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Quintana Roo

Por Miguel Ángel Fernández

CHETUMAL, 21 de mayo.- Una clara muestra de la protección desde la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) a los gobiernos panistas, por tratarse del partido que nombró a su titular Manuel Palacios Herrera, es el documento donde pide la devolución de sólo 29 mil pesos a la extesorera de Othón P. Blanco, María Luisa Alcérreca Manzanero, y al exoficial mayor Edgar Sandoval.

La cantidad es irrisoria ante las sendas irregularidades en el manejo presupuestario, que fueron denunciadas constantemente durante su gestión.

Palacios Herrera era el auditor en materia financiera que pasaba sin mayores observaciones todas las cuentas públicas de la administración de Roberto Borge, y precisamente su lealtad al gobierno en turno, es lo que le permitió ser nombrado por la XV Legislatura como auditor superior, para taparle las espaldas a los gobiernos del PAN-PRD.

De ahí que no sorprende que de la revisión del ejercicio fiscal 2016, la Aseqroo determinara un proceso administrativo contra María Luisa Alcérrreca Manzanero y Edgar Armando Sandoval de la Fuente, y se les condene a devolver 29 mil pesos al no exhibir documentación suficiente, necesaria y pertinente respecto a las observaciones que se les hizo.

De tal manera, queda en evidencia que se simula mediante una cantidad mínima que se estuviera realizando una correcta labor de fiscalización.

En este sentido, es necesario mencionar fuertes irregularidades que representan daños al patrimonio municipal realizados durante 2017 por el exalcalde de Othón P. Blanco, Luis Torres Llanes, se presume que existe una protección política por parte de la Auditoría Superior del Estado a cargo de Manuel Palacios Herrera.

Luego de ser cómplice y posteriormente verdugo del saqueo multimillonario de la administración de Roberto Borge Angulo, ha mostrado excesiva tibieza en la revisión del gobierno municipal de Othón P. Blanco que se mantiene al filo de la quiebra. El auditor sólo llamó a esclarecer al manejo de recursos a gobiernos que no son del PAN, mostrando lo que se presumía cuando le fue impuesto que no actuaría con imparcialidad.

Y es que a pesar de hacerse públicos evidentes desvíos de recursos mediante el pago en exceso de salarios y adquisición de gasolina, pintura y refacciones, el municipio de Othón P. Blanco no ha sido observado por la Auditoría Superior del Estado.

La muestra más grave está en que durante la Expofer 2017, se documentaron gastos con empresas señaladas como “fantasmas” por la Secretaría de Hacienda Federal y el Sistema de Administración Tributaria, lo que confirma otro grave desvío de recursos realizados en 2017.

Tres empresas con las que se justificaron casi millón y medio de pesos resultan ser señaladas de facturar operaciones inexistentes, es decir, “empresas fantasmas”.

La empresa Publicidad e Impresos Amec S de SL de CV recibió un pago de supuestamente 96 mil pesos por lonas, mamparas y troviceles.

La empresa Imagen del Sureste S de RL de CV, que recibió pagos por un millón 192 mil pesos por dos conceptos, uno por impresión de lonas, mamparas y bastidores para los stands y otro por la renta de “raiders” de los artistas (Rayito Colombiano, Grandiosas, Tucanes de Tijuana, Havana Energy Band y Arraigo Norteño).

Y la empresa Imagen del Sureste S de RL de CV, junto con la empresa Nifama S de RL de CV, a las que durante la Expofer 2017 se les pagaron más de 130 mil pesos por alimentos para el ganado, están relacionadas con el caso de “empresas fantasmas” con las que el Ayuntamiento de Mérida fue denunciado precisamente en 2017.

Otro ejemplo de las presuntas irregularidades con el manejo de los recursos públicos durante la administración municipal pasada, es que tan sólo en 2017 se erogaron 34 millones de pesos en combustible, cifra que resulta excesiva y muestra el despilfarro que tiene hoy en problemas financieros a la alcaldía capitalina.

El mayor monto fue destinado a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, con casi 16 millones de pesos, cuando la necesidad apremiante es la recolección de basura y trabajadores del área manifiestan que con los pocos camiones activos se requerían apenas unos 9 millones de pesos anuales para su operatividad. Consideran que para las demás áreas de la dirección resulta fuera de la realidad que se gastaron otros 6 millones de pesos. De ahí que aparenta un excesivo gasto, muy por encima de lo que realmente necesitaba la dirección para su operación.

La Presidencia Municipal, que en ese entonces encabezaba Luis Torres Llanes, se gastó 676 mil 127 pesos en el mismo periodo.

Por otra parte, el exalcalde pagó millones de pesos a proyectistas, aun cuando muchas de las obras realizadas en su gobierno han sido inservibles.

A través de la partida de gastos indirectos que ejecutó la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, que tuvo como director a Roberto Chim Interian, se erogaron recursos públicos por la cantidad de 3 millones 718 mil 369 pesos, por el pago de “proyectos”.

Información obtenida a través del portal de Transparencia reveló que en la ejecución de los gastos indirectos que se realizan del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal (por sus siglas FAISM), se efectuó la contratación de una consultoría de vivienda en la zona rural y otra en la ciudad de Chetumal, por un monto de un millón 132 mil 498 pesos a la empresa Edi Maya SA de CV.

A la empresa Grupo Nash Ideas S de RL de CV, se le contrató para un estudio por el diagnóstico de daños en carpeta asfáltica de Chetumal, el cual tuvo un costo de 210 mil 870 pesos.

Se realizaron 26 “proyectos” de ampliación de la red eléctrica en distintas comunidades, beneficiándose con 15 de éstos a la empresa Rebelde Construcciones SA de CV, por un monto de 850 mil pesos.

Otra muestra de presunto desvío de recursos en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco durante la administración 2016-2018, fue que en un lapso de 15 meses se destinaron más de 3 millones de pesos en llantas y servicios mecánicos.

El enorme gasto no corresponde con lo que se ve en las áreas de la comuna, un ejemplo de ello es el área de Servicios Públicos Municipales, donde los camiones no sólo carecen de neumáticos, sino que están descompuestos en su mayoría.

Esto deja en evidencia que los nombramientos y acciones “anticorrupción” del Congreso del Estado resultan incongruentes, tras avalar nombramientos como el de Manuel Palacios Herrera como titular de la Auditoría Superior del Estado, a pesar de su complicidad en el saqueo de finanzas públicas de la última década.

Se trata de un asunto tan irregular que ha propiciado que el Observatorio Legislativo se sume a la impugnación a este nombramiento, claro es con fines políticos.

Palacios Herrera tiene más de 15 años como auditor en materia financiera, por lo que ha sido pieza clave para tapar irregularidades financieras de los gobiernos anteriores, pero al prestarse a los intereses del nuevo gobierno para hacer la revisión extraordinaria de las cuentas públicas pasadas para persecución política (aun cuando él mismo las había dado por buenas), fue premiado para que ahora sea cómplice del despilfarro de recursos públicos.

Después de la fuerte presión ejercida por el gobierno del estado para conseguir la renuncia del titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), Javier Zetina González, y de su auditor suplente Hugo Favio Bonilla Iglesias, la diputación permanente del Congreso del Estado designó el 5 de junio de 2017 a Manuel Palacios Herrera como titular interino de la Aseqroo.

En menos de dos años, Palacios Herrera ha demostrado que se mantendrá en la Aseqroo realizando lo que mejor sabe hacer, cuidar las espaldas del gobierno en turno, a eso está comprometido tanto con el gobierno estatal como con el Congreso del Estado.

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