Quintana Roo

Por Víctor Rodríguez

 

PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 21 de mayo.- La descomposición de miles de toneladas de sargazo estancada en un ancho de más de 50 metros en la zona de playas conocida como “El Recodo” pone en riesgo la inversión de los prestadores de servicios turísticos y más de 2 mil 500 empleos directos, lanzando un llamado de emergencia los empresarios, lancheros y ambientalistas para sanear el problema que se le sale de control a los tres niveles de gobierno.

Los prestadores de servicios turísticos y ecologistas señalaron que la zona ya es de contingencia ambiental y con riesgo a la salud pública por la descomposición, al emanar fétidos olores, pese a los trabajos mínimos de su recale de manera manual y el uso inadecuado de maquinaria, además de desconocer los trabajos planificados por la Secretaría de Marina en altamar.

Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Asociación de Propietarios, Inversionistas y Prestadores de Servicios Turísticos de la Riviera Maya; Laura Patiño Artimisa, presidente del Movimiento Ciudadano Ecologista (Moce Yax Cuxtal A.C); José Gómez Burgos, de la Cooperativa Turística de Mar Caribe e Ildefonso Arcos Magaña, de la Sociedad Cooperativa Turística de Playa del Carmen, lanzaron al unísono el llamado de auxilio por la emergencia que se vive en “El Recodo”.

Los inconformes reclamaron que la Secretaría de Turismo federal y estatal tampoco están haciendo nada al respecto a la grave problemática del recale de sargazo, toda vez que el 80 por ciento de los más de 5.5 millones de turistas que nos visitan en la Riviera Maya vienen por sol y playa, los cuales no hay e incluso pudiera estarse dando publicidad engañosa, esa es la cruda verdad, de modo que no hay atención pese al beneficio económico que deja esta zona en la recaudación de impuestos.

Acusaron que en el caso de los hoteleros se han tenido que reducir entre el 10 y 20 por ciento las tarifas, en Semana Santa cayeron al 50 por ciento las ventas, en riesgo 2 mil 500 empleos directos de la línea de playa o primer ventana turística del muelle Fiscal a la avenida Constituyentes, así como la no aplicación transparente de los recursos por cobro de derecho por saneamiento ambiental (20 pesos por cuarto-noche ocupada) y pago extra del 25 por ciento a la Zofemat por el proyecto de recuperación y mantenimiento de playas desde 2010.