La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios espera que en abril de 2021 se abra la Fiscalía Especializada en Despojos en Quintana Roo, ya que los últimos acontecimientos han dejado al descubierto una problemática que no es considerada como un delito grave para quien lo comete, pero deja sin patrimonio a muchas familias en el estado, dijo James Tobin Cunningham, coordinador de este organismo.
Estos temas ya habían sido señalados por la Asociación Mexicana de Profesionales inmobiliarios (AMPI).
La manera como operan estas personas es a través de un proceso administrativo de ejecución, para el cual está facultado cualquier Ayuntamiento, en caso de no se le paguen los impuestos, en este caso los prediales.
Los funcionarios, cuando detectan viviendas que tienen más de cinco años sin registro de aportación o pago de impuestos, iniciaban el procedimiento. Esto no tiene que pasar por un juzgado por ser un proceso administrativo, es por ello que se facilita aún más.
Cuando esto sucede, la administración se quedaba con el inmueble por el monto de los prediales adeudados y entonces buscan a una empresa que inicie un procedimiento para solventar las hipotecas. Es decir, las recuperadoras compraban las hipotecas de una casa, por ejemplo si el inmueble tiene un valor de 500 mil pesos, las inmobiliarias compran la sesión de los derechos al 20 por ciento de valor.
Lo que sucedió en Cancún es que alguien del Ayuntamiento descubrió que era muy fácil hacer las notificaciones en lugares equivocados o falsas, es por ello que los propietarios de los inmuebles no tenían conocimiento de que su casa estaba en este procedimiento y cuando ya se les notificaba el desalojo, las empresas ya tenían una escritura que los acreditaba como dueños y sin ningún adeudo.
Al Ayuntamiento se le pagaba el adeudo del predial y la hipotecaria ya tenía el activo en su posesión, pero el ciudadano se quedaba sin su casa. “Todo este tiempo fraguaron toda una organización de corrupción y de impunidad y tranzas, que afortunadamente ya salió a la luz”.
Señaló que un funcionario por esta operación puede ganar al menos 10 mil pesos. Si se toma en cuenta las 750 casas que se detectaron con este problema, en total serían alrededor de siete millones 500 mil pesos.
Señaló que es muy grave todo lo que está pasando con los despojos y las invasiones, es por ello que se tomó la iniciativa, en conjunto con otros empresarios del ramo inmobiliario, de ir con el fiscal y pedir que se hiciera una Fiscalía especializada. Esto tiene tres meses que se decretó, es decir que ya salió publicado en el Diario Oficial del Estado la creación de la Fiscalía Especializada en Despojos, lo que se tiene que hacer es ponerla en marcha.
Es muy probable que por la vía de la AMPI y de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) puedan facilitar una oficina para darle independencia total, además de realizar un convenio para que todos aquellos que tienen una matrícula inmobiliaria en el estado puedan hacer la denuncia.
CG