La empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA (Saesa), que administra vuelos y aeródromos privados de la que el Gobierno de Quintana Roo es accionista, incrementó en 21 por ciento el número de personas atendidas en el segundo trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior.
Si bien la empresa no informa quiénes fueron los usuarios de sus servicios, es sabido que la firma es la encargada de trasladar al Gobernador del Estado, Carlos Joaquín, y a los funcionarios de su gabinete. En el segundo trimestre de 2020, la compañía reportó que atendió a 119 personas; mientras que en el segundo trimestre de 2021, se atendieron 144.
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Aun cuando se presume una mayor transparencia y cambio, la presente administración estatal reservó por cinco años la información fiscal de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, así como las facturas de los gastos de su gobierno y estados de cuentas bancarias.
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Durante el gobierno de Carlos Joaquín González, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a cargo de Yohanet Torres Muñoz, ha elaborado 42 expedientes para clasificar la información financiera del Gobierno del Estado por un periodo de cinco años, por lo que no podrá conocerse hasta que concluya su mandato.
Lo anterior, a pesar que precisamente la paraestatal VIP Saesa fue el instrumento de la administración de Carlos Joaquín González para enjuiciar a la mayor parte del gabinete del exgobernador Roberto Borge, y ahora su gestión bloqueó toda información relacionada con los vuelos que realizan los funcionarios de su gobierno.
Este expediente en contra de los exfuncionarios fue integrado por unas 21 mil 500 fojas en 35 tomos, que contiene peritajes, denuncias y datos de testigos, pero ningún funcionario permanece tras las rejas por ese expediente.
Dentro de la “cacería de brujas” del Gobierno del Estado, el exdirector de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA (Saesa), Carlos Acosta Gutiérrez, fue detenido en Chetumal el 4 de julio de 2017, por el delito de desempeño irregular de la función pública, según una denuncia interpuesta y abierta en el expediente 151/2017.
Sin embargo, el 1 de febrero de 2019 fue absuelto, luego de que el juez sexto de distrito determinó la prescripción de la acción penal, al considerar que es un delito de naturaleza instantánea, no continuado.
El 3 de septiembre de 2017, fue detenido Víctor Hugo Loyola Corona, exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, acusado de desempeño irregular de la función pública, como parte del caso VIP Saesa, pero quedó en libertad tras quedar sin efecto su vinculación a proceso por orden del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
El 27 de noviembre de 2017, el exdirector general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Roosevelt Ercé Barrón Barrera, fue detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública, también por el caso VIP Saesa, pero fue puesto en libertad y abandonó el Centro de Reinserción Social de Chetumal (Cereso) el 18 de enero de 2018, luego de que un juez federal resolvió que la FGE violó una suspensión definitiva decretada en un juicio de amparo que protegía al exfuncionario al momento de su detención.
El 20 de enero de 2018, fue capturado Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno en la adminisitración de Roberto Borge, al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública, en agravio al patrimonio del Estado y daño por 534 millones de pesos.
El exsecretario de Gobierno se vio involucrado en el caso VIP Saesa, fue vinculado a proceso y se le decretó prisión preventiva justificada; sin embargo, el 19 de febrero de 2019 obtuvo su libertad inmediata, luego de que un juez de control otorgó el sobreseimiento de su caso.
El 25 de enero del 2018 fue aprehendido, en la Ciudad de México, Mauricio Góngora Escalante, exsecretario de Finanzas y expresidente municipal de Solidaridad. Al también excandidato a la gubernatura por el PRI durante la contienda electoral en la que Carlos Joaquín González se alzó con la victoria, se le imputaron los delitos de desempeño irregular de la función pública, peculado por el supuesto desvío de 155 millones de pesos, se le señaló de presuntamente endeudar al municipio de Solidaridad por 594 millones de pesos y también se le involucró en el caso VIP Saesa, aunque de este último ya quedó libre de toda acusación.
El 20 de febrero del 2019 fue detenido, en Belice, Gonzalo Herrera Castillo, extitular de la entonces Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, por estar involucrado en el caso VIP Saesa.
No obstante, el exsecretario de la Gestión Pública tiene la ciudadanía beliceña y no puede ser deportado. Su defensa ha solicitado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (Feccqroo), a cargo de Rosaura Villanueva Arzápalo, que cancele la orden de aprehensión contra su cliente, debido a que el delito del que se le acusa ya está prescrito.
Ahora, el gobierno de Carlos Joaquín encubre los gastos relativos a aviación por “seguridad nacional”.
“La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. Representa un riesgo real porque guarda estrecho vínculo con las personas que utilizan las aeronaves para su transportación”, justificó la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo de Yohanet Torres.
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CG