Por Gerardo Reynoso
El cobro de derecho de piso y las extorsiones hacia el sector empresarial se han convertido en una amenaza muy peligrosa para el motor económico en Quintana Roo, ya que el delito ha crecido en los últimos cinco años, sin que exista un freno.
La amenaza radica en que se han cerrado negocios y se han perdido fuentes de empleo debido al problema de que el sector productivo está amenazado de manera constante por los altos índices delictivos.
Cifras de organismos empresariales sostienen que las extorsiones se han incrementado en un 200 por ciento en todo el corredor turístico de la zona norte, desde Cancún y Puerto Morelos hasta la Riviera Maya y Tulum.
“Es un problema muy grave”, sostuvo una de las fuentes consultadas por los diarios Por Esto!, “Nadie quiere hablar de esto de manera oficial pero tenemos muchos socios que han sido ya amenazados con la extorsión; muchos más que el año pasado, y por supuesto que hay mucho miedo y preocupación”.
Desde hace cinco años la extorsión en la zona norte de Quintana Roo forma parte del catálogo de delitos de alto impacto que se han enraizado en los principales destinos turísticos de la entidad.
El problema radica en que cada año la extorsión aumenta con gran magnitud. Hasta el 2016 el sector empresarial sostenía que las extorsiones eran para bares, centros nocturnos y discotecas.
La teoría era que cualquier negocio relacionado con actividades nocturnas estaba expuesto a un delito que es demasiado silencioso, y que muy difícilmente genera una denuncia ante las autoridades.
Conforme han transcurrido los años, esta teoría se ha desvanecido. Al sol de hoy, al igual que las acciones de los tres niveles de gobierno para contener la inseguridad, cada día son más sectores los que son atacados mediante la extorsión y sobre todo ahora son afectados cualquier tipo de negocio.
Por ejemplo, el sector de la construcción ya alzó la voz en torno a cómo la delincuencia organizada se ha incrustado hasta los cimientos de proyectos turísticos, condominales y residenciales.
Asimismo, en Cancún, ciudadanos, empresarios y organizaciones civiles han confirmado y optado por el encierro voluntario, ante la violencia y los asesinatos registrados en plazas comerciales, vía pública, transportes públicos, fraccionamientos, bares y restaurantes, playas, colonias, tiendas de conveniencia, supermercados y hasta afuera de escuelas, en una espiral que se ha recrudecido en dos años y que no para.
Lamentablemente, en ese contexto vive Quintana Roo: han aumentado los asaltos a casas habitación, a negocios y las extorsiones de grupos o bandas criminales, incluso alcanzan hasta los vendedores ambulantes.
Cifras alarmantes
En el análisis del índice GLAC a nivel nacional, se encontró que la disminución en el dinamismo de la actividad económica provoca una contracción en la oferta de trabajo; si bien la falta de empleo por sí sola no determina la generación de conductas delictivas, sí puede colocar a las personas desempleadas y volverlas vulnerables para incorporarse a alguna fase del delito, incluido el de extorsión.
En ese sentido, la relación delincuencia-desempleo registró su punto más alto en 2014 en Quintana Roo, con 17.68 extorsiones por cada 100 mil habitantes y 4.93 por ciento de la población económicamente activa desempleada; en contraste, en 2016 los valores pasaron a 2.65 extorsiones por cada 100 mil habitantes y 3.21 por ciento de desempleo.
Al 2018, las extorsiones ya se ubicaron en 5.74 por ciento por cada cien mil habitantes, lo cual es un incremento totalmente desproporcional a lo que ocurría durante años anteriores
En Quintana Roo, refiere el índice GLAC, en los últimos dos años se ha registrado un incremento en la incidencia delictiva, particularmente en los delitos del fuero común, entre los que destacan la trata y tráfico de personas, la extorsión y el denominado “cobro de piso”, además de los de concurrencia local y federal, como la compra-venta de droga.
A nivel nacional, en 2017 la correlación entre el delito de extorsión y el desempleo fue de 0.22 (asociación baja), con una media de 4.81 extorsiones por cada 100 mil habitantes y 3.39 por ciento de población económicamente activa que no cuenta con un empleo. Es decir, en las demás entidades del país el delito de extorsión no se incrementó junto con el desempleo, sino que se asoció a otros factores.
La variable de extorsión reportada por Quintana Roo en el mismo año fue superior a la media nacional, mientras que la referente al desempleo fue menor.
Entre enero y agosto de 2018, el estado registró un valor acumulado de 5.74 extorsiones por cada 100 mil habitantes, así como un 2.62 por ciento de desempleo.
Además del reto que representa la asociación de la extorsión y el desempleo, Quintana Roo enfrenta una compleja problemática en materia de seguridad vinculada con la violencia, que se agudizó tras algunas manifestaciones de protesta por la impunidad, particularmente asociada al homicidio doloso.
De esta manera, los cobros por derecho de piso del crimen organizado hacia los comerciantes y empresarios de Cancún y Riviera Maya, desde los más pequeños hasta los de índole turística, se han extendido por todo el Caribe mexicano y actualmente, no hay negocio que esté a salvo de las extorsiones.
En su extracción de rentas sociales para el sostenimiento de sus actividades delictivas, las organizaciones criminales han cubierto prácticamente a todos los sectores productivos de la ciudad, de acuerdo con los organismos empresariales.