Señalada de ser operadora del exgobernador, ahora preso, la alcaldesa con licencia de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, quien es candidata a Diputada Federal por el Distrito 4 bajo la coalición formada por Morena-PVEM-PT, contrató 57 millones de pesos en créditos durante sus dos administraciones.
Desde el primer año al frente del Ayuntamiento de Puerto Morelos en su primer periodo de Gobierno 2016-2018, Fernández Piña, quien no vivía en el Municipio, sino en Cancún, solicitó al Congreso de Quintana Roo un préstamo por 20 millones de pesos.
De acuerdo con el documento enviado al Congreso del Estado, el dinero sería utilizado para “la ejecución de obras de conversión de la red general de distribución aérea a subterránea en las súper manzanas 01 y 02 del Municipio de Puerto Morelos, primera etapa”, junto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según el gobierno de Laura Fernández.
También se destinarían 8 millones 400 mil pesos al equipamiento para el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.
Ante lo cual, la entonces alcaldesa fue fuertemente criticada por los integrantes del Colectivo “Voces Unidas por Puerto Morelos”, quienes expusieron que el cableado subterráneo no era una obra prioritaria para el naciente Municipio, como sí lo era la instalación y operación del sistema de drenaje, según publicaron medios de comunicación en 2017.
Ese no fue el único préstamo solicitado a la banca por la exsecretaria de Turismo del Estado durante la anterior administración estatal, cuyo titular fue arrestado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aprovechamiento ilícito de poder y desempeño irregular de la función pública y peculado.
A los tres meses de reelegirse como presidenta municipal, pidió otra vez a Banorte un préstamo por 19 millones de pesos más para cubrir las “necesidades de corto plazo, tales como insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.
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Y un año antes de concluir su segundo mandato, el 20 de mayo de 2020, contrató otro empréstito por 23 millones de pesos por insuficiencia presupuestal, una deuda con la que dejó al Ayuntamiento de Puerto Morelos para irse como candidata a diputada federal, según el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), por su parte, observó el primer año de Gobierno de Fernández Piña. En la fiscalización del fondo de Participaciones Federales a Municipios ejecutado por el Ayuntamiento de Puerto Morelos en 2017 emitió cinco observaciones que generaron una recomendación y cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La ASF expuso que el Ayuntamiento no fue transparente en el ejercicio de 90 millones 330 mil pesos que le asignó la Federación.
“En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley para Regular las Remuneraciones de los Servidores Públicos de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Órganos Autónomos de Quintana Roo. Las observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, se señala en la única auditoría realizada al Ayuntamiento en 2017.
“El Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a Municipios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, indica el máximo órgano fiscalizador del país.
De acuerdo con el reportaje “Puerto Morelos: otra tierra de ambiciones”, publicado en Aristegui Noticias, Fernández Piña fue relacionada con el despojo de tierras en Puerto Morelos durante su primer periodo como alcaldesa, además de ser operadora de la red a cargo del exgobernador.
Ahora busca un nuevo cargo público, una curul en el Congreso de la Unión, bajo la plataforma política conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.
CG