Ambición insaciable

Por Luis Enrique Tuz

CHETUMAL, 22 de febrero.- La voracidad del director ejecutivo del Consorcio Chiclero, Manuel Aldrete Terrazas, no tiene límites, pues no le basta con explotar a los chicleros del sur de Quintana Roo con pagos miserables de 80 pesos el kilo de la resina del chicozapote y sin prestaciones sociales, ahora con prácticas legaloides pretende adueñarse de un predio de 9.5 hectáreas de los ejidatarios de Santa Elena, en donde hace años se tuvo un vivero forestal operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aldrete Terrazas, utilizando en Europa el gancho de haber recuperado la dignidad de los productores chicleros mayas, también se aprovecha de eso, y confabulando con autoridades estatales ha tratado de apropiarse de predios de ejidatarios.

El caso más reciente que se encuentra en litigio es un predio de 9.5 hectáreas en el ejido Santa Elena, Othón P. Blanco, y pese a que es un predio del núcleo ejidal, la desaparecida instancia de gobierno Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena (Sedari) se la cedió a una cooperativa encabezada por Manuel Aldrete Terrazas antes de la constitución de Chicza, y ahora el terreno se encuentra en disputa en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 44.

Los ejidatarios de Santa Elena, con documentos en mano, informaron que el predio que les intenta quitar el Consorcio Chiclero, productor de la marca Chicza, es de su propiedad y tiene 9.5 hectáreas, además de que forma parte de la ampliación del núcleo agrario.

Primeramente, durante varios años se lo entregaron en comodato a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que trabajen en el programa nacional de reforestación, con lo cual todo marchó bien y sin problemas.

Sin embargo, la Sedena le envió un documento a la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio número 14033 de fecha 22 de febrero de 2003, en el que se desistían de la expropiación de las 9-50-82-44 hectáreas de terrenos ejidales.

El 14 de diciembre de ese año, el representante estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria, David José Lizama Vado, envió un oficio en donde se indica que el predio le sea entregado al comisario ejidal de Santa Elena.

Sin embargo, el 23 de febrero de 2006, el extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, Rafael León Negrete, se lo entregó a la Federación de Cooperativas de Quintana Roo F. C. L., representada por Manuel Aldrete Terrazas, sin que se exprese en el acto en qué momento dicho terreno salió del domino del ejido.

El mismo día, para cerrar un círculo de complicidad, la Federación de Cooperativas de Quintana Roo F. C. L., ostentándose como propietaria del predio ejidal en litigio, lo cedió en comodato a la misma Sedari, para la realización de proyectos en materia forestal del estado.

En las cláusulas indica que la Federación de Cooperativas conviene en otorgar en comodato el inmueble situado en el kilómetro 14 de la carretera Chetumal-Bacalar denominado vivero forestal Othón P. Blanco en las inmediaciones del poblado de Huay-Pix, municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, contando con naves industriales, bodegas, y los elementos técnicos necesarios para la realización de proyectos productivos alternos en materia de reforestería efectúa la Sedari.

La Federación de Cooperativas de Quintana Roo se fusionó en 2006 con la Unión de Productores de Chicle Natural, Plan Piloto Chiclero S. P. R, para conformar el Consorcio Chiclero, el cual produce la goma de mascar Chicza, que se comercializa en Europa con base en la explotación del trabajo de los productores de la selva maya, y continúa ocupando las tierras del exvivero de la Sedena en contra de los derechos del ejido Santa Elena.

El comisario ejidal de Santa Elena, Reinaldo Blanco Baeza, señaló que el consorcio Chiclero pretende adueñarse de un predio del ejido de 9.5 hectáreas, el cual se encuentra en la comunidad de Huay-Pix.

Señaló que el antecedente de ese predio que hoy está en litigio entre el Consorcio Chiclero y el ejido, fue que primeramente lo utilizaba la Sedena como vivero; posteriormente se lo entregó al comisario ejidal, luego de que se desistió de expropiarlo en 2003.

Blanco Baeza señaló que como el predio es propiedad del ejido, el gobierno del estado se lo solicitó para continuar con un programa de reforestación, pero luego se lo entregó al Consorcio Chiclero.

“El Consorcio Chiclero de manera ilegal se pretende apropiar de nuestros terrenos que son cerca de las 10 hectáreas, pero al observar este procedimiento el comisario en turno acudió al Consorcio Chiclero para que se los entregue o se firme un convenio de arrendamiento, pero tampoco llegamos a un acuerdo en el año 2014”, expuso.

“Entonces fue cuando el ejido inicia un proceso de demanda en el Tribunal Unitario del Distrito 44 contra el Consorcio Chiclero con número de expediente 443/2014, porque las casi 10 hectáreas son del ejido.

Lo último que sabemos es que el 23 de octubre de 2018 el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 solicitó varios informes al Registro Agrario Nacional (RAN) para que salga la sentencia.

Sin embargo, como hemos visto que se ha tardado el caso del expediente contra el Consorcio Chiclero, le estamos solicitando a Edgar Eduardo Aguirre González, Magistrado del TUA del Distrito 44, que emita la sentencia”.

El comisario ejidal señaló que el Consorcio Chiclero intenta de mala manera fundamentar que esas tierras pertenecían a una propiedad que es del parque industrial.

Además señalan que esa propiedad es del gobierno del estado que les entregó para que desarrollen programas de reforestería.

Blanco Baeza destacó que los ejidatarios quieren recuperar el terreno de buena manera, porque es de su propiedad y ya tienen proyectos que desarrollar, puesto que también quieren participar en el proyecto del Tren Maya, o sea, destinar unas tierras para los talleres.

Finalmente, señaló que cuenta con toda la documentación para comprobar que son tierras ejidales y que de mala manera y abusiva Manuel Aldrete Terrazas pretende quedarse con las tierras, pero que la ley les dará la razón y será en breve.

El director ejecutivo del Consorcio Chiclero Manuel Aldrete Terrazas explota y margina a los chicleros mayas de Quintana Roo, mientras que él y su grupo se dan una vida de opulencia y con viajes al extranjero para vender la farsa el haber “recuperado” la dignidad de los productores mayas.

Los diarios POR ESTO! publicaron ampliamente que las familias del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, Quintana Roo que viven de la recolección del chicle en la selva del estado continúan en el olvido institucional y sometidas a las leyes del mercado internacional, basadas en la explotación y en la pobreza, como a principios del siglo XX, cuando la actividad chiclera se extendió de Campeche a estas tierras.

Mientras la resina extraída de los elevados árboles de chicozapote se comercializa como chicle orgánico en los mercados europeos y asiáticos, la llamada sustentabilidad de este producto sigue alejada de los indígenas mayas que lo recolectan, quienes carecen de seguridad social, incluso de la posibilidad de poder vender el chicle libremente en el mercado, antes eran víctimas de intermediarios, ahora “el consorcio chiclero” monopoliza la compra.

La empresa Chicza, que trabaja en los estados de Campeche y Quintana Roo, es la que monopoliza la compra de chicle, al menos en comunidades mayas de Quintana Roo.

En la temporada 2018-2019 pagó el kilo de chicle a 80 pesos, pero en Alemania un paquete de 30 gramos de chicle de Quintana Roo se vende a dos euros. Al tipo de cambio del 13 de febrero de 2019, los dos euros representan 43 pesos mexicanos con 47 centavos.

De 999 gramos de chicle comprado a los recolectores de Quintana Roo, Chicza produce 33 paquetes de 30 gramos, obteniéndose a la venta 66 euros, es decir un mil 438 pesos mexicanos, mientras que al productor, por mil gramos, sólo le pagan 80 pesos.

Sin embargo, Chicza a cada productor le hace una retención por cada kilo para conformar un fondo solidario de previsión social, pero muchos de los chicleros no saben en qué consiste, o al menos no han tenido acceso a ese fondo.

Marcelo Cituk May, Pedro Collí, Rodrigo Collí, denunciaron que se dedican a la recolección de la resina del chicozapote en Quintana Roo, pero carecen de los servicios médicos y de otros derechos de la seguridad social, por lo que le piden al gobierno que los ayude para acabar con el monopolio del Consorcio Chiclero que ejecuta el director ejecutivo Manuel Aldrete Terrazas.

La denuncia hizo eco en Caobas, municipio de Othón P. Blanco, en donde el presidente de la Cooperativa Chiclera de Caobas, Arsenio Martín y Castillo, acompañado de un grupo de chicleros retirados denunció que Manuel Aldrete Terrazas, no sólo explota a los productores pagándoles la miseria de 80 pesos por kilo, sino también maneja la empresa de manera autoritaria, porque nunca les da la palabra en la asamblea; tiene a su hijo laborando en Chicza y con buen sueldo; les ha desaparecido tres millones de pesos que destinó el gobierno federal para pisos firmes; y también los tiene amenazados con meterlos a la cárcel en caso de pérdida o merma en la producción del látex de chicozapote.

Esto ocurre a pesar de la publicidad que difunde la empresa para apuntalar en Europa la marca Chicza, cuya comercialización se basa en el uso de la imagen de los productores mayas como gancho, diciendo que se les trata con un esquema de “comercio justo”.

Con estas denuncias, los verdaderos chicleros desnudaron que el Consorcio Chiclero, productor de Chicza, vende una farsa publicitaria en el extranjero; mientras que en el mercado extranjero presume haber recuperado la dignidad de los chicleros mayas, la realidad es que los sigue marginando y explotando pagándoles una miseria por su trabajo sin que tengan ningún tipo de prestación.