La bandera política de la actual administración estatal, encabezada por Carlos Joaquín González, no solamente ha fallado en el combate a la corrupción generada desde la administración pasada, sino también ha destinado alrededor de mil 500 millones de pesos a entes públicos para resolver los actos en perjuicio del patrimonio del Estado y desempeño irregular de la función pública, principalmente por parte de funcionaros de la administración de Roberto Borge y de la actual.
El millonario recurso ha dado pocos resultados, pues solamente se han promovido procesos penales contra 15 integrantes del gabinete de Roberto Borge, pero han logrado librar la cárcel por prescripción de los delitos, amparos y por reparación del daño.
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A la fecha, son cuatro exfuncionarios que llevan su proceso en libertad, dos han sido absueltos, nueve han logrado quedar libres por prescripción del delito o resarcimiento de los daños.
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Adicionalmente, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde al inicio del gobierno de Carlos Joaquín González, en septiembre del 2016, se han registrado 877 casos de funcionarios públicos que han cometido irregularidades, de los cuales no hay casos de inhabilitaciones en el Registro de Servidores Públicos Sancionados.
De acuerdo con una revisión realizada por el Observatorio Legislativo de Quintana Roo sobre los presupuestos que se han destinado para combate a la corrupción por medio de entes públicos durante los años de la presente administración estatal, se ha destinado un monto de un mil 429 millones de pesos que se han aplicado, así: Secretaría de la Contraloría (2017-2021), 929 millones; Comité de Participación Ciudadana (2018-2021), 44 millones; Tribunal de Justicia Administrativa (2018-2021), 162 millones; Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, 208 millones, y Fiscalía Especializada (2019-2020), 86 millones, que en total suman un mil 429 millones de pesos.
El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un organismo encargado de “promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información”, coadyuva en la formación de una cultura de la transparencia.
El Comité de Participación Ciudadana se ha definido como el vínculo entre el sistema y la ciudadanía, con facultades para proponer políticas anticorrupción y de vigilar el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, además de generar mecanismos para que “la sociedad participe en la prevención y denuncia de hechos de corrupción y faltas administrativas”.
El Tribunal de Justicia Administrativa debe ser de gran ayuda para los procesos de atención de los excesos de las administraciones públicas en materia fiscal y de derechos contra los ciudadanos, pero sus trabajos han sido en menor medida para atender los casos de faltas graves de los funcionarios públicos en Quintana Roo, que es donde se encuadran sus facultades en de Sistema dentro de esta lucha contra la corrupción.
La Contraloría del Estado, mediante los Órganos Internos de Control, establece medidas para evitar los actos que incumplan la normatividad del manejo presupuestal y en algunos casos hacer las denuncias por su incumplimiento; sin embargo, el Observatorio Legislativo ha señalado que éste ha recurrido a despachos externos mediante contratos millonarios para proseguir las demandas a exfuncionarios borgistas.
No obstante, todos los organismos y entes anteriormente mencionados han gastado alrededor de mil 500 millones junto con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que es el único ente que tiene atribuciones legales para efectuar actos de investigación y persecución de los delitos cometidos por los servidores públicos y que, como resultados en su informe del año 2020, señaló que se han recuperado 181 millones de pesos en efectivo y 130 millones de pesos en 25 inmuebles recuperados. Un total de 321 millones de pesos.
Adicionalmente, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo señaló que se han sumado organizaciones civiles enfocadas a participar en la lucha contra la corrupción y el mejoramiento del acceso y transparencia a la información con presupuestos destinados a este concepto.
En el estado hay diversas asociaciones que han estado aplicando recursos para apoyar esta lucha contra la corrupción, pero no publican sus ingresos y su origen ni sus gastos y destino para sumarlos a estos montos, para tener así información complementaria de lo que se destina a esta lucha.
Sin embargo a pesar de los altos presupuestos ya mencionados que son destinados a entes públicos para poder investigar, darle seguimiento y en su caso castigar los actos de corrupción, los índices de percepción de situaciones de corrupción en Quintana Roo y municipios se han mantenido altos.
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CG