Luego de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) confirmara la detención de Erika “S”, acusada de violación, pornografía infantil y corrupción de personas menores en agravio de sus dos hijas, de un año cuatro meses y de cuatro años, respectivamente, y a su hijo de siete años, su defensa solicitó el plazo de 72 horas para reunir pruebas previo a su audiencia para decidir si se le vincula o no a proceso.
En un comunicado, la FGE informó que la mujer permanecerá en prisión preventiva y detalló que fueron agentes de la policía de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad quienes presentaron los datos de prueba que establecen la probable participación de Erika “S” en los actos ilícitos cometidos en el interior de un domicilio en la localidad de Calderitas en donde, de acuerdo a las primeras investigaciones, la señalada obligaba y registraba -a través de fotografías y videos- a sus tres hijos en actividades de tipo sexual, para posteriormente enviarlos a su pareja sentimental que se encuentra en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal por un proceso penal instruido en su contra por el delito de violación.
Asimismo, la autoridad señaló que las víctimas ya se encuentran bajo resguardo de las autoridades.
Suman 12 menores violentados en el año
Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) refieren que del 1 de enero al 14 de junio de 2021, 12 menores de cero a 17 años (11 mujeres y un hombre) fueron atendidos en hospitales por violencia ejercida por su madre o madrastra en Quintana Roo.
En el Estado, las madres y madrastras son las causantes del 6.3 por ciento de los casos de violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes (12 de 192 casos), señala la Red.
En el ámbito nacional, esta cifra suma 411 personas de 0 a 17 años (318 mujeres y 93 hombres) atendidas en nosocomios por la misma causa y el nueve por ciento de los casos atendidos por violencia a niños y adolescentes en el país tiene como agresora a una mujer.
Sin embargo, la directora de Redim, Tania Ramírez, puntualiza que estos casos surgen de la demanda social hacia las mujeres por cumplir con el rol de cuidar a los hijos y el estrés que esto conlleva.
“Estamos en un país profundamente machista que hace que el mandato de género imponga que las mujeres, sin importar si tenemos trabajo, condiciones médicas, salud mental y física, seamos ‘buenas madres’; es debido a este sesgo de género que las mujeres en condición de maternidad tienen esa presión, aun cuando ellas mismas enfrentan condiciones de pobreza, violencia, crisis sanitaria, etcétera.
“Y ese mandato implica que la responsabilidad de tener a los hijos bien alimentados, bien vestidos pese principalmente sobre ellas, aun cuando cada una enfrenta el reto de distintas formas, dependiendo de las condiciones y el entorno en el que se encuentran. No es lo mismo ser mamá con un trabajo bajo contrato que ofrece las prestaciones de seguridad social, vivienda, salario estable, guardería para los hijos, a una mamá que probablemente no tuvo educación, con un embarazo adolescente, que ha vivido violencia, que no cuenta con un trabajo formal. Esta situación le lleva a un deterioro psicosocial, que además conviva con personas o en comunidades que les empujen a cometer actos criminales contra la infancia”, expuso.
En el caso de Erika “S” y sus tres menores hijos, la directora de Redim detalló que existe una corresponsabilidad entre la mujer, el padre ausente y el Estado Mexicano, el cual está obligado a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, como la educación, la salud, una vida digna, entre otras.
“Lo más grave ya no es el delito cometido, sino la situación actual que viven este grupo de tres menores, que tras ser víctimas quedan al resguardo de las instituciones y que ante la posibilidad de que el padre biológico o la familia no sean apta para asumir la custodia”, lamentó.
Consumo de pornografía infantil, el detonante
“Más allá de una madre que ha cometido delitos sexuales contra sus propios hijos, existe una red de corresponsabilidad entre quienes promueven, distribuyen, comercializan y consumen material pornográfico infantil”, abunda Tania Ramírez.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia revela que durante el 2019 se reportaron 149 casos de pornografía infantil y para el 2020, las denuncias aumentaron en 150 por ciento.
Así, durante el resguardo por pandemia de coronavirus se observó el incremento sostenido de delitos sexuales contra menores, “muchas veces la violencia hacia niñas y niños vino del interior de su entorno familiar, son datos que alarman” consideró.
La directora de Redim destacó que la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria puede hacer que las familias incursiones en actividades criminales: “Hay que observar cuál es el contexto previo de que personas incurran en estos actos, crisis de salud mental, de familias cauterizadas, colonias donde no hay condiciones para que las familias tengan un desarrollo sano, madres sin apoyos, estados de salud mental”.
En ese sentido, subrayó que la pornografía infantil no solamente es un delito del que lo graba y a quien se le manda por una plataforma, “para que haya el material debe existir el consumidor e intermediarios que lucran con este crimen, son tan responsables de este hecho como la mamá en la comunidad de Calderitas. Esta historia no habría terminado como hasta el momento, si esta madre hubiera tenido garantizado la educación y la alimentación para sus hijos. Son quienes aprovechan los que lucran con la condición de pobreza y marginación los que son responsable, tanto o más que una madre que quien cometió el delito, se tiene que investigar, perseguir y castigar”.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, afirma que para nuestro país ya existen una alerta internacional que anuncia que se está produciendo material pornográfico relacionado con situaciones de violencia sexual contra niñas y niños.
Entre 2019 y 2020 se tuvo un incremento nacional del 30 por ciento en las carpetas de investigación relacionadas con la corrupción de menores y también un incremento del 50 por ciento por abuso sexual, dijo al citar datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Lamentablemente las autoridades no tiene la capacidad instalada para perseguir estos delitos y traducirlos en sentencias. Seguimos teniendo un 95 por ciento en impunidad en todas las carpetas de investigación, muchas de estas involucran delitos sexuales”, aseguró.
En ese tenor, destacó que hay dos factores que han incrementado la pornografía infantil: el confinamiento, que dejó a niños, adolescentes y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, porque perdieron sus redes de contacto y protección como escuelas, espacios públicos, comunidades o hasta la misma familia, y la hipersexualización de las menores de edad.
Pérez García manifestó que la violencia sexual en los ámbitos turísticos es preocupante, “se puede encontrar mucha documentación que desde Tijuana, Puerto Vallarta, Oaxaca, Acapulco y Cancún se registren delitos sexuales a menores, pues son una expresión del crimen organizado que encuentran un paraíso de consumidores y que permite que existan la producción de material pornográfico infantil.
La violencia sexual, la violación, la trata de personas son el segundo negocio criminal más grande en el mundo, después de la venta de armas y particularmente en los casos de madres y padres que usan a sus hijos para producir material pornográfico, para venderlo en la red, está creciendo y mucho en las zonas turísticas por que está anclado y sostenido por redes delictivas”.
Para Ariadne Song Anguas, vocera del colectivo feminista Xtabay, este caso sólo demuestra que la autoridad no está trabajando para proteger los derechos de los infantes.
“La autoridad no está haciendo nada para proteger el interés de los menores, porque aunque ya fueron rescatados. ¿Quién nos asegura que no siguen siendo explotados sus derechos, o que serán entregados a familiares que seguirán enseñándoles lo que no es correcto, o peor aún, sigan abusando de ellos? El caso debe de mantenerse en el interés de la autoridad y la sociedad para no permitir que estos infantes sigan siendo abusados física y psicológicamente”, dijo.
“Más que un deterioro de la sociedad, se está descuidando la parte de la información, en donde las dependencias enfocadas a salvaguardar los derechos de los menores deben de estar trabajando, el DIF, Sipinna y Derechos Humanos, son algunas de ellas, pero no lo están haciendo, expresó Song Anguas.
CG