En Quintana Roo se ha detectado cuatro células del crimen organizado que tienen área de influencia en sus operaciones, de acuerdo a la Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (ENR). Estos grupos están conformados por el Cártel de Pacífico, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), señaló que las organizaciones delictivas siempre encuentran mecanismos que les permiten violar la ley y disponer de ganancias ilícitas, y que estas, a nivel nacional generaron un monto estimado de al menos un billón de pesos entre el 2016 y el 2018.
Sus actividades tienen relación directa con la incidencia delictiva en la entidad, de acuerdo con datos del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
De acuerdo con datos de inteligencia de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), desde el 2016 ya se había confirmado la operación de los cárteles de Sinaloa (Pacífico), del Golfo, los Zetas y en aquellos momentos el de nueva llegada, el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En el informe, presentado en octubre de 2016, se confirma la operación de “Los Pelones” y “Los Talibanes”, células ligadas con el Cártel del Golfo y los Zetas, quienes, fueron el brazo armado de estas organizaciones entre 2016 y 2018, los años más violentos que ha vivido el destino turístico, en plena transición de la administración estatal, entre Roberto Borge Angulo y Carlos Joaquín González.
También fue entre esos años que elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación hicieron su arribo a Quintana Roo y todos estos factores generaron un crecimiento exponencial de la violencia.
Esto detonó una lucha entre los cárteles que dejó a la postre 137 ejecuciones en 2016, mientras que para 2017 se elevó a 326 ejecuciones y para 2018 fueron 936 homicidios, el año más violento, no sólo en Quintana Roo, sino también en México.
Fueron en ese periodo que se dieron hechos violentos de gran magnitud como el ataque al bar Blue Parrot en Playa del Carmen, en pleno festival de música electrónica el 16 de enero de 2017, y que dejó como saldo seis personas muertas y siete heridas.
Al día siguiente en Cancún, personas armadas realizaron un ataque a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la zona norte, dejando cuatro personas muertas y sembrando el caos en diversos puntos de la ciudad.
Para 2019 fueron 698 ejecuciones y hasta el último corte oficial de agosto, y presentado el pasado 20 de septiembre, en lo que va de 2020 llevamos 408 homicidios dolosos, tomando en cuenta que hay una pandemia y meses en confinamiento de por medio.
Todo esto, de acuerdo con cifras estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
En total de 2016, fecha que el estudio presentado por la UIF toma como inicio para evaluar el alcance económico de los grupos criminales, al día de hoy en Quintana Roo se han registrado dos mil 505 muertes relacionadas con el crimen organizado.
A esto se suma el crecimiento en la incidencia de extorsiones, cobros de derecho de piso y secuestros, que generó se realizaran acciones específicas en Cancún y Playa del Carmen para combatir estos delitos.
En este tema, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, presentó ayer un mapa de la distribución de los diversos grupos delictivos en el país, donde se especifica que en la región de la Península de Yucatán se tiene la presencia de cuatro cárteles, entre los que se encuentran Cártel del Pacífico, Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, este último sólo con presencia en Quintana Roo.
“Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto, y de ellas dos de naturaleza supranacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico".
Además dejó en evidencia que el Cártel de Sinaloa y el CJNG se diputan 15 entidades: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
Con la información presentada por las autoridades, tanto de la UIF como la de Seguridad y Protección Ciudadana, coinciden en que para restarle fuerza a los cárteles se debe golpear de forma correcta sus redes de manejo financiero.
Nieto Castillo apuntó que el ataque y el combate a estos grupos debe hacerse a través de la mecánica de cinco ejes: el combate a los sicarios y a los líderes de los cárteles, como se hace de manera ordinaria; el combate a sus estructuras financieras, para evitar que sigan reproduciendo los mecanismos para poder pagar sicarios, a narcomenudistas; el tercero: el combate a la corrupción política que los protege, sobre todo en los ámbitos locales; el cuarto: combate a la corrupción judicial, ministerial y policial que les genera, les da protección jurídica y, finalmente, a la base social que los apoya, esto a partir de programas sociales y programas de inclusión financiera.
Por Carlos Matus