En lo que va del 2020 el delito de corrupción de menores ha tenido un aumento significativo en el estado de Quintana Roo, pues en el año 2019 sólo se realizaron 57 denuncias por este delito, mientras que en lo que va del mes de enero a septiembre de este año ya se llegó a las 60 y aún faltan tres meses para que termine el año.
Así lo muestran los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en comparación con lo que se recabó en denuncias del año 2019 contra lo que se ha realizado en el año 2020, por lo que vemos un alza significativa en este delito.
El Código Penal del Estado de Quintana Roo considera corrupción de menores “a quien facilite o induzca a una persona menor de dieciocho años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporales o sexuales, prácticas sexuales, a consumir algún narcótico o bebida embriagante, a la comisión de algún delito o a formar parte de una asociación delictuosa”.
Por lo que la gama de denuncias correspondientes a este delito puede ser amplia y la gran mayoría corresponden a actos delictivos correspondientes abusos sexuales en contra de menores de edad.
Comparando los datos el mes de enero, tuvieron números similares, ya que en el 2020 fueron denunciados cinco casos, mientras que en el 2019 fueron realizadas seis denuncias. Para el mes de febrero se empezó a notar el incremento de casos, en el 2019 fueron sólo cinco casos denunciados, mientras que en el segundo mes del 2020 se llegaron a 11 denuncias, siendo seis casos más en un solo mes.
Para el mes de marzo la situación y tendencia a la alza se mantuvo en el 2020, pues se registraron siete denuncias y tan sólo una sola en el 2019, lo que mantuvo las cifras de nuevo con seis casos más en el tercer mes del año.
Para los meses de abril y mayo los números tuvieron un drástico descenso, pues en el 2020 son los meses que se realizó la jornada de sana distancia, en abril del 2019 fueron 3 casos registrados, mientras que en el 2020 fueron tan sólo 2, para mayo del 2019 se denunciaron siete casos de corrupción de menores, mientras que para el 2020 sólo fueron 4 casos.
Para el mes de junio los números cambiaron de nueva cuenta, en el 2019 se atendieron cinco casos, mientras que en el 2020 se atendieron siete, esto quiere decir que en el 2020 se realizaron dos denuncias más por el delito de corrupción de menores.
Para el mes de julio y agosto se mantuvieron datos idénticos, pues en ambos meses en el 2019 se realizaron seis denuncias, mientras que en el 2020 ocurrieron siete en ambos meses, lo que es un alza de un caso por mes en comparación al año anterior.
El último mes evaluado en este 2020 es el de septiembre, en donde se observa un alza elevada. En el mismo mes del año 2019 se denunciaron seis casos, mientras que para el 2020 fueron 10 casos, representando un aumento de cuatro expedientes más, una cifra verdaderamente alarmante.
Los números no mienten y en todo el 2019 hubieron 57 expedientes por corrupción de menores, mientras que en este 2020, en tan sólo nueve meses ya superamos esta cifra con 60 casos, esto a pesar de que en los meses de abril y mayo se realizaron pocas denuncias debido al poco personal que habían en las oficinas de la Fiscalía General del Estado.
Este delito a pesar de su gravedad, ya que implica torcer la voluntad de un menor para realizar actos que van en contra hasta de su misma integridad, no tiene una pena de mucha consideración, pues el Código Penal del Estado de Quintana Roo considera una pena de cárcel de entre 4 y 11 años en caso de se haya repetido el acto con el menor la pena puede aumentar el doble.
También se considera una multa de 250 días de salario mínimo y se le inhabilitará como tutor legal de cualquier menor, ya que es considerado una amenaza; sin embargo, la multa y pena por este delito no va de acuerdo con el daño moral y psicológico al que es expuesto el menor.
Por su parte, las autoridades permanecen calladas ante esta terrible realidad, pues el delito de corrupción de menores se encuentra creciendo de manera exponencial en el estado y ninguna autoridad presenta una estrategia en concreto para enfrentar esta situación.
Por Julio Javier Mena