A 5 años de gestión por el pago de uso de vía, de las 82 hectáreas expropiadas al ejido Chacchoben, Bacalar, no se refleja voluntad de la Secretaría de Comunicaciónes y Transporte (SCT), para cumplir con la indemnización, toda vez que han agotado los recursos legales, de ahí que ha faltado a su palabra el Poder Judicial de cumplirle a los campesinos, informó el representante legal de dicho ejido, Nozarim Espino Solís.
El abogado agrario precisó que recientemente interpusieron un recurso conocido como Atracción ante el Tribunal 27 de Distrito con sede en Cancún, bajo el expediente 18/2020, con relación al pago por el adeudo de indemnización por el uso de vía por parte de la instancia federal, cuyo delegado ha caído en el desacato al no realizar tal pago.
De tal forma, se ha multado al delegado con cantidades irrisorias, pero además no las paga, sino el erario público, situación que hace que no le importe cumplir con la ley, señaló Espino Solís.
“Peor aún y una vez que ya concluyó el juicio desde hace 5 años y que han sido multados en diversas ocasiones, se tuvo la necesidad de presentar un juicio de incumplimiento de sentencia, en tanto el juez de distrito señala que la SCT y el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) sí están cumpliendo con la sentencia, cuando nosotros nos preguntamos cómo es posible, si el cumplimiento de una sentencia, según la doctrina, no debe ser más de 3 meses y llevamos más de 5 años”, refirió.
En ese orden, agregó que “pareciera que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial se ponen de acuerdo para seguir manteniendo marginados a los campesinos, ejidatarios e indígenas, al utilizar argucias legaloides para no cumplir con un compromiso que se tiene con la sociedad”
A manera de remembranza histórica del juicio, recordó que el Indabin cobró más de 800 mil pesos por emitir un avalúo, saliendo por 22 mil pesos, es decir, el gobierno de la República cobra más por emitir un avalúo que por lo que va a pagar, lo que resulta absurdo, pero además no le permiten al ejido presentar un avalúo en contraposición al Indaabin y en ese sentido, se ven en estado de indefensión.
Pero además, extendió el representante legal del ejido de Chacchoben, “presentaron un avalúo de 22 mil pesos, luego otro por 33 mil pesos, resulta una violación flagrante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al discriminar el valor de la tierra social, ponderando el valor de la tierra privada o del sector público, violando el artículo 25 de la Constitución, que establece los 3 regímenes, puesto que para un régimen tiene un valor y para otro régimen cuenta con otro valor”.
De tal forma, que a la fecha, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene el adeudo de pago de indemnización por el uso de vía por parte de la instancia federal, luego de que fueran expropiadas sus tierras (82 hectáreas), afectando a otros ejidos de la vía corta a Mérida, mientras que el ejido de Chacchoben cuenta con 307 ejidatarios.
Por Moisés Omar Soto Suárez