatán, con apego al ordenamiento territorial, preservación del medio ambiente, desarrollo económico inclusivo, bienestar social, protección del patrimonio tangible e intangible y la identidad histórica de los pueblos de la región.
Las comunidades indígenas que habitan la zona de influencia del proyecto fueron escuchadas, con la finalidad de que se incorpore su visión de desarrollo y especificidad cultural al proyecto y se diseñen los mecanismos para su participación plena y efectiva, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios.
Con la finalidad de ofrendar y bendecir los trabajos para que las jornadas alcancen buenos resultados, las asambleas iniciaron sus trabajos con la realización de distintas ceremonias tradicionales a cargo de las autoridades de los pueblos indígenas reunidos.
Representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dieron a conocer durante las asambleas el protocolo de consulta, mediante materiales informativos sobre el proyecto, traducidos a la lengua materna.
Tras concluir la etapa informativa, se declara abierta la fase deliberativa, en la cual los representantes de las comunidades indígenas podrán llevar a cabo asambleas o reuniones con sus integrantes, a fin de reflexionar la información recibida y construir propuestas, sugerencias o planteamientos sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya.
De esta manera, ante la primera etapa concluida, la apuesta es que el gobierno pueda aportar el 70 por ciento o más del tren, y que lo demás se pague con deuda comprometida con los ingresos. “Eso lo decidirá Hacienda”, detalló el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.
De acuerdo con el director general de Fonatur, el planteamiento de que el 90 por ciento del costo fuera financiado por privados, los cuales recibirían una contraprestación del 10 por ciento cuando entregaran sus obras, preocupó al presidente López Obrador, pues el Ejecutivo busca evitar deudas que condicionen los siguientes sexenios.
“Al presidente le preocupó mucho y me dijo: ‘podemos aumentar la participación del Estado para no dejar tanto dinero comprometido en deuda’, explicó en entrevista el encargado de que el Tren Maya sea el megaproyecto que marque el sexenio.
En días anteriores, el presidente dio a conocer que el ferrocarril será financiado con los ‘ahorros’ producto del combate a la corrupción y la política de austeridad de su gobierno, que para este año sumaron 11 mil millones de pesos, apenas 7.5 por ciento de los recursos necesarios para concluir el proyecto ferroviario.
En contraparte, para el siguiente año, el Tren Maya tendrá una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2 mil 500 millones de pesos, una reducción del 51 por ciento en términos reales, en comparación con lo etiquetado para este año.
Una de las principales críticas contra el Tren Maya ha sido su viabilidad financiera en torno al costo-beneficio que supondrá la realización de este proyecto, si las comunidades indígenas deciden el 15 de diciembre dar su aprobación.