Empresarios, hoteleros y restauranteros de la Riviera Maya, así como otros sectores, se suman a la iniciativa de sus homólogos en Tulum, quienes exigen al Congreso del Estado penas más severas para aquellos que realicen fiestas masivas clandestinas.
Y es que, ante la afectación que tendrá el noveno municipio, la Riviera Maya y el Caribe Mexicano podrían resentirlo también por la imagen negativa a nivel mundial.
Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM) que concentra a diversos organismos como la Asociación de Hoteles (AHRM), la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac) y otros, se sumaron a la iniciativa, no sólo por la mala imagen, principalmente por los contagios que se generan y que pueden originar daños catastróficos el destino.
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De acuerdo con Lenin Amaro Betancourt, presidente del organismo, “sin duda nos sumamos a las demandas de los empresarios de Tulum de más y mejor supervisión, así como sanciones más fuertes de las autoridades contra este tipo de fiestas ilegales, que son foco de contagios de COVID-19 y, que han generado, además del riesgo de salud y pérdida de vidas, mala imagen a nivel mundial”.
Como se recordará, la Asociación de Hoteles de Tulum presentó una propuesta para reformar el Código Penal de Quintana Roo y que se tipifique como delito la organización de fiestas ilegales durante esta pandemia.
Específicamente promueven que los integrantes de la XVI Legislatura del Congreso local adhieran el artículo 113 Bis a dicho Código Penal para que quede de esta forma:
“Todo aquel que, existiendo un ordenamiento de autoridad sanitaria competente de carácter general y obligatorio en el que se prohíben realizar cualquier tipo de eventos o reuniones que rebasen los aforos permitidos por el Semáforo Epidemiológico y haciendo caso omiso al mismo, ya sea por sí o por interpósita persona, organice, promueva, facilite o fomente eventos públicos o privados, onerosos o gratuitos, en los que se comentan actos u omisiones que por su sola ejecución pongan en riesgo evidente la vida humana o la salud pública, se les impondrá una pena de ‘x’ años a ‘z’ años de cárcel y una multa equivalente de ‘x’ a ‘z’ Unidades de Medida de Actualización (UMA)”.
Pero, para quienes integran el CCERM, “también es importante que se investigue si hay funcionarios involucrados y se castigue conforme a la ley, que no se toleren complicidades”, como apuntó su líder, Amaro Betancourt.
Y es que este tipo de eventos no sólo serían organizados en Tulum, sino a lo largo y ancho del Caribe Mexicano, como ocurrió recientemente en Playa del Carmen, donde se convocó a una fiesta masiva en la zona de Punta Esmeralda.
MR