Empresarios y trabajadores del primer cuadro de la ciudad exigen retirar a decenas de menores que permanecen en esa zona y hostigan a los turistas.
Además, aseguran que amenazan a vendedores ambulantes para que no se acerquen a esos espacios o de lo contrario dañarán sus triciclos y les quitarán sus artículos.
Señalan que estos menores acosan a los turistas para que les compren flores o les inviten a comer; incluso algunos les piden que les regalen sus playeras o zapatos, lo cual “da una mala imagen al destino”.
Javier, quien labora como comisionista en esa zona, señaló que el número de menores incrementó desde hace unos meses; primero eran entre cinco y seis que ofrecían flores o chicharrones; ahora son casi 40, entre niños y adolescentes que deambulan en el parque Benito Juárez y sus alrededores, interceptando a los turistas.
“Casi obligan a los extranjeros a que les compren sus productos; no estamos en contra de que busquen ingresos, pero no se puede tolerar que se originen golpes entre ellos dentro de los restaurantes o en medio de la gente que camina sobre la avenida Rafael E. Melgar, peleando por las monedas que consiguen”.
Dijo que son menores de entre seis y 15 años de edad, incluso algunos con tatuajes en los brazos. Refirió que la policía no procede, sólo canalizan el reporte al 911.
Marina Canto, concierge de un restaurante, manifestó que estos chicos ya son como una pandilla. “Andan en grupos; es lamentable ver que algunas madres están sentadas en el parque vigilando que sus hijos vendan flores o golosinas. Ya amenazaron a un panadero y a un vendedor de marquesitas para que no lleguen a vender sus productos. Yo he sido testigo de que los amenazan con golpear o romper los triciclos”.
Advirtió que si esto no se detiene, en un año se convertirá en vandalismo. “Casi obligan a los paseantes a que les inviten de comer o que les regalen sus playeras o tenis”.
Posible explotación infantil
Víctor Vengas, Coordinador del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna), en Cozumel, dijo que están conscientes que hay necesidades económicas, pero no pueden justificar actos de explotación infantil.
Explicó que cuando reciben reportes de pleitos entre menores en la vía pública, activan los protocolos y los trasladan con el juez cívico, donde llaman los padres y hacen un acuerdo para darles seguimiento a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor.
Dijo que si continúan enviando a sus hijos a vender, pueden caer en la comisión de un delito y entonces el caso se turna a la Fiscalía General del Estado, pues podría tratarse de violación a los derechos de los menores y explotación infantil.
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RM