Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 23 de mayo.- Tras dos meses de inactividad legislativa, la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo dio entrada a la ley que propone despenalizar la interrupción legal del embarazo en el estado, práctica conocida como aborto.
Esta es la tercera ocasión en que se propone, mediante iniciativa legislativa, despenalizar el aborto en Quintana Roo, ya que anteriormente se hizo el 24 de septiembre de 2019, a propuesta de las ciudadanas Yunitzilim Rodríguez Pedraza y Sandra María Guadalupe Cortés González. Dicha iniciativa pasó al pleno y comisiones del Poder Legislativo el 3 de marzo de 2019, pero a la fecha no ha tenido mayores avances.
De la misma manera, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, presentó el 7 de abril de 2017 una iniciativa similar en la que propone derogar los artículos 93 y 96 que sanciona actualmente a la mujer que voluntariamente se someta al aborto, y se modifican los artículos 94 y 97 para despenalizar el delito de aborto, dejando únicamente supuestos jurídicos en que será sancionado el delito, para limitar este derecho a la interrupción del embarazo a no más de 90 días de gestación del producto, o bien cuando sea en contra de la voluntad de la mujer, por coacción o amenazas y en su caso por negligencia o culpa de las y los profesionales de la salud.
La nueva iniciativa, promovida por la diputada Ana Pamplona Ramírez, ingresó a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado desde el pasado 9 de marzo, en el marco del paro nacional Un Día Sin Mujeres, pero fue admitida apenas el pasado 21 de mayo durante sesión ordinaria de la XVI Legislatura, luego de que las diputadas y diputados regresaron a sus curules tras dos meses de inactividad legislativa.
De aprobarse esta iniciativa, Quintana Roo se convertirá en la tercera entidad mexicana en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, sumándose a Oaxaca y la Ciudad de México, donde esto ya es reconocido en el marco legal y como un derecho de las mujeres.
Se trata de una serie de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Código Civil para el Estado de Quintana Roo y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo presentada por la diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, presidenta de la Comisión de Cultura de la XVI Legislatura del Estado.
“La discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la vida o en contra de ella; estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres”, refiere la iniciativa, en donde se señala que la definición del aborto debe ser considerada desde su origen etimológico, ginecoobstétrico y de la medicina legal.
En su exposición de motivos, la diputada Ana Pamplona propone reconsiderar la definición legal del aborto en Quintana Roo, para garantizar que los derechos humanos de las mujeres estén libres de barreras para su goce y ejercicio pleno, sin criminalizarla ni ponerla en riesgo como lo han realizado las legislaturas de la Ciudad de México y Oaxaca.
“La mujer con frecuencia se ve privada del disfrute de sus derechos humanos; la tradición y las costumbres sociales han definido a la mujer como un ser inferior al hombre, lo cual también se ve reflejado en las leyes, por lo que es necesario poner un alto a la elaboración de leyes que discriminan y criminalizan a la mujer”, refiere la iniciativa de la diputada del distrito XIII.
El documento expone que Quintana Roo lidera la lista de abortos legales en el sureste del país, ya que de 2007 a septiembre de 2019 han acudido a la Ciudad de México un total de 130 mujeres quintanarroenses que buscaron interrumpir el embarazo. En segundo lugar se encuentra Tabasco con 54 mujeres; seguido de Yucatán, donde 32 mujeres viajaron a la capital del país para conseguir un aborto legal, por último se posicionó Campeche con 16 casos registrados, de acuerdo con las estadísticas de mujeres atendidas en servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México.
Además se indica que aunque en Quintana Roo existen cuatro causales por las cuales el aborto no es criminalizado, la permanencia de una regulación penal con respecto al aborto continúa provocando la denuncia y criminalización de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.
Según un estudio realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), con datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública, la criminalización por el delito de aborto en Quintana Roo de agosto del 2012 a diciembre de 2013 fue de 81 denuncias recibidas por el delito de aborto, encontrándose entre los estados con las cifras más altas.
Entre el 2015 y el 2019 en el estado de Quintana Roo se registraron 27 denuncias por aborto, siendo el año 2019 el de mayor número de denuncias registradas, con 9.
Respecto de las sentencias por aborto en sentido condenatorio, al 2018 se tenían registrados en Quintana Roo 5 casos con sentencia condenatoria, se explica en la propuesta legislativa.
Se añade que ante la creciente incidencia del embarazo en adolescentes en el estado y la limitada contención y prevención del fenómeno, es de señalar que también se registraron abortos en adolescentes. En Quintana Roo, entre el 2015 y el 2017, un total de 4 adolescentes de entre 15 y 19 años fueron registradas en el sector salud con el diagnóstico de aborto.
La iniciativa en cuestión se basa en el acceso a la salud como derecho humano, en este caso de las mujeres y la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a la libre determinación de la personalidad, no discriminación y vida digna.
En otra parte se indica que el aborto es un problema de salud pública, las mujeres que así deciden se lo practican en condiciones de riesgo por personas sin capacitación o experiencia, o en un ambiente que carece de los estándares médicos mínimos. Según el Consejo Nacional de Población, el aborto es la tercera causa de muerte entre las mujeres embarazadas.
Al estar penalizado y no tener ninguna garantía de acceder a este derecho, las mujeres se ven implicadas a tener que tomar decisiones desinformadas y en muchas ocasiones solas, lo que causa la práctica de los abortos clandestinos.