A pesar de que el acceso a la información pública es considerado un derecho humano, las dependencias, organismos descentralizados y administrativos desconcentrados del Gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, incumplen con sus obligaciones de transparencia, ya que ninguna lo acató completamente.
De acuerdo con el Índice Global de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Estatal 2020, elaborado por el Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo), de las 32 instituciones gubernamentales revisadas por este medio, ninguna obtuvo el 100 por ciento en el indicador e incluso algunas informaron menos de la cuarta parte de lo que deberían.
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El caso más crítico de opacidad lo presenta la Jurisdicción Sanitaria 3, perteneciente a los Servicios Estatales de Salud (SESA), que encabeza Alejandra Aguirre Crespo; si bien la dependencia tiene un cumplimiento de 82 por ciento, la prefectura que procura la salud en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos apenas informó el 15 por ciento de lo que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Con ese mismo porcentaje se encuentra el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo; en contraste, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), a la cual está ligada, tuvo un cumplimiento del 72 por ciento.
Posteriormente, con 45 por ciento el mayor índice de incumplimiento lo refleja la Jurisdicción Sanitaria 2, liderada por Homero León Pérez; y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), cuya batuta la sostiene Óscar Montes de Oca Rosales.
El Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, que supervisa y plantea el perfeccionamiento de los programas presupuestarios del Estado, se apegó únicamente a la mitad de los lineamientos de transparencia.
En tanto, la Secretaría de Obras Públicas (Seop), el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hicieron lo propio solo con 65, 66 y 70 por ciento, respectivamente.
En el rango entre 70 y 80 por ciento también aparecieron los cumplimientos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (Apabep), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la Coordinación General de Comunicación (CGC).
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE), la Oficialía Mayor (OM), la Jurisdicción Sanitaria 1, la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Secretaría de Turismo (Sedetur) hicieron pública del 80 al 83 por ciento de la información a la que estaban obligados.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la Procuraduría de Protección al Ambiente y el Instituto Quintanarroense de la Mujer, obtuvieron un porcentaje de 84 de 100 en transparencia.
Con un 85 a 88 por ciento de información proporcionada aparecen en el informe el Instituto Geográfico y Catastral, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Pública.
Las dependencias estatales que más cumplieron con la ley de transparencia fueron el Servicio de Administración Tributaria, el Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo (SEECAT), la Junta de Asistencia Social Privada y las secretarías de Contraloría, Educación y Finanzas y Planeación.
No obstante, a pesar de que éstas últimas tuvieron el nivel más alto de acatamiento a sus obligaciones como instituciones públicas, sólo lo hicieron al 95 por ciento.
El Idaipqroo suspendió los plazos de cumplimiento en materia de transparencia cuando fue declarada la contingencia sanitaria por COVID-19; sin embargo, el pasado agosto los términos se restituyeron para que las dependencias atendieran las observaciones emitidas.
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CG