Admite controversia constitucional de OPB

Por Miguel Ángel Fernández

CHETUMAL, 28 de marzo.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional promovida por el municipio de Othón P. Blanco en contra de la Ley de Alcoholes.

La síndica municipal, Yensunni Martínez Hernández, fue notificada el pasado 25 de marzo, respecto al acuerdo firmado por el ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que se acepta la controversia.

El acuerdo de la SCJN requiere al Poder Legislativo, que al dar respuesta a la demanda envié copia certificada de todas las documentales relacionadas al decreto impugnado. Y en el mismo plazo se requiere que Poder Ejecutivo exhiba el ejemplar del periódico estatal, en el que conste la publicación. Ambos poderes fueron apercibidos que de no cumplir con lo anterior se aplicará una multa de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Del documento se dará vista a la Fiscalía General de la Republica, antes de la celebración de la audiencia de ley para que manifieste lo que a su representación corresponda.

Como se recordará, desde principios de año, el gobierno de Othón P. Blanco envió a la SCJN una demanda de controversia constitucional contra la denominada Ley de Alcoholes.

El documento pide que se invalide la publicación y promulgación del decreto 300 por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en su Tomo I, numero 2 Extraordinario, Novena Época de fecha 10 de Enero del año 2019.

Asimismo, pide que se invaliden las consecuencias y actos subsecuentes que se hayan originado y los que se sigan originando, con motivo de la aplicación del decreto anteriormente mencionado, cuya invalidez se demanda.

Uno de los principales puntos de esta controversia es que las reformas a la Ley de Alcoholes afecta la recaudación municipal, al restarle la facultad de autorizar los horarios de funcionamiento y ampliación de las horas para el establecimiento regulado, mediante las licencias para el funcionamiento de establecimientos mercantiles en horas extraordinarias.

Lo anterior, porque con las nuevas disposiciones será el estado de Quintana Roo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el que recaude dichos recursos que tradicionalmente servían para cubrir gastos importantes de la Hacienda municipal.

De esta manera, la controversia contra el Poder Legislativo y Ejecutivo de Quintana Roo es por quitarle al municipio capitalino la facultad de autorizar los horarios de funcionamiento y ampliación de las horas para la regulación de establecimientos mercantiles, mediante licencias de funcionamiento.