Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 28 de mayo.- Con copia para el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, la empresa concesionaria de la basura Intrasiso, manifestó por escrito su inconformidad ante la actitud del presidente municipal Otoniel Segovia Martínez, de estar visitando otras empresas, lo cual manifiesta está afectando la confianza de la inversión que tiene programado realizar en el mediano plazo para la planta de tratamiento de la basura.
Esto contraviene la coordinación con el gobierno del estado mediante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, para permitir a Intrasiso hacer valer la concesión y construir a la brevedad la planta de tratamiento de residuos.
La empresa pone en evidencia diversas conductas del gobierno municipal, que contravienen las condiciones de estabilidad jurídica y certidumbre de inversión, entre ellas el ofrecimiento de la concesión a otras empresas, estar excluida del Comité Interinstitucional para la Atención del Problema de la Basura, contratación de la empresa Amex Eco Solutions y negarse a entregar la copia del contrato, así como violaciones a leyes estatales y municipales al otorgar permisos.
Grave resulta que el gobierno de Otoniel Segovia Martínez también es señalado de doble discurso, pues ante una supuesta falta de recursos, por una parte solicita apoyos para el otorgamiento de prestaciones adelantadas y compartir responsabilidades en compra de terrenos y por otro pretende pagar servicios a otras empresas.
Intrasiso manifiesta que esas conductas sólo generan incertidumbre para los grupos de inversión interesados, por lo que hace un llamado a la comuna para evitar una confrontación legal.
En el documento dirigido por el representante legal, invitan al presidente municipal a respetar las leyes y colaborar para que se acelere la construcción de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos.
Incluso, el escrito del 13 de mayo, manifiesta que existen violaciones al título de concesión, al contratar a una empresa ajena a la prestación de servicios y actividades directamente relacionadas con el título de concesión, lo cual es motivo para solicitar la cancelación inmediata del mismo.
A pesar de todo ello, el pasado 20 y 21 de mayo, el presidente municipal Otoniel Segovia Martínez viajó a Mérida a ver una empresa de tratamiento de la basura, cuya planta procesadora ni siquiera estaba funcionando.
Los gastos supuestamente fueron financiados por la empresa, motivo por el cual fue severamente cuestionado, porque como funcionario público incurre en responsabilidades al estar recibiendo favores de otros, como anteriormente ya había hecho, pues aceptó que le proporcionaran camionetas de lujo para sus viajes.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “los servidores públicos deberán conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”.
Sin embargo, lejano a la legalidad y transparencia, Otoniel Segovia Martínez incurre en estas irregularidades como funcionario público sin el menor reparo, pues en dos ocasiones utilizó camionetas de lujo rentadas sin revelar el origen de estas dádivas que no debería aceptar.
La situación es más grave ahora, porque no sólo los gastos del presidente corrieron a cargo de una empresa privada de la cual no dijo nombre, sino de todo un séquito que lo acompañó a Mérida por invitación del propio Otoniel Segovia, entre ellos su yerno José Luis Murrieta Bautista y la concejal Martha Bella Reyes, además de otros colaboradores como la directora de Relaciones Públicas, Vanessa San Román; choferes y uno de sus asesores.
Aunque legalmente tiene prohibido aceptar estas dádivas y la Presidencia Municipal tiene este año un presupuesto que ronda los 12 millones de pesos, no se justifica que el alcalde esté recibiendo estas prebendas, lo cual ha propiciado señalamientos de corrupción.
Incluso, se ha empezado a manejar el nombre de una persona beneficiada con obra pública durante el gobierno de Luis Torres Llanes, que está incrustada en la administración estatal, quien forma parte del grupo empresarial que quiere hacer negocios con Otoniel Segovia por el tema de la basura.
Sin embargo, además de todo este asunto que a decir de los regidores se presume son actos de corrupción, trascendió que la empresa que se visitó en Mérida ni siquiera estaba en operación, por lo que se abandonaron responsabilidades en el municipio de Othón P. Blanco por un viaje que pareció más de placer para Segovia Martínez y su grupo cercano de colaboradores.