Quintana Roo

Los diputados de la XVI Legislatura votaron un punto de acuerdo para que la CAPA realice un análisis a fin de que la comunidad de Guillermo Prieto tenga acceso al agua.

La XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó un punto de acuerdo dirigido a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), para que realice los estudios pertinentes a fin de dotar de agua potable a las comunidades Guillermo Prieto, Caña Brava y Felipe Ángeles, ubicadas en la zona limítrofe con Campeche.

Por unanimidad de votos, las y los diputados aprobaron el punto de acuerdo con el que se solicita a la CAPA, para que en el ámbito de sus facultades, realice el estudio, análisis y proyecto para que los integrantes de la comunidad Guillermo Prieto del municipio de Othón P. Blanco tengan acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

La propuesta es en cumplimiento a la sentencia dictada en fecha 24 de junio de 2020, relativa al juicio de amparo indirecto 1097/2019-V-B, para que el Poder Legislativo esté en posibilidad de cumplir con lo ordenado en la sentencia, incluyendo también a las comunidades Caña Brava y Felipe Ángeles.

Para dotar del vital líquido a estas comunidades se requiere la construcción de un acueducto de 50 kilómetros, el cual costaría alrededor de 100 millones de pesos, según un análisis presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo.

Como parte del acuerdo aprobado, se pide a la CAPA que dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 contemple la proyección presupuestal necesaria para cumplir este fin.

Asimismo, se solicita a la Sefiplan que contemple e integre la propuesta presupuestaria de la CAPA para el próximo año.

Como se recordará, el Juzgado Federal del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, fue quien emitió la sentencia de amparo a favor de la comunidad de Guillermo Prieto.

Un caso similar ocurrió con la comunidad San Antonio Soda, que en 2016 ganó un amparo para que el gobierno y Congreso estatal doten de agua potable a sus cerca de 500 pobladores.

Por Gabriel E. Manzanilla