Especuladores fomentan invasiones

De la Redacción

CHETUMAL, 22 de febrero.- Un auténtico obstáculo al desarrollo de Bacalar son los crecientes problemas de invasiones y despojos en terrenos que son de alta plusvalía. La situación se ha incrementado en los últimos meses, tras conocerse que el Tren Maya pasará por Bacalar.

Para diversos habitantes, empresarios y representantes de asociaciones, es preocupante el caso de las invasiones, siendo que no debe prevalecer la anarquía, impunidad e inseguridad en el sur de Quintana Roo.

Consideran que se requiere orden y justicia para poder otorgar las condiciones para el desarrollo que requiere Bacalar, pues en los últimos meses se han registrado diversos conflictos por despojos e invasiones violentas con personas armadas, así como lentitud de las autoridades de justicia para restituirle a los afectados los predios que les han sido despojados.

Cabe recordar que desde el año pasado, Linda Argáez Calderón, presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, advirtió que la especulación inmobiliaria, invasión de terrenos y carencia de servicios públicos, son los riesgos inmediatos que enfrentaría Bacalar, ante el próximo inicio de las obras del Tren Maya.

Señaló que “se están registrando intentos de invasiones amparados con documentos apócrifos, sin valor legal, que están provocando litigios en tribunales y la angustia entre los verdaderos propietarios de esos terrenos. De no actuar las autoridades, estos escenarios se van a intensificar en los próximos meses, ante la evidente plusvalía que ya están registrando los terrenos aledaños a la ruta del Tren Maya”.

No obstante, las autoridades no han actuado con contundencia, siendo que hay diversos casos como la invasión de ejidatarios a terrenos de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro).

La invasión con un equipo armado que se registró en un terreno de Gustavo Rodríguez Elizarrarás, quien a su vez funge como el presidente de la asociación Selva y Laguna Bacalar, AC, que afortunadamente ya se resolvió en favor del propietario, sólo es la punta del iceberg de los problema con la tenencia de la tierra en Bacalar.

Lo anterior porque la impunidad envuelve procesos penales en los que se involucra a funcionarios estatales, siendo que aun cuando son claramente mencionados de estar relacionados con presuntos delitos de despojo, no han sido citados para comparecer.

Tal es el caso de Francisco Atondo Machado, funcionario de la Sedarpe, señalado por testigos de formar parte de fraudes inmobiliarios que dañan la imagen de Bacalar y generan perjuicios a legítimos propietarios.

Cabe mencionar que el pasado 9 de octubre, un juez de control oral penal, con sede en la ciudad de Chetumal, ordenó el cateo para realizarse en el predio ubicado en la Avenida 5 número 1219, del municipio de Bacalar, el cual tenía como finalidad realizar pruebas periciales de inspección, agrimensura y entrevista con la persona que habían dejado en el lugar, esto como parte de la investigación complementaria que se realiza en la carpeta de investigación FGE/QR/BAC/ATP/09/634/2017, iniciada por el delito de despojo.

Las diligencias realizadas en el cateo judicial fueron apoyadas por la Policía Municipal y la Policía Ministerial, está última encargada del caso, la cual al rendir sus informes, ha confirmado que el predio en conflicto es propiedad del agraviado, las cosas que estaban en su interior fueron sustraídas y la pequeña palapa está siendo desmantelada, así mismo que el ofendido contaba con la posesión y el dominio pleno sobre el inmueble, que hasta este momento no ha podido recuperar.

Lo grave es que hay señalamientos de que hay más casos de este tipo en Bacalar, pues en la misma calle donde se encuentra el predio en conflicto, se documentaron situaciones similares que la parte afectada analiza dar a conocer a medios nacionales, ante el omiso actuar de las autoridades estatales.

Lo mismo está ocurriendo

en Xul-Ha

En el caso de Xul-Ha, ejidatarios de Juan Sarabia solicitarán al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tome cartas en el asunto, ante los despojos, saqueo de los recursos y reparto del patrimonio, que realiza la directiva encabezada por Ernesto Haro.

En recientes días fueron denunciados daños ecológicos en un predio ubicado a la orilla de la carretera Chetumal-Cancún, a la altura del kilómetro 19.

Hasta el momento prevalece la impunidad en este caso, en el que se han cometido diversos hechos constitutivos de delito, y que parecen estar protegidos por las autoridades, al estar involucrados lideres ejidales.

Zacnicte Rangel Torres ha interpuesto quejas ante la PPA, Profepa y la Conafor, por delitos ambientales que cometen en su predio personas que lo han despojado en contubernio con la directiva ejidal de Juan Sarabia.

Lo anterior porque con maquinaria pesada fueron derribados árboles de un extenso predio ubicado en el kilómetro 19.5 de la carretera federal Chetumal-Cancún.

El terreno se caracterizaba por ser uno de los sitios que conservaba árboles protegidos por las autoridades ambientales; sin embargo, con total impunidad permanece la devastación.

De ahí que los pobladores de Xul-Ha manifiestan que en su ambición, Ernesto Haro se ha apoderado de predios, no le importa cometer delitos ambientales, despojos y arbitrariedades, a tal grado de asignarlos a sus familiares.

Los comuneros también acusan al representante del ejido de emplear de manera discrecional los ingresos de los comuneros, y no les reparte de las utilidades a quienes piensan diferente a él, o han promovido acciones ante sus irregularidades.

Además de ello, en el último procedimiento para parcelar tierras, el comisario ejidal asignó alrededor de 50 de éstas para su familia. El titular del Despacho Agrario, Martín Sánchez Manjarrez, se estaría quedando con más de 20 parcelas y terrenos, como parte de la complicidad e ilegalidad que rodea este robo sobre el patrimonio de los campesinos.

El representante ejidal como no puede asignarse personalmente las parcelas, a espaldas de los comuneros repartió alrededor de 50 entre sus familiares, las de su esposa, e incluso 11 parcelas están a nombre de su hijo menor de edad, comprendiendo a todas luces un acto ilegal.

El premio para el despacho cómplice de Martín Sánchez Manjarrez por hacer estos trámites fuera de toda norma, será de más de 20 parcelas y predios a su nombre.

En el parcelamiento también queda en evidencia que mientras a la mayoría de los ejidatarios les entregaron parcelas de poco más de 200 metros cuadrados, a los allegados fueron de más de 300 metros, y para sus amigos cómplices de la directiva y del Consejo de Vigilancia hay parcelas de 2 mil, 3 mil y 4 mil metros cuadrados.

Lo anterior es un auténtico fraude, porque además se detectó que los predios asignados no corresponden con el sorteo que se hizo al momento de promover el parcelamiento. Además hay ejidatarios que pagaron por el parcelamiento y ahora quedaron fuera del reparto por decisión del comisario.