Las comisiones de Derechos Humanos nacional y estatal dieron calificación reprobatoria al Sistema Penitenciario de Quintana Roo como resultado de distintas visitas donde se confirmó la violación a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) otorga una calificación de 6.22 a nivel estatal mientras que en el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria de Quintana Roo la Comisión de Derechos Humanos estatal (Cdheqroo) califica con 6.4 el promedio de los cuatro centros de reclusión de la entidad.
La CNDH señala cinco rubros en los que el Sistema Penitenciario quintanarroense tiene que prestar atención, pues fueron los peor evaluados.
Se trata de aspectos que garantizan la integridad personal del interno, los que garantizan una estancia digna, las condiciones de gobernabilidad, la reinserción social del interno y la atención que reciben grupos con requerimiento específico.
El organismo detectó sobrepoblación y hacinamiento; deficiencias en los servicios de salud; falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección; deficientes condiciones materiales e higiene de las instalaciones así como deficiencias en el procedimiento de imposición de las sanciones disciplinarias.
Respecto a la atención a los grupos de internos con requerimientos específicos la CNDH documentó insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
La Comisión Nacional otorgó la evaluación más alta al Centro Penitenciario Estatal número 3 de Cozumel con 6.6 puntos; el Centro número 1 de Chetumal obtuvo 6.2, el número 2 de Benito Juárez (Cancún), 6.1 y el peor calificado fue el de Playa del Carmen con 5.8 puntos.
El Centro de Retención de Playa del Carmen también fue el peor calificado por la Cdheqroo quien le otorgó 5.9 puntos.
El organismo estatal calificó con 5.8 el Centro de Benito Juárez, con 6.6 el de Chetumal y con calificación aprobatoria de 7.1 al de Cozumel.
Al respecto, José Delgado Díaz, director del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, afirmó que es un error calificar un centro de retención de igual forma que un centro de reclusión, y dijo que ya se atienden los señalamientos de las comisiones como la separación de sentenciados y procesados; así como la atención a personas con problemas de adicciones.
“Ya se están subsanando todas esas observaciones, me atrevería a decir que al 100 por ciento, incluso ya estamos a punto de inaugurar el área médica y el comedor para las personas privadas de su libertad”, dijo Delgado Díaz.
Para realizar su evaluación la Comisión local toma en cuenta los mismos rubros, pero realiza sus visitas en distintas fechas que la CNDH.
El reporte coincide en que la atención a grupos de personas con requerimientos específicos, en especial personas con problemas de drogadicción, es el punto más deficiente en estos centros.
Cabeza de descanso: Deben garantizar reinserción
Al respecto, Fernanda Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta, señala que la mala calificación de los centros de reinserción en una entidad repercute directamente en las condiciones de seguridad porque la intención de purgar una pena privativa de la libertad es formar personas, objetivo que bajo deficientes condiciones no se logra.
“Los centros de reclusión tienen esta concepción de ser lugares de hacinamiento, en donde se deja a la gente con una atención estrictamente punitiva, de castigo, de venganza social y desde ahí se distorsiona la finalidad que verdaderamente se debe tener, deben ser centros donde se garanticen los derechos humanos de las personas que están ahí privadas de la libertad y tienen que ser centros que reúnan las condiciones necesarias para detonar verdaderos procesos de reinserción”.
La especialista en sistema penitenciario dijo que los estudios demuestran que cuando las entidades toman el control de estos centros repercute directamente en las cifras de incidencia delictiva.
“Cuando no tenemos un sistema penitenciario funcional, ni procesos de reinserción adecuados, se traduce en malas condiciones de seguridad para la ciudadanía porque la reinserción es un eslabón fundamental dentro de esta cadena que constituye la seguridad pública. Obviamente el mal funcionamiento nos repercute a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad”, dijo.
Marco Antonio Toh Euán, titular de Comisión estatal de Derechos Humanos, coincide con este juicio y explica que el organismo a su cargo ha propuesto generar acciones que sean de mayor utilidad para las personas privadas de la libertad, y que al cumplir con su condena y obtengan su libertad, la reinserción social sea verdaderamente efectiva.
“En caso de que se logren estas condiciones podrían las personas privadas de la libertad, al obtener su libertad, acceso a mayores posibilidades de un empleo”, aseguró el ombudsman local.
Caja de datos
Calificación CNDH
2017 5.03
2018 6.10
2019 6.22
Calificación Cdheqroo
2017 6.04
2018 6.00
2019 6.40
Con información de Astrid Sánchez
Por Redacción Por Esto!