Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 26 de septiembre.- Quintana Roo es uno de los nueve estados con los diputados más caros del país, ya que en 2018 cada legislador local le costó a la ciudadanía casi 19 millones de pesos, siendo superior al costo de la Cámara de Diputados Federal, que fue de aproximadamente 18 millones de pesos.
Así lo reveló el Informe Legislativo 2019 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que también señala que los diputados quintanarroenses continúan invadiendo funciones que no les corresponden, luego de que oficializaran el cuestionado y opaco rubro de las “ayudas sociales”, a pesar de que los legisladores no tienen esta función y el recurso destinado se gasta de manera discrecional y sin un esquema claro de transparencia.
Como se recordará, la pasada XV Legislatura (2016-2019) erogó casi 200 millones de pesos por concepto de “ayudas sociales”, por lo cual existen demandas penales por el delito de peculado o desvío de recursos, luego que asociaciones civiles denunciaran que hubo un manejo opaco e irregular de este dinero, detectando falsos beneficiarios y un uso para fines político-electorales.
En ese sentido, el informe del Imco señala que es ilegal que los diputados otorguen ayudas sociales, ya que no es función del poder legislativo de los estados dar despensas, juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas y tampoco construir obra pública, “en 2018 los congresos locales le destinaron el 12 por ciento de su presupuesto a esas actividades, al margen de la ley”.
El Informe Legislativo 2019 indica que las funciones primarias de los congresos locales son las de presentar y aprobar leyes (legislativa), vigilar a otros poderes (control y contrapeso), ratificar nombramientos (político-administrativa) e iniciar juicios políticos (jurisdiccional), así como el de defender el interés público.
Sin embargo, el Congreso de Quintana Roo y demás Congresos locales también han asumido un papel de “Sedesoles Legislativas”, como las nombra el Imco, mediante la asignación del presupuesto legislativo para “ayudas sociales”, aunque haciéndolo de manera irregular, opaca e ilegal.
Esto es considerado invasión de funciones, ya que las “ayudas sociales” son asignaciones que las instituciones públicas otorgan a personas o instituciones, pero el Congreso no está facultado para ello y no tiene esas atribuciones, aunque tampoco existe un marco legal que se lo impida.
Tan sólo en 2018, 25 congresos locales gastaron discrecionalmente y sin reglas de operación un mil 852 millones de pesos bajo el concepto de “ayudas sociales”. Esta cantidad representó el 12 por ciento de gasto de los congresos locales, “los diputados no tienen la función legal de dar ayudas sociales”, remarca el Informe Legislativo.
Sin ningún esquema claro de transparencia, asignación y manejo de este dinero, el Congreso de Quintana Roo ha utilizado discrecionalmente su presupuesto para “ayudas sociales”, ahora con la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo se oficializa este concepto, que ya será reconocido como una facultad de los legisladores locales.
Además, Quintana Roo posee a uno de los Congresos más caros a nivel nacional, en 2018 ocupó la octava posición de un total de 9 Congresos donde sus diputados costaron más que los de la Cámara de Diputados Federal.
De acuerdo con los datos del Imco, cada uno de los 25 legisladores locales equivalen a 67 mil 382 habitantes del estado, en este 2019, el Congreso de Quintana Roo recibió un presupuesto de 468 millones 858 mil 458 pesos, lo que equivale a 18 millones 754 mil 338 pesos por diputado, por lo que a cada quintanarroense le cuesta 278 pesos mantener a estos representantes populares.
Observaciones y conclusiones generales
El estudio revela que la austeridad sigue sin llegar a los congresos locales, planean y ejercen su presupuesto sin criterios de transparencia y eficiencia, además de que persisten las sedesoles legislativas.
Concluye que existe una asimetría presupuestal que indica ineficiencias en la función legislativa y mala planeación del gasto; además de una invasión de funciones al Ejecutivo por dar ayudas sociales y uso indebido de recursos públicos.
“En México, los congresos estatales cuestan mucho, gastan más de lo planeado e invaden funciones que no les corresponden. Existe una mala planeación y un manejo discrecional de sus presupuestos, sin criterios de eficiencia y transparencia. En lugar de asignar el gasto público a las verdaderas necesidades de la población, aprovechan la facultad de aprobar presupuestos para ampliarlos y destinarlos a actividades no sustantivas”, plantea.
Hay estados en donde se gasta más en sus congresos que en el combate a la pobreza.
El Imco propone que el ejercicio del gasto de los congresos se haga con parámetros claros de actuación, apegados a la legalidad, austeridad y transparencia. Los recursos públicos deben garantizar una atención a las verdaderas prioridades sociales.
Contar con congresos austeros y que cumplan sus funciones legislativas requiere eliminar el gasto en ayudas sociales y enfocarse en el cumplimiento de sus verdaderas funciones; aprobar presupuestos estatales que atiendan las verdaderas necesidades de la población; planear mejor su presupuesto y no gastar más de lo aprobado; profesionalizar el trabajo legislativo permitirá mejorar el sistema de pesos y contrapesos, y fortalecer el desarrollo democrático.