De la Redacción
CHETUMAL, 5 de febrero.- A poco más de 2 años de su creación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) de Quintana Roo ha fracasado en resarcir el daño al patrimonio estatal causado por exfuncionarios públicos, por poco más de 13 mil millones de pesos.
Desde su creación, la FECC solamente ha podido recuperar poco más de 279 millones de pesos por delitos relacionados con hechos de corrupción, que representan poco más del 2 por ciento del daño presuntamente registrado.
La ineficiencia de la FECC contrasta con el discurso de su titular, Rosaura Villanueva Arzápalo, quien asegura logros históricos en materia de sentencias condenatorias, recuperación de predios, así como un cúmulo de sanciones en contra de servidores públicos en toda la entidad.
No obstante, el proceso contra funcionarios de la administración del exgobernador Roberto Borge por “desempeño irregular de la función pública”, como es el caso de VIP Saesa, se le ha ido cayendo poco a poco a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) de Quintana Roo, pues varios exfuncionarios involucrados han recuperado su libertad por medio de amparos, porque les imputaron delitos que ya habían prescrito.
Villanueva Arzápalo reconoció que a lo largo de dos años, los imputados solicitaron 74 juicios de amparo, de los cuales el 35.13 % (26 amparos) se encuentran en trámite, el 25.68 % (19 amparos) quedaron sin efecto o sobreseen, el 14.87 % (11 amparos) no protegieron ni ampararon al quejoso, mientras que el 24.32 % (18 amparos) sí lograron protegerse ante la justicia federal.
Solamente de la carpeta 151/2017, relativa al caso de VIP Saesa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción enfrenta más de una veintena de trámites de amparo.
Los exfuncionarios de la pasada administración relacionados en el caso VIP Saesa que ya están libres tras promover amparos, lo lograron gracias a que les imputaron delitos que ya habían prescrito; en ese expediente se imputó el daño patrimonial por más de 594 millones de pesos contra 12 exfuncionarios, en su mayoría exsecretarios de gabinete.
Entre los exfuncionarios que recuperaron su libertad mediante el juicio de amparo en el caso de VIP Saesa destacan: Román Quian Alcocer, Víctor Hugo Noyola, Ercé Barrón Barrera, Carlos Acosta Gutiérrez y Mario Castro Basto.
No obstante, la fiscal Anticorrupción dio a conocer que en el 2019 se obtuvieron cinco sentencias condenatorias con beneficio al patrimonio del estado, logrando la reparación del daño y la penalidad de los servidores públicos.
Dijo que en 2019 el monto total recuperado fue de 216 millones 880 mil 480 pesos, destacando la recuperación de ocho inmuebles reintegrados a favor del estado.
Asimismo, dijo que el año pasado se llevaron ante los jueces 13 casos de presunta corrupción.
Sin embargo, la cifra contrasta si se toma en cuenta que informó haber tenido en sus manos un mil 345 carpetas de investigación abiertas, de las cuales un mil 4 se iniciaron el año pasado.
Del mismo modo, asegura que están vigentes 700 investigaciones contra funcionarios de la actual administración estatal, que presuntamente incurrieron en actos de corrupción o abuso de autoridad.
No obstante, aún no se tiene un avance significativo por la presunta afectación al patrimonio del estado cometido por 104 servidores públicos de la anterior administración, por un total de 13 mil 600 millones de pesos.
La fiscal Anticorrupción asegura que ya han sido 14 investigaciones que culminaron en vinculación a proceso por actos de corrupción contra funcionarios de primer y segundo nivel, por desempeño irregular de la función pública.
Del mismo modo, señala que se promovieron 26 alertas migratotrias y 22 fichas rojas ante instancias internacionales para conseguir el cumplimiento de ordenamientos judiciales y órdenes de aprehensión contra imputados que están acusados por diferentes delitos.
Sólo en el año 2019 fueron creadas seis alertas migratorias y siete fichas rojas, ambas fundamentales para lograr la detención de estas personas que decidieron huir del país o buscan intentarlo.