Pretende perpetuar 'ayudas sociales”

De la Redacción

CHETUMAL, 23 de julio.- En dos años y medio los 25 diputados de la XV Legislatura han gastado casi 180 millones de pesos en “ayudas sociales”, cantidad que se ha manejado en total opacidad y por la que existen denuncias por el delito de peculado o desvío de recursos.

La XV Legislatura está a un mes de concluir y sigue sin aclarar el enorme dispendio de recursos públicos destinado a “ayudas sociales”, por lo que la próxima XVI Legislatura tendrá la responsabilidad de investigar y auditar este rubro.

A pesar de los constantes señalamientos y denuncias penales de la sociedad civil organizada, de asociaciones como Somos tus Ojos y el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, los 25 diputados del Congreso se han negado a transparentar casi 180 millones de pesos, que en dos años y medio han invertido en “ayudas sociales”.

De septiembre a diciembre de 2016, el Congreso destinó 23 millones 312 mil pesos al rubro de “ayudas sociales”, mientras que en 2017 fueron 87 millones 54 mil pesos, en 2018 gastó 56 millones 770 mil pesos y en el primer trimestre de 2019 sumó 8 millones 182 mil pesos por este concepto, lo que da un total de 175 millones 318 mil pesos destinados al cuestionado rubro, según consta en la página de Transparencia del Poder Legislativo.

Las organizaciones civiles denunciaron que estos supuestos “apoyos” se repartieron de manera discrecional y con total opacidad, sin que se conozcan a detalle los datos de los beneficiarios y la cantidad recibida por cada uno, por lo que este rubro pudo ser utilizado fácilmente para el saqueo de los recursos públicos y fines político electorales de los legisladores.

También se detectaron falsos beneficiarios en las listas del Congreso, para lo cual se falsificaron firmas y documentos personales, por lo que se desconoce el uso y paradero del dinero, aunque existen las sospechas de que sirvió para financiar las campañas de las dos últimas elecciones, para promover la imagen de los legisladores y otra parte se fue directo a sus bolsillos.

Aunque las “ayudas sociales” no forman parte de las atribuciones ni de las obligaciones de un diputado, éstas serán legalizadas en la próxima XVI Legislatura, como parte de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que también permite las casas de gestión o atención ciudadana de los diputados en cada distrito electoral del estado.

El panista Eduardo Martínez Arcila, actual presidente de la Gran Comisión y diputado reelecto por la vía plurinominal, para asegurar su estadía por tres años más beneficiándose del erario público, y con impunidad ante el dispendio y los desvíos que permitió a los diputados, que encabezó durante los tres años de la XV Legislatura, promovió que se mantuvieran las ayudas sociales, fortaleciendo el rubro con la disposición de que se instalen casas de gestión en cada distrito electoral, pagadas con el presupuesto del Poder Legislativo.

De esta forma, los diputados salientes de la XV Legislatura, principalmente su coordinador, Eduardo Martínez Arcila, buscan evitar las revisiones del dispendio de ayudas sociales, pues al establecerlas en la nueva norma “legalizan” los abusos que ellos cometieron, las cuales han dado lugar a denuncias penales por desvío de recursos.

Al mismo tiempo convierten la disposición en una invitación a los diputados entrantes para que continúen con las mismas prácticas y de ese modo no les pidan cuentas, pues consideran que los legisladores entrantes, principalmente la mayoría encabezada por el Morena, no pretenderán cambiar normas que les resultarán muy favorables para el uso del presupuesto del Congreso; en otras palabras, esperan que se conviertan en sus cómplices.

Para ello, la Junta de Gobierno y Coordinación Política determinará los montos a destinarse a ese rubro; además, la Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad le cambian el nombre a Dirección de Atención Ciudadana, con la función principal de coordinar las casas de gestión de los diputados en los distritos.

Además de pretender justificar el dispendio y los abusos que cometieron con los recursos para ayudas sociales con esta “legalización”, las casas de gestión o de atención ciudadana quedan oficialmente reconocidas como una de las estrategias del PAN para justificar la abultada nómina con que cuenta el Poder Legislativo, que se considera pudo incrementarse hasta en más de 220 personas tan sólo durante dos años.

Por si fuera poco, la nueva Ley Orgánica contempla que los grupos parlamentarios, representaciones legislativas, diputados independientes y diputados sin partido tengan derecho a prerrogativas económicas para ser administradas por ellos mismos.

Para eso señala que se contará con una partida equivalente al 10 por ciento del presupuesto total del Congreso, la cual será repartida entre cada fracción, con el límite de que ninguna de ellas podrá disponer de más del 40 por ciento de ese monto.

Tomando en cuenta que el presupuesto actual del Congreso del Estado es de 468 millones 858 mil pesos, eso significa repartir entre los grupos y representaciones legislativas 46 millones 885 mil pesos al año, para un uso que pretende legalizar los recursos que mensualmente se dan a cada diputado de manera adicional a su paga, que principalmente incluyen gastos de gestión social, pago de asesores y gastos de gasolina, en cantidades que oscilan entre los 35 mil y 20 mil pesos por cada rubro, pero que no están estipulados en la actual ley, y también se han prestado a desvíos de recursos.

Lo anterior equivale en números actuales a poner a disposición de cada diputado un millón 875 mil pesos anuales, que son más de 156 mil pesos mensuales adicionales a su sueldo.