Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 15 de septiembre. Vendedores ambulantes que fueron desalojados de las inmediaciones del mercado Ignacio Manuel Altamirano por órdenes del presidente municipal Otoniel Segovia Martínez, acudirán a la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo) para interponer una queja en su contra por abuso de autoridad, ya que desmanteló y decomisó cerca de una docena de negocios sin notificación previa y haciendo uso excesivo de la fuerza pública.
Además, las familias afectadas se manifestarán en el primer informe de gobierno del edil capitalino, que se llevará a cabo el próximo martes 17 de septiembre, a las 8 de la noche, en el domo de la Alameda, frente al Palacio Municipal.
Se espera que en el transcurso de la semana los vendedores ambulantes acudan a la Cdheqroo, donde interpondrán una queja contra el alcalde Otoniel Segovia, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el área de Fiscalización municipal, así como contra todo el que resulte responsable de las arbitrarias y violentas medidas que se tomaron la noche del pasado 13 de septiembre, cuando fiscales del Ayuntamiento de OPB desmantelaron y decomisaron cerca de una docena de puestos ambulantes ubicados en la avenida Efraín Aguilar entre Belice y Héroes, sin haber notificado previamente a los afectados y resguardándose con elementos de las policías Estatal y Municipal.
Los comerciantes y sus familias ya se manifestaron el pasado domingo en las inmediaciones del Mercado Viejo, y lo piensan volver a hacer para este martes, sólo que ahora acudirán al evento del primer informe de gobierno del edil capitalino.
Como se recordará, los ambulantes del referido mercado fueron tratados como delincuentes y sufrieron del abuso por parte del gobierno municipal que encabeza Otoniel Segovia, quien giró indicaciones a sus fiscales para que la noche del viernes pasado, arremetieran contra familias humildes que trabajan en la avenida Efraín Aguilar entre Belice y Héroes.
Sin ninguna explicación y sin siquiera notificarles, el área de Fiscalización municipal hizo uso excesivo de la fuerza pública y desmanteló cerca de una docena de puestos ambulantes, actuando arbitraria e ilegal, violentando los derechos de las familias afectadas.