El pago del Derecho al Alumbrado Público (DAP) en Quintana Roo ha generado molestia y confusión entre ciudadanos y ha permitido en Benito Juárez utilizar los remanentes de este concepto para el pago de la concesión del alumbrado público de una forma poco clara desde 2017, cuando se autorizó, y que se ha mantenido vigente a pesar de cumplir a medias con sus requisitos.
La operación de las luminarias en Benito Juárez“es el negocio del siglo”, dado a que se estima recaudar en 2021 un total de 172 millones de pesos por el cobro del DAP y menos de 120 millones de pesos se pagarán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al año; el remanente, más de 50 millones de pesos, le serán pagados a la empresa concesionaria Celsol S.A.P.I. de C.V. por un año, pero por 15 años administrará y mantendrá 59 mil 619 luminarias.
“Está saliendo muy caro”, expuso el regidor José Luis Acosta Toledo.
Y es que por contrato irrevocable firmado en 2017, autorizado en la 28° sesión de Cabildo ordinaria, durante la administración de Remberto Estrada Barba (2016-2018) se aprobó que la empresa fiduciaria recibirá durante 15 años (ya van tres), los remanentes que queden luego del costo de la facturación que emita la CFE por el servicio eléctrico brindado al municipio; le serán depositados a una cuenta del Banco Santander (México), como fuente de pago y garantía de las obligaciones que se contraigan al amparo del Contrato de Concesión para la prestación del Servicio de Alumbrado Público, “quedando el carácter de irrevocable supeditado al cabal cumplimiento del contrato de concesión por parte de la empresa concesionaria”, dijo.
Respecto a la calidad del servicio, señaló que el riesgo que se corre es que cada administración que llega está ampliando el cheque de la concesionaria porque en la 25° sesión ordinaria de Cabildo de la administración actual se autorizó la modificación al contrato de concesión a Celsol para la colocación de más luminarias cuyo costo aumentó a 903 mil 992 pesos por mes, más IVA, desde el pasado 16 de enero.
“Solicité las facturas anuales del municipio ante la CFE para conocer por el diferenciador lo que se le ha pagado a la concesionaria”, dijo, porque se autorizó la afectación irrevocable en fideicomiso de los Remanentes del Derecho de Alumbrado Público como fuente de pago y garantía de las obligaciones que se contraigan al amparo del Contrato de Concesión para la prestación del Servicio de Alumbrado Público, lo cual significa que “todo lo recabado por ese derecho se descuenta de la factura y lo que sobra se le da a la concesionaria, es dinero que se podría estar empleando en otros servicios públicos, porque si se está sobrepagando o sobrevalorando a la concesionaria, entonces bajemos el porcentaje del DAP”, comentó. Y es que en un principio no se le pagó a la concesionaria, “no gastamos un peso, pero ya las recontra-pagamos”.
A su vez, el regidor Miguel Ángel Zenteno Cortés, presidente de la Comisión de Servicios Públicos municipales, expuso que la empresa concesionaria lleva colocadas más de dos mil luminarias de un universo de cinco mil 214, en sustitución de las lámparas de vapor de sodio.
Por otra parte, dijo que, con ésta, “no se corre riesgo como se está viendo con el tema de la basura; la retrasó el tema de la pandemia y los huracanes, pero sí está trabajando”, aseguró.
Analizan inconstitucionalidad del DAP
Solamente 21 estados del país y 48 por ciento de los municipios, entre ellos Benito Juárez, cobran el DAP, pero “estamos comenzando mesas de trabajo de carácter legal para analizar la inconstitucionalidad de estos pagos porque existen sentencias de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional que el municipio realice este cobro a través del recibo de luz, de hasta cinco por ciento del costo del recibo”, expuso el regidor José Luis Acosta Toledo.
El representante popular dijo que, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta semana se le presentará una acción legal a la Suprema Corte con el objetivo de que determine la inconstitucionalidad del cobro para que defina si existe una doble tributación.
“Porque si todos recordamos, el origen y la esencia del impuesto predial es para el pago de servicios públicos y la tendencia de las nuevas administraciones municipales es desmembrarlos y cobrarlos por aparte, porque cobran el predial, pero aparte el alumbrado público, alcantarillado, la recolección de basura, entre otros”, señaló.
Por dicha razón, realizan un análisis que irá en función de que la Suprema Corte explique cuál es la razón del cobro doble por los servicios que otorga el municipio.
“El hecho de que la Comisión Federal de Electricidad cobre el DAP es meramente por convenio con el ayuntamiento para que la paraestatal lo retenga, pero sería equivalente a que se hiciera un convenio con Telmex para que cobre en su recibo, el impuesto predial, “de esa magnitud es la falta de este municipio y la necesidad de querer cobrar”.
Explicó que la declaración hecha por la SCJN es por una falta de proporcionalidad, en el sentido de que “no todos pagamos lo mismo por esta contraprestación y sí todos recibimos el mismo servicio; en una zona habitacional, las casas pagan diferente DAP porque va en relación al costo de su recibo y el servicio que se presta es el mismo”.
Añadió que la CFE cobra el DAP para garantizar que el municipio le pague la luz que se le otorga, porque por lo general, en otros municipios lo que se recauda por alumbrado público es menor a lo que se factura al municipio, entonces, hay un sobrante que el municipio tendría que abonar, pero en Cancún “siempre hay un remanente, porque aquí la factura es menor a lo que se recauda, por eso hay tan jugosos negocios como lo es la concesionaria de alumbrado público porque este remanente va directamente a las bolsas de la concesionaria”.
Consenso ciudadano
Las concesiones deberían para por un proceso realmente analítico, evaluado, consensuado y con mecanismos de participación ciudadana para que, cuando se tome una decisión, se evalúen todas las afectaciones que va a tener.
“A la gente hay que preguntarle antes de tomar esas decisiones, porque si les vas a afectar por 15 años un servicio, pregúntales por lo menos si están de acuerdo o que otras opciones se pueden tomar con cámaras y organismos empresariales para que favorezca”, expresó.
Agregó que “todo está en cómo se concesiona. Ahí está el centro de todo porque, al igual que con el tema de la basura se llegan a un acuerdo ‘en lo obscurito’ y a cuestiones tan absurdas como ésta, es que tarde o temprano resultan estas ambigüedades”.
Por otra parte, dijo que la ciudadanía quiere una respuesta respecto a por qué se le paga a la concesionaria con los remanentes del DAP, “Posiblemente hay fundamentos, pero mientras no lo expliquen, nos quedaremos con la duda (…) El problema es que los gobiernos municipales toman decisiones sin analizar y obedeciendo a intereses particulares porque hay cláusulas favorecedoras para las empresas”.
Otros municipios también se suman a las concesiones
El servicio de alumbrado público en José María Morelos no está concesionado, por consiguiente, el ayuntamiento es el que sigue atendiendo ese rubro y también es el que paga el consumo, dio a conocer a conocer el tesorero municipal, Leonel Sandoval Contreras.
Indicó que por la situación de pobreza en la que vive mucha gente del municipio no es posible concesionar el servicio para que se cobre a la población. La Comuna paga mes con mes el consumo de energía eléctrica en el municipio. De acuerdo con el funcionario, el ayuntamiento eroga un promedio de un millón 200 a un millón 250 mil pesos mensuales para el pago de dicho servicio.
Recordó que hace tiempo se intentó cobrar el DAP, pero no se logró por la situación que vive la ciudadanía, que es muy complicada, apuntó.
Por su parte, el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas destina de forma mensual un pago de un millón 400 mil pesos por el consumo de energía eléctrica del alumbrado público de las 36 comunidades, sin embargo, no se realiza el cobro de este impuesto a la comunidad, sostuvo el secretario general Salvador Vargas Rosas.
El funcionario municipal también informó que en la geografía municipal se tienen seis mil 800 lámparas y de forma constante, debido a las lluvias y a que cumplen su vida útil, las lámparas se funden y hay días en el que se reportan hasta 100 en mal estado y que requieren sustitución.
Explicó que el municipio es el que corre con los gastos del alumbrado público, ya que no existe concesión alguna con ningún tipo de empresa y es el ayuntamiento el que, con su brigada de electricistas, realiza el mantenimiento en la medida de las posibilidades.
En Solidaridad, habitantes indicaron estar pagando en sus recibos el alumbrado público con el que no cuentan, ya que la CFE cobra de manera obligatoria un porcentaje para este servicio establecido con las siglas DAP sin importar que sean 10 o 500 pesos por un servicio que no es brindado.
En el municipio hay 150 mil usuarios de la CFE que pagan el DAP. En tarifa mensual que se obtiene del resultado de dividir el costo anual, global, general, actualizado y erogado por el municipio para la prestación de este servicio entre los usuarios, 110 mil pagan con tarifa doméstica; 34 mil 200 por tarifa comercial y cinco mil 800 de alto consumo, donde este dinero es entregado a la Tesorería como el pago del servicio y aunque solo se paga 2.1 por ciento sobre el consumo de energía en el hogar y no el cinco por ciento establecido, ante la decisión de funcionarios de brindar 50 por ciento de descuento en el DAP hasta el año 2021 como apoyo a la población que recibe a cambio un servicio de pésima calidad , ineficiente e insuficiente.
En Tulum, el servicio de alumbrado público lo provee el ayuntamiento, donde la Dirección de Servicios Municipales se encuentra trabajando en un plan de ampliación del número de luminarias debido al crecimiento poblacional.
En relación al tema, Adrián Manzanilla Lagos, titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, explicó que actualmente se cuenta con más de cinco mil luminarias en el municipio.
Por otra parte, sobre el pago que se hace en cada recibo de la CFE de la tarifa por el DAP, mencionó que ese asunto la paraestatal se lo cobra directamente a los usuarios.
Mientras que el alumbrado que da el Gobierno Municipal es pagado de las arcas del municipio hacia la Comisión Federal de Electricidad, pero desconoce el monto.
Concesiones observadas por el gobierno federal
Apenas el pasado 22 de octubre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se está haciendo una revisión de las diversas concesiones municipales en México y destaco el caso de Cancún, que tiene tres servicios concesionados: agua, basura y luz pública.
“En los lugares donde la gente no está contenta sí estamos dando asesoría porque no ha sido el gobierno federal el que la ha privatizado, sino los municipios o los estados”, añadió.
“Hay lugares donde se entregó el agua, bueno se entregó hasta el acopio y la recolección de la basura, se privatizó todo, hay lugares donde todo se entregó a empresas vinculadas a políticos y que cobran todos estos servicios”, manifestó el mandatario federal ese día.
El mandatario federal fue claro al señalar que estaban ayudando a los ayuntamientos a poder revertirlas.
Por Fátima Miranda