Quintana Roo forma parte de 21 entidades federativas en las que sus congresos estatales han evitado llamar a los titulares de la dependencias estatales a comparecer por la emergencia sanitaria, en la que han gastado más de mil 85 millones de pesos, y reactivación económica ante el COVID-19, de acuerdo con un informe presentado por la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-trac) de Transparencia Mexicana.
Cifras mostradas en el micrositio del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, indican que el gasto hecho por las distintas dependencias estatales asciende a mil 85 millones 950 mil 36 pesos y 40 centavos, y aunque hay informes que no están del todo claros, los representantes de los ciudadanos han explicado que para que haya investigaciones es necesario que las personas hagan denuncias.
Mientras tanto, y a pesar de que los congresos estatales están facultados para vigilar y evaluar los gastos y acciones gubernamentales en la atención de la pandemia, en Quintana Roo no se ha tenido este acompañamiento por parte de la XVI Legislatura.
La U-Trac de Transparencia Mexicana dio a conocer que el estado forma parte las entidades federativas en las que sus diputados no han dado seguimiento a los planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas.
En un informe especial sobre el cumplimiento de las funciones de vigilancia ante la emergencia sanitaria y la pandemia de los 34 órganos legislativos del país, cuya última actualización fue el pasado 21 de julio, la U-Trac identificó que 12 órganos legislativos del país tuvieron al menos una reunión de trabajo o comparecencia con funcionarios o funcionarias de los poderes ejecutivos para informar sobre el uso de los recursos públicos y las acciones emprendidas para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales ocasionadas por el COVID-19.
Los órganos legislativos que han ejercido sus funciones de acompañamiento y vigilancia mediante este mecanismo son el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los congresos de Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
El Congreso de Yucatán se sumó recientemente a este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, siendo a finales de julio cuando el Secretario de Salud de Yucatán (SSY), Mauricio Sauri Vivas, compareció ante las diputadas y diputados de la LXII Legislatura, para explicar el panorama que se vive ante la pandemia de COVID-19 en dicha entidad.
Las Legislaturas de Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas han evitado llamar a los funcionarios a comparecer por la emergencia sanitaria y la reactivación económica ante el COVID-19.
Se señala también que algunos órganos y representantes legislativos del país han emitido declaraciones a medios de comunicación o incluso se han referido al tema en redes sociales, pero no hay evidencia documental del ejercicio de sus facultades constitucionales y legales para solicitar al poder ejecutivo federal, estatal o local que informe sobre las decisiones tomadas o los recursos utilizados.
En el caso de Quintana Roo, diputados como Edgar Gasca Arceo (Morena), Roberto Erales Jiménez (PT), Hernán Villatoro Barrios (PT), José de la Peña Ruiz de Chávez (PVEM) y Erick Gustavo Miranda García (PVEM) se han pronunciado a favor de que comparezcan los titulares del gobierno del Estado del área de Salud, Hacienda, Turismo y Trabajo, incluso han presentado solicitudes de información relacionadas al tema del COVID-19, pero a la fecha todo ha quedado en dichos y las reuniones de trabajo no se han concretado.
“El estándar para informar sobre esas sesiones varía también ampliamente entre los diferentes órganos legislativos. Algunos congresos informan sucintamente a través de un comunicado de prensa, otros a través de videos en canales como YouTube y en muy contados casos está la versión estenográfica de las comparecencias. La información pública relativa a las reuniones y comparecencias tampoco es sencilla de ubicar”, refiere la U-Trac.
Menciona que, por la naturaleza del tema, y por tratarse de un mecanismo institucional de vigilancia y acompañamiento de las decisiones en el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, estas reuniones deberían ser de fácil acceso y su contenido debería ser público.
Señala que las organizaciones civiles invitaron a los congresos del país a transparentar las sesiones de trabajo o comparecencias vinculadas con el COVID-19, pero especialmente a utilizar sus facultades constitucionales y legales para mantener una estrecha vigilancia de las decisiones y recursos empleados en la emergencia sanitaria y la recuperación económica.
Por Gabriel E. Manzanilla