De la Redacción
CHETUMAL, 11 de febrero.- Este día se efectuó la audiencia de aportación de pruebas con relación al juicio en contra de la exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula G.C., acusada de peculado.
Se le imputa haber realizado una transferencia irregular desde la CAPA al Gobierno de Quintana Roo por un mil 55 millones de pesos, en diciembre de 2014.
En lo que ha sido el primer día de la aportación de pruebas y presentación de testigos, los cinco fiscales del Ministerio Público se vieron mal parados ante un solitario abogado defensor de la exdirectora de la CAPA.
Una y otra vez fueron objetadas las participaciones y argumentos de los fiscales, mientras que en su intento de arremeter contra el abogado Baldomero M.L., no justificaban sus intervenciones y eran rechazadas por el juez.
Dentro del desahogo de la audiencia se expuso que en diciembre de 2014 la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, mejor conocida como Aguakán, efectuó el pago por la extensión de su concesión en Isla Mujeres, Benito Juárez y la inclusión de Solidaridad hasta el año 2053 por un monto de un mil 55 millones 999 mil 962 pesos.
Sin embargo, el dinero que ingresó a la CAPA fue transferido el mismo día a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, lo que ha sido la justificación para que se procediera en contra de la entonces directora Paula G.C., al considerar que fue una transacción indebida que afectó el patrimonio del organismo.
Existen algunas incongruencias en este caso, siendo que aun cuando en el expediente no hay acusación alguna en el sentido que el dinero terminó en manos de la exdirectora, y se reconoce que la exorbitante cantidad de dinero fue transferida al gobierno del estado, es precisamente el estado que acusa a Paula G.C. de Peculado.
Además, de acuerdo con los argumentos de la defensa, aunque ha sido modificado en dos ocasiones el contrato de concesión en favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, el documento manifiesta que el titular del dinero es el gobierno del estado.
Sin embargo, la Fiscalía quiere imponer a la exdirectora una pena de 10 años de prisión, además de multas y la reparación del daño.
En total serán cinco testigos que aportarán pruebas contra la directora e incluso la Fiscalía tiene programado citar al titular de la Auditoría Superior del Estado, Manuel P.H.
Dentro de las primeras pruebas que aportaron los testigos fueron recibo finiquito, el contrato entre Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC SA de CV) y el gobierno del estado, el estado de cuenta del mes de diciembre de 2014 de la CAPA y la factura de la transacción, entre otros.
Incluso, el testigo Roque Miguel M.E. dio lectura al contrato firmado por Paul R. y Diego G. como representantes de DHC SA de CV y por Juan Pablo G. como titular de Sefiplan y Paula G.C. como titular de CAPA.
El último testigo que se presentó este día de nombre Luis Alfonso C.P. expuso que el 22 de diciembre del año 2016, recibió en la Dirección General de la CAPA un documento con número 15/2018 de la Fiscalía General del Estado, el cual estaba dirigido al director general.
El testigo aseveró que en ese momento se desempeñaba como apoderado legal y asesor jurídico de la CAPA, por lo que solicitó información a los departamentos y coordinaciones correspondientes.
La primera pregunta fue: ¿Cuáles son las facultades y funciones de la secretaría a su cargo?, siendo que la respuesta fue que la CAPA es un organismo desconcentrado, no una secretaría, sustentando su dicho en el artículo 19 y 33 de la ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, entre otros.
Posteriormente, pasó a la segunda pregunta que tenía el documento enviado por la FGE: ¿Durante el periodo del mes de diciembre del año 2014, qué funcionario tenía a su cargo la CAPA?, a lo que contestó que la directora general era Paula G.C., así como otras dos personas que se encontraban en cargos importantes, como Manuel M.L. y Alicia V.G.
Mientras que la tercera pregunta fue referente al periodo comprendido del 1 de diciembre al 31 del mismo mes, del año 2014; sin embargo, resultó inaudible.
Cuando el testigo finalizó su narración, los fiscales procedieron a realizarle preguntas, las cuales en su mayoría fueron objetadas por la defensa de Paula G.C., debido a que los cuestionamientos estaban formulados de forma equivocada; fue así como el juez le daba la razón a la defensa, hasta que agotados de tanto error, desistieron de realizar más preguntas.
El juez suspendió la audiencia aproximadamente a las 17:50 horas y programó su reanudación a las 10:00 horas de este martes.