La violación de Derechos Humanos es una práctica recurrente en Quintana Roo, pues tan sólo de 2015 a mediados de 2021, se abrieron 159 expedientes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y corporaciones de Seguridad Pública (SSP), acusados de torturar a testigos, sospechosos o a las propias víctimas.
Este año se han registrado deportaciones sin fundamentos, represiones, amenazas, sentencias por abortar y discriminación en todos los sectores, algo que a consideración de los colectivos feministas, ha ido en aumento en la región.
Fiscalía General
La FGE fue mencionada en 51 expedientes concluidos y en siete que todavía están en trámite, la mayoría de ellos por los procesos y por la falta de empatía durante las denuncias, lo que atenta contra los Derechos Humanos.
Policía Estatal
Por su parte, la SSP del Estado fue señalada en 34 expedientes concluidos y en siete que todavía no se resuleven, sobre todo por las detenciones arbitrarias y brutales que se registraron en los municipios de Benito Juárez, con 20 expedientes y Solidaridad, con 14.
El caso que más conmocionó al país fue el de la salvadoreña Victoria Salazar, quien fue asesinada el 28 de marzo del 2021 durante un arresto por cuatro policías, quienes la sometieron con brutalidad hasta causarle la muerte.
Ante esta situación, la CNDH emitió la recomendación 34/2021 al expresidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, por el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad al someter a la mujer migrante, lo que derivó en su fallecimiento por las lesiones ocasionadas, sin embargo no se tuvo respuesta.
El Gobernador
En tercer lugar se encuentra el Gobernador Carlos Joaquín, con 16 expedientes y dos en trámite, sobre todo por la falta de acciones para respetar los Derechos Humanos de la población. Ante este hecho, la CNDH emitió el 25 de agosto de 2020 otra recomendación directamente al Gobernador por deficiencias que vulneran los Derechos Humanos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios.
En total fueron 78 recomendaciones que envió la Comisión a los funcionarios y dependencias del Estado para reparar el daño de las víctimas, sin embargo sólo fueron cumplidas a cabalidad el 10 por ciento de ellas.
Otra práctica recurrente es la deportación de migrantes, los cuales llegan en busca de un mejor futuro en la ciudad, pero no tienen la opción de pedir asilo o regular sus papeles para quedarse en el Estado. En Quintana Roo se quintuplicó el número de deportaciones en 2021, pues hasta octubre de este año se registraron 538, mientras que en el mismo periodo de 2020 se realizaron 100, siendo los guatemaltecos los que más fueron devueltos a su país desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, así lo reveló el informe más reciente de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Hasta el décimo mes del año, el Estado deportó a 156 guatemaltecos, 82 hondureños, 54 beliceños, 51 salvadoreños, 41 nicaragüenses, 45 cubanos, 45 colombianos y 36 estadounidenses, los restantes se reparten entre europeos, africanos y asiáticos.
La Entidad también se convirtió en el Estado que más deportaciones hace a nivel peninsular, pues Yucatán registró 183, mientras que Campeche realizó 66, inclusive Quintana Roo superó a otros Estados como Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur en este rubro.
De las 538 deportaciones que Quintana Roo reportó hasta octubre de 2021, solamente en 227 casos, 163 hombres y 64 mujeres, tuvieron un retorno asistido por las autoridades migratorias, es decir se encargaron de acompañar a los implicados para verificar que regresaran a sus lugares de origen de la mejor forma y sin riesgo alguno.
El caso más reciente ocurrió a inicio de diciembre, cuando cientos de haitianos arribaron al Estado en busca obtener papeles para trabajar, sin embargo conforme pasaban los días denunciaron violaciones y discriminación.
Tal es el caso de Jonassaint Renaud, quien aún se encuentra en la “Glorieta de la Historia” de Cancún, y narró el calvario que ha vivido hasta llegar a la ciudad, pues tiene una menor de cuatro años que necesita muchas atenciones, además de que fue violada en Tapachula por tres hombres, que se aprovecharon de su vulnerabilidad y su desconocimiento del español.
“Mirar atrás y recordar todo lo que he pasado durante este mes me llena de rabia y tristeza, porque uno viene con la convicción de tener una vida mejor. Sin embargo, en el camino la gente se aprovecha de ti, creen que porque somos negras aguantamos todo.Nos violaron, no sólo a mí, sino también a otras compañeras”, dijo en entrevista con Por Esto!
Otro caso se dio el pasado 14 de octubre, cuando una familia afgana que vino a México en busca de asilo fue deportada a su país de origen desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde pasaron varias horas sin poder bajar del avión y fueron despojados de sus teléfonos celulares.
Las cuatro personas que conformaban la familia, entre ellos dos niños y una mujer embarazada de siete meses, partieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la aerolínea Turkish Airlines con destino a Estambul, sin embargo hicieron una escala en Cancún, en donde finalmente no se pudieron quedar.
En esta situación, de acuerdo con especialistas, hubo una violación de la legislación nacional e internacional respecto a la ley de asilo, la cual indica que no se puede rechazar a las personas que piden asilo ni prohibirles su derecho a realizar esta solicitud.
Pendiente, aborto
Aunque el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional penalizar el aborto, en Quintana Roo siguen sin modificar la ley que castiga a las mujeres por realizar esta práctica, algo que violenta el derecho a decidir de las quintanarroenses.
Diputados integrantes de las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Salud de la XVI Legislatura, rechazaron el dictamen que pretendía eliminar dicha penalidad, por lo que por segunda vez en el año se perdió la posibilidad de ser el séptimo Estado en respetar los Derechos Humanos de sus ciudadanas.
Para que el dictamen pudiera ser analizado y posteriormente presentado en el pleno, tenía que ser aprobado de manera unánime por las tres comisiones; sin embargo, en la Comisión de Justicia hubo un empate de votos, mientras que en las comisiones de Salud y Derechos Humanos fue rechazado.
A pesar de todas estas circunstancias y de las evidentes violaciones a los Derechos Humanos en todos los niveles, el Paquete Económico 2022 fue aprobado sin cambios este 15 de diciembre por el Congreso de Quintana Roo y fue una propuesta del Gobierno de Carlos Joaquín, que lejos de beneficiar a los Derechos Humanos de los habitantes, comprometió el funcionamiento de la Comisión Estatal de los Derechos H, que recibió 1.4 millones de pesos menos que el año pasado.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información.
jcl