De la Redacción
El caso Malecón Tajamar ha dividido a todos en Cancún. Por un lado se encuentran grupos ecologistas que, a pesar de trabajar para un despacho como el JFK, se declaran “independientes y salvadores” de una zona que ya se encontraba devastada –y pavimentada– cuando comenzó el conflicto legal hace tres años.
Por el otro se encuentra un grupo de empresarios que buscan aprovecharlo, o por lo menos la recuperación de inversión por parte del gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, tras haber adquirido los predios que según el contrato con la paraestatal, estaban listos para desarrollar proyectos turísticos.
En un núcleo aparte, se encuentran las autoridades –municipales y estatales– que no han encontrado la manera de establecer y formar parte de una solución integral en el caso de Malecón Tajamar, donde las versiones van desde el secuestro del área por parte de grupos pseudoecologistas y llegan hasta la devastación irracional del progreso que señala al sector empresarial.
Sin embargo, la realidad no se encuentra dentro de ninguna de esas líneas o versiones. Hoy en día Malecón Tajamar se encuentra en abandono y deterioro, puesto que la zona que fue considerada como uno de los lugares más hermosos de Cancún presenta actualmente un panorama de desolación.
Mientras esto sucede, se espera el fallo final de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), en donde sea cual fuere el dictamen, se generará un impacto negativo en todos los sentidos.
Lo anterior se debe a que los escenarios ya están planteados con todo y sus consecuencias. Por ejemplo, el primer escenario es a favor de los grupos que se pronunciaron en contra del desarrollo.
En este punto, la cancelación de un proyecto dejaría en problemas económicos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues tendría que devolver el monto de inversiones que se pagó hace dos administraciones federales, con los intereses.
Además, si bien es cierto que se manejaría un “discurso ambientalista” de triunfo para el medio ambiente, la realidad también indicaría que no se respetó el estado de derecho en cuanto a protección de inversiones, cuando en teoría y documentos se tenía todo bajo el reglamento de ley vigente.
El otro escenario es también fatídico, puesto que de darse la resolución a favor de los inversionistas, todos aquellos que estuvieron en contra podrían “armar” acciones para desacreditar el dictamen, auspiciados por el despacho JFK propiedad del exalcalde de Cancún Julián Ricalde Magaña y su secretario particular Karim de la Rosa, que saben hacerlo.
Dentro de los núcleos ecologistas, se sabe que Katerin Ender –quien se ha autoproclamado como dueña y salvadora de Tajamar–, trabaja con este despacho para conseguir los amparos que tienen frenado el proyecto.
Así que sea cualquiera de los dos escenarios, la realidad es que con Malecón Tajamar ya perdieron mucho los cancunenses. Sin importar estatus social, el proyecto que era considerado como lo más innovador para el principal destino turístico del país, ahora se ha convertido en una pesadilla para todos.
La realidad y lo que sigue
Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente emitió un fallo sobre Malecón Tajamar, ordenando reponer el amparo que había sido interpuesto a nombre de 113 niños que pedían cancelar el desmonte de vegetación en las 52 hectáreas que comprenden el Malecón, alegando su derecho a un medio ambiente sano.
Dicho amparo fue admitido originalmente, pero condicionado al pago de una fianza de 21 millones de pesos para resarcir a terceros interesados en el asunto, en este caso, los dueños de los terrenos adquiridos al interior del complejo.
Tras diversos recursos de revisión, finalmente el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Cancún, decidió sobreseer el amparo, concluyendo que los niños carecían de interés legítimo en el caso, ante lo cual se pidió que la SCJN atrajera el asunto.
El fallo de la Corte fue reponer desde un inicio todo el procedimiento, ya que detectó que el juez había omitido tomar en cuenta el “interés supremo de la niñez” y su derecho a un medio ambiente sano, además de que bastaba con solicitar un comprobante de los menores para acreditar su interés legítimo en la devastación de vegetación que supondría la construcción de edificios de oficinas, condominios y hoteles en Malecón Tajamar.
Por su parte, Fonatur analiza con detenimiento el caso para intentar darle solución, ya que a nadie le conviene mantener así estos terrenos, porque generan mala imagen y se envía una mala señal a los inversionistas.
El punto de partida que reconoce el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que hasta el momento el proyecto contaba con los permisos en regla cuando estalló el conflicto y a partir de entonces los fallos judiciales echaban para atrás esos permisos “de manera retroactiva”, algo insólito.
Además, Fonatur con la nueva administración federal, dio a conocer que no tendrá trato directo con los grupos ambientalistas durante el sexenio. Se creará un grupo académico con las más prestigiadas universidades del país para que sean los interlocutores del gobierno federal en cualquier situación de índole ambiental.