Las escuelas públicas no cuentan con la infraestructura necesaria para abrir los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), por la falta de apoyo gubernamental, a diferencia de los planteles escolares del sector privado, en donde los mismos padres de familia, a través del pago de una colegiatura lo costean, dijo Alejandro Castillo, secretario general del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE) en Quintana Roo.
Por su parte Miguel Pino Murillo, coordinador de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que el día de ayer se verificó al Colegio Aifel, a pesar de que éste inició operaciones el pasado lunes.
Hace una semanas la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) lanzó una convocatoria, para que las escuelas que cumplan con las condiciones sanitarias puedan instalar los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), donde se imparten asesorías académicas y socioemocionales a los alumnos que lo requieran, aunque es de manera voluntaria, se solicita tanto a los padres de familia como al personal educativo una carta responsiva.
Alejandro Castillo dijo que hay muchas cosas que no se tomaron en cuenta, ya que las escuelas llevan casi un año sin que se les dé el mantenimiento adecuado “aquí la pregunta es “¿cómo le van hacer para que las escuelas públicas estén en óptimas condiciones y puedan solicitar un CCA?”, además de requerir gel antibacterial, termómetros, cubrebocas, tapetes y un sistema de sanitización.
Pareciera que este programa está hecho a modo, sólo para que las escuelas particulares se recuperen y no para que todos los niños en general tengan el acceso a estas asesorías academias que sí hacen falta.
Además la razón del por qué los profesores no han aceptado regresar a los planteles educativos para esta iniciativa, porque piden una carta responsiva en caso de contagios, cuando debe de ser una responsabilidad compartida, además que el 30 % de los docentes se encuentra entre el grupo de riesgo.
Refirió que esta situación no es justa, para los docentes y los padres de familia, que desde que inició la pandemia en marzo de 2020, son los que han pagado, desde los servicios de internet hasta las impresiones, para que los niños realicen sus tareas.
Cofepris advirtió que durante los recorridos de verificación si se detecta que los planteles escolares rebasan el límite de alumnos permitidos y que además no cumplen con los protocolos de seguridad sanitaria, serán acreedores a una suspensión o una multa de 200 a 200 UMAS (Unidad de Medida y Actualización).
CG