Dan jalón de orejas

Por Gabriel E. Manzanilla

CHETUMAL, 18 de septiembre.- El titular de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), Rafael del Pozo Dergal, se ha vuelto cómplice y protector del oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos, al aplicarle una simple llamada de atención por la amañada licitación de uniformes escolares, que en el año 2017 benefició a la irregular empresa poblana Comercializadora Adicon SA de CV con un jugoso contrato por 104 millones de pesos.

Así lo denunció la asociación Somos tus Ojos-Transparencia por Quintana Roo, la cual dio a conocer que dos años después de la denuncia presentada en contra de diversos funcionarios por la amañada e irregular licitación de uniformes escolares, los cuales fueron entregados por el gobierno del estado en el ciclo escolar 2017-2018, finalmente la Secoes resolvió el expediente sancionando al oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos con una simple “amonestación privada”.

Por este caso ya fueron sancionados José Manuel González Acosta y Edwin Azmir Díaz Tello, director general de Administración y director de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor de gobierno, respectivamente; el primero fue separado de su cargo por un periodo de 15 días, mientras que el segundo fue destituido e inhabilitado 6 meses para ocupar cualquier cargo público.

Esto es porque en 2017 se benefició a la empresa de origen poblano Comercializadora Adicon SA de CV, la cual ganó la amañada licitación del gobierno de Quintana Roo para fabricar alrededor de 222 mil prendas escolares, llevándose un jugoso pago de 104 millones de pesos.

Sin embargo, Comercializadora Adicon presentó un gran número de anomalías que apuntaban a una simple fachada de una empresa aparentemente “fantasma”, ya que no había rastros de ella en el domicilio físico presentado, donde luego se comprobó que el lugar llevaba años abandonado; además, su giro ni siquiera correspondía al ramo de textiles, por lo que finalmente no tuvo la capacidad para hacer el trabajo e incumplió con la entrega en tiempo y forma de los uniformes escolares.

Como oficial mayor de gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, es el principal responsable de haber otorgado el irregular contrato, pero a pesar de ello el titular de la Secoes, Rafael del Pozo, decidió que esto únicamente ameritaba un “regaño en privado”, convirtiéndose de esta manera en su cómplice y protector, de acuerdo con lo señalado por Somos tus Ojos.

La denuncia fue presentada el 28 de agosto de 2017, por integrantes del Congreso Nacional Ciudadano y la asociación civil Somos Tus Ojos- Transparencia por Quintana Roo, aunque únicamente Somos Tus Ojos fue reconocido como tercero interesado en el juicio, por lo que sólo esta organización pudo tener acceso al expediente, aportar pruebas y comparecer en la audiencia celebrada el 30 de octubre de 2018 en contra de los funcionarios de la Oficialía Mayor.

Oficial Mayor: Blindado

La Coordinación General de Investigación de la Secoes encontró irregularidades e inconsistencias entre la licitación pública nacional OM-LPN2-2017 y el contrato OM/DGA/DRM/DCP/LP/47/2017 firmado con Comercializadora Adicon SA de CV, mismas que favorecieron a la empresa poblana y aunque quien firmó el contrato que benefició a la compañía fue Manuel Alamilla Ceballos, en su carácter de principal responsable de las compras gubernamentales como oficial mayor, el funcionario, cercano al gobernador Carlos Joaquín González, sólo recibirá por parte del órgano de control del estado un “regaño” en privado, según lo denunciado por Somos tus Ojos.

De acuerdo con el expediente SECOES/SRN/CGSR/PRA003/2018, la Coordinación General de Investigación sólo observó “dos inconsistencias” en el proceso de licitación y el cumplimiento de la misma, siendo éstas la “incongruencia y falta de precisión en las bases de procedimiento de licitación pública nacional” y “falta de precisión entre las bases de procedimiento de licitación y el contrato celebrado”, es decir, el funcionario de la Secoes únicamente advirtió fallas de forma y no de fondo en la licitación que fue adjudicada a Comercializadora Adicon SA de CV, a pesar de que dicha empresa no entregó los uniformes en el tiempo establecido ni en las condiciones a las que se obligó en el contrato, puesto que ni siquiera contaba con oficinas y menos aún con maquiladoras o experiencia acreditable. Por lo anterior, la Secoes calificó como faltas “no graves” las cometidas por los funcionarios sometidos al procedimiento administrativo.

Las faltas no graves son aquellas que se generan por actos u omisiones que afectan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que todos los servidores públicos deben cumplir en su empleo, cargo o comisión.

Fue una licitación

amañada

Somos tus Ojos indicó que las irregularidades e inconsistencias halladas por la Coordinación General de Investigación consistieron en la disparidad entre la licitación pública aprobada y publicada, mediante la cual se concursó la confección de 114 mil 422 paquetes de uniformes para hombre y 108 mil 165 paquetes de uniformes para mujer, y que la empresa Comercializadora Adicon SA de CV se adjudicó por 104 millones de pesos.

La investigación de la Secoes concluyó que el contrato OM/DGA/DRM/DCP/LP/47/2017, firmado el 31 de julio de 2017 entre la Oficialía Mayor y Comercializadora Adicon SA de CV, presentó modificaciones respecto de la licitación, que favorecieron a la empresa poblana en cuanto a la ampliación del periodo de entrega de los uniformes, la forma de pago y la aplicación de la pena convencional para el caso de incumplimiento: “(el contrato) refleja el instrumento material por el cual se favorece a la empresa proveedora ganadora del fallo, ya que se aprecia de manera literal ajustes en las cláusulas analizadas, tendentes a extender los efectos de la fecha de entrega de los bienes y el plazo de actualización de las penas convencionales por mora en la entrega de los bienes y del objeto de ayuda social al que estaban destinados”, señala el resolutivo del procedimiento administrativo.

Protegen y pagan por

anticipado a

incumplida empresa

Aunque en su momento el oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos, justificó que la maquila de uniformes se había adjudicado a la empresa poblana por tener ésta la capacidad para cumplir con la licitación, lo cierto es que en la cláusula cuarta del contrato OM/DGA/DRM/DCP/LP/47/2017 se pactó un plazo mayor por once días adicionales al establecido en la base cuarta de la licitación, ya que se señaló que la fecha de entrega de los uniformes sería el 31 de agosto de 2017, siendo que en la licitación se estableció que sería el 20 de agosto de 2017, permitiéndose además entregas parciales.

Somos tus Ojos señaló que con esto se benefició y buscó proteger en todo momento a la empresa de origen poblano, pues se amplió el periodo a partir del cual empezó a transcurrir la mora en la entrega y, por lo tanto, la exigencia de las penas convencionales, e incluso el plazo para rescindir el contrato.

La asociación civil dio a conocer que en la cláusula quinta del contrato firmado con Comercializadora Adicon SA de CV, se estableció un esquema de pagos diverso al modelo del contrato base de licitación, pues en el contrato firmado por Manuel Alamilla como oficial mayor, se pactó un anticipo del 40 % y un segundo pago de 30 % a la entrega del 70 por ciento de los uniformes, y el saldo restante a la entrega del 100 por ciento de los uniformes; lo que difiere del modelo de contrato base de la licitación, en el que se estableció únicamente un anticipo de 40 % y pagar el 60 % restante a la entrega total de los uniformes; “de lo que se aprecia claramente que se benefició a la empresa al permitirle acceder de manera anticipada a parte del saldo sin que hubiere satisfecho plenamente la entrega de los uniformes, siendo que las bases exigían contar con capacidad técnica del proveedor y no se justificó la modificación del contrato”, explica el resolutivo de la Secoes.

Además, también le extendieron a Adicon el plazo de la pena convencional, pues en la cláusula décimo cuarta del contrato, relativa a las penas convencionales en caso de incumplimiento del proveedor, se fijó el uno por ciento sobre saldos insolutos no suministrados por cada día que transcurra del plazo señalado para el cumplimiento del contrato, siendo que el monto de dicha pena convencional se fijó en dos por ciento en la base décima quinta del modelo de contrato de la licitación.

Con la modificación realizada en el contrato se extendió el periodo de gracia para la aplicación de la pena convencional en cinco días adicionales a lo señalado originalmente en las bases; “lo que generó una ventaja para el proveedor en cuanto al momento en el que se le aplicó la pena convencional; a pesar de que se alcanzó el tope máximo del 10 % fijado como pena convencional”.

Usan chivos expiatorios

A pesar de todas las irregularidades encontradas, además de otras como el hecho de que en la licitación no se estableció la cantidad de uniformes por tallas, lo que provocó que se confeccionaran miles de prendas escolares “unitalla” y que la empresa Adicon ni siquiera pudo ser notificada por no tener un domicilio, menos que aún contaba con la capacidad técnica para cumplir el contrato, la Secoes sólo estableció sanciones severas para el empleado de más bajo nivel de todos los implicados, resolviendo así para el oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos una “amonestación privada”.

Caso contrario ocurrió con el director general de administración, José Manuel González Acosta, que tiene una suspensión por 15 días; y para Edwin Azmir Díaz Tello, director de Recursos Materiales, una inhabilitación por 6 meses para ocupar cualquier cargo público, así como la destitución del cargo, concluyó Somos tus Ojos.