Frontera del Sur, cambio pendiente

De la Redacción

La frontera sur en México se ha convertido un lastre para los gobiernos federales, principalmente por la corrupción que existe tanto en el servicio de las Aduanas como en las delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración, INM.

El problema es considerable debido a la política de México en relación con su frontera sur, y la presión que esta ejerce sobre los vínculos con Estados Unidos, la cual ha evolucionado en fases.

Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los expresidentes Vicente Fox y George W. Bush pretendieron llegar a un acuerdo sobre inmigración.

Tras los atentados, abandonaron esos planes a favor de una intensificación de la cooperación en materia de seguridad, centrada en la lucha contra el terrorismo, entre Estados Unidos, México y los países centroamericanos.

Por eso, México adaptó su política de inmigración a las nuevas prioridades de seguridad estableciendo el Plan Sur, un sistema de vigilancia policial y militar, y cediendo ante el país del norte en todos los asuntos de importancia relacionados a la frontera sur.

El Plan Sur apuntó a disuadir la emigración centroamericana a los EE.UU., reforzando las inspecciones en carretera de vehículos en busca de migrantes indocumentados a lo largo del Istmo de Tehuantepec, la franja de tierra en la que la distancia entre el Golfo de México y el Océano Pacífico es más corta. Al mismo tiempo, Fox buscó estimular el crecimiento económico en Centroamérica con el Plan Puebla-Panamá.

Un dato duro del gobierno federal se da en 2017, cuando México registró la cifra más elevada de homicidios desde que comenzó el sistema moderno de registros en el país. Las tasas de homicidios en los estados sureños de Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz superan el promedio nacional y van en aumento. Los secuestros se han disparado por todo el sur desde 2015. Los estados fronterizos no sólo son ahora la principal ruta para la cocaína traficada desde la costa pacífica de Colombia, sino que además la violencia es alimentada por la fragmentación de los antiguamente dominantes Zetas y el Cártel de Sinaloa, junto con el ascenso del Cártel de Jalisco Nueva Generación y la propagación al sur de México de las pandillas callejeras centroamericanas, en especial la Mara Salvatrucha (MS-13).

La proliferación de cárteles y pandillas ha intensificado las batallas territoriales por el control de los negocios ilícitos. Los centroamericanos, que durante mucho tiempo han sido víctimas de la delincuencia cuando viajaban hacia el norte, ahora se enfrentan a numerosas organizaciones delictivas dispuestas a secuestrarlos, someterlos a abusos físicos y sexuales, o asesinarlos. Las pandillas incluso han llevado a cabo incursiones en albergues de migrantes.

El caso Quintana Roo

La aduana fronteriza del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ubicada en el área del poblado de Subteniente López es un nido de corruptelas y de malos manejos, donde los ciudadanos son tratados como traficantes y los traficantes como eminentes empresarios.

Las anomalías ocurren a simple vista, ya que la aduana en la frontera con Belice es una enorme coladera donde día con día pasan camiones y tráileres llenos de todo, desde mercancías piratas como bolsos y ropas, licores, cigarros, incluso personas indocumentadas.

Es que los agentes aduanales actúan siempre con un doble rasero, pues con el ciudadano común quieren dar la imagen de ser agentes estrictos, intachables, respetuosos de la ley, así que pobre de aquel que ose trasladar por la frontera un par de botellas de whisky, ya que si son detectados el producto será decomisado por los aduanales que se asegurarán de desaparecerlo para que no afecte a la economía mexicana.

Otro dato que llama la atención, al igual, la Séptima Región Militar apuntó que en la frontera sur, del 13 de octubre de 2018 al 10 de abril de ese año se internaron de manera irregular 47 mil 426 migrantes de centro y Sudamérica, el Caribe y Africa.

La Décima Región Militar dio a conocer que en el sur de Quintana Roo se presentaron confrontaciones físicas y verbales entre civiles y el personal del SAT, y en la cuarta zona, que supervisa de Nuevo Laredo a Matamoros, reportó actos de corrupción que involucran a agentes aduanales que piden dinero por no revisar el equipaje, cobro de impuestos con recibos hechos a mano y multas elevadas para cruzar con mercancías.