De la Redacción
CHETUMAL, 19 de marzo.- El Gobierno de Yucatán proyecta invertir 2 mil millones de pesos para 3 mil 500 cámaras de vigilancia, mientras que en Quintana Roo se mantiene el retraso en la instalación de un mil 800 cámaras de vigilancia, cuya inversión aprobada fue por 2 mil 900 millones de pesos.
Estas diferencias no pasaron desapercibidas para los quintanarroenses, pues generarán dudas en la ciudadanía y en el sector empresarial, sobre el ejercicio de los recursos públicos en la entidad.
Sobre todo en el marco de la narcomanta que amenaza a los empresarios de Chetumal, donde la iniciativa privada ha señalado una desatención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Si bien, recientemente se abrió una caseta de seguridad a la entrada de la capital, la cual funciona como cualquier retén policíaco, pues aún no está totalmente equipada.
La situación no es la mejor en materia de seguridad para el sector empresarial y la ciudadanía, con noticias de ejecuciones constantes, lo que causa malestar ante la información de otros estados, en donde se muestra que se hacen más acciones con menos recursos.
Y es que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, dio cuenta con un proyecto de videovigilancia, que muestra mayor cantidad de cámaras por un menor recurso, en comparación con el contrato de arrendamiento de cámaras del Gobierno de Quintana Roo.
“Contamos con alrededor de 2 mil cámaras de videovigilancia que hoy son una gran fortaleza. Tenemos que seguir avanzando, por eso tenemos un proyecto que contempla adquirir 3,500 cámaras más, lo que significaría una inversión de 2,000 millones de pesos y no podemos esperar a que todo venga del gobierno federal”, expresó Mauricio Vila, gobernador del vecino estado.
En tanto, en Quintana Roo, hasta el momento no se han instalado ni la mitad de las un mil 800 cámaras de videovigilancia en Cancún.
Lo anterior fue reconocido por el propio secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra.
Han pasado 10 meses desde que la XV Legislatura del Congreso del Estado por la vía “fast-track” aceptó, dictaminó y aprobó la autorización para que se contrate un arrendamiento puro de hasta 2 mil 900 millones de pesos, para adquirir herramientas tecnológicas que sólo se aplicarán para la ciudad de Cancún.
A pesar del enorme monto financiero, el proyecto principalmente incluye la instalación de tres arcos de acceso en Cancún y 450 puntos de monitoreo en la misma ciudad. Cada punto de monitoreo inteligente tendrá una cámara PTZ, 3 cámaras fijas y botón de pánico instalado en un poste metálico de 9 metros de altura.
Hasta el momento no se han instalado ni la mitad de las cámaras de videovigilancia, mientras que se mantienen delitos de alto impacto en Cancún.
El propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública reconoció que la semana pasada rondaba en 760 las instaladas.
De tal forma, mientras el avance de la instalación de las cámaras va lento, el gobierno del estado paga 39 millones de pesos mensuales.
Es necesario recordar que desde que se promovió el año pasado este sistema de videovigilancia, nunca se expuso qué resultados han tenido en disminución de la incidencia delictiva estos sistemas en otras entidades donde se han colocado.
No se puede dejar de mencionar que este caso también mostró cómo se ha conducido la XV Legislatura, siendo que el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, ordenó que se sustituya el Dictamen por el cual se aprobó el arrendamiento de 2 mil 900 millones de pesos de tecnologías aplicadas a la seguridad en el municipio Benito Juárez, por uno alterado cinco días después de su aprobación en el Pleno.
El asunto quedó impune aun cuando se demostró que el dictamen original estaba fundamentado en una ley abrogada por la misma XV Legislatura.
Sin embargo, el documento que actualmente aparece en el portal del Poder Legislativo, referente al mismo dictamen, presenta cambios evidentes que dejan al descubierto una alteración para tratar de tapar la grave falta que cometieron los diputados, por su apresuramiento para aprobar lo antes posible este endeudamiento disfrazado de arrendamiento.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, después de formar parte del grupo de diputados electos que tomaron el Congreso del Estado en 2016, para impedir lo que señalaron esas irregularidades de la administración estatal pasada, ha mostrado que su interés real era el poder y manejo presupuestal discrecional del Poder Legislativo, pues en los hechos ha mostrado baja estatura política, falta de verdad, de valores y de principios, además de que las decisiones se toman a espaldas y en perjuicio de la ciudadanía.