Ante el rechazo social alÁrea Natural Protegida en Bacalar, grupos de interés han buscado mediante otro esquema el manejo del sistema lagunar para determinar las zonas de desarrollo a conveniencia, a través del Programa de Gestión Común para el uso Turístico en la Laguna de Bacalar (Protur), a cargo de una ONG conformada por actores foráneos y extranjeros que pretende concentrar la administración y tener la autorización para cobrar por el acceso al cuerpo lagunar.
Años atrás, legisladores federales del PVEM, funcionarios de la Semarnat y Conanp, así como ejecutivos del grupo Amigos de Sian Ka’an, propusieron decretar un Área Natural Protegida (ANP), competencia de la Federación, denominada Área de Protección de Flora y Fauna Bacalar (APFFB), con una extensión de 219 mil hectáreas.
La intención de los promoventes era abarcar las mejores tierras del litoral del sistema lagunar Bacalar–Chetumal, por lo que se extendía hasta el Río Hondo y la Bahía de Chetumal, cubriendo todo el territorio que rodea a la ciudad de Chetumal. Incluso se preveía una cuña hasta el área aledaña a la nueva zona arqueológica de Ichkabal, localizada dentro del ejido de Bacalar, lo que demostraba la intención de excluir a los ejidatarios.
Frente a la posibilidad de que esta tentativa de despojo se hiciera realidad, convirtiendo a la laguna en botín de intereses ajenos a la población local, los ejidatarios, pequeños propietarios, cooperativas y empresarios de la región crearon un frente común en su contra.
Ante la resistencia que han encontrado en ejidatarios y empresarios quienes fomentan estas acciones, han retomado con instancias académicas y ambientalistas el control de la laguna mediante el discurso de conservación, sosteniendo reuniones con instancias federales y estatales en busca de apoyos económicos y políticos. Incluso promovieron el Programa de Gestión Común para el uso Turístico en la Laguna de Bacalar (Protur), que también busca limitar el desarrollo del destino.
En el marco de la nueva embestida, ejidatarios han detectado que quienes promueven estas acciones tienen intereses personales de lucrar con las tierras.
Los ejidatarios de Juan Sarabia descubrieron que ambientalistas como Silvana Ibarra, Marco Jericó, que promueven la sobrerregulación de la laguna, así como personas relacionadas como Andrea Mancini, un italiano corredor de bienes raíces que ofrece predios a orillas de Laguna Bacalar, Chile verde, Laguna Guerrero, Luis Echeverría, Pedro A. Santos, Buenavista, entre otros sitios de alta plusvalía, pues colindan con el sistema lagunar.
En las zonas donde el italiano tiene los predios en venta se suscitan constantes incendios a manglares y humedales.
De hecho, el empresario italiano ha sido señalado de intento de despojo del balneario El Chorro en la comunidad Juan Sarabia, y de presuntamente ser responsable de delitos ambientales que fueron ampliamente documentados y expuestos por los pobladores. En el lugar se destruyeron estromatolitos para cambiar el cauce del riachuelo. La promotora de Protur, Silvana Ibarra, ha promovido en sus redes sociales este balneario donde se realizaron diversos delitos ambientales.
Y precisamente los ejidatarios de la laguna señalan que en los predios que vende el extranjero, el Protur no contemplaba ninguna restricción para actividad turística. Los mismos ejidatarios han criticado que Protur fue creado tras el fracaso de convertir a Bacalar en un Área Natural Protegida (ANP), cuyo rechazo unió a todos los sectores productivos y habitantes de más de 15 comunidades de la zona sur.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
CI