La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que fue inconstitucional la creación, en 2018, del Tribunal de Justicia Administrativa, organismo que entró en funciones en la XV Legislatura, por lo que todas las sentencias y asuntos atendidos desde ese entonces carecen de validez jurídica, por estar viciados de origen. Hasta el momento, la XVII Legislatura no ha sido notificada de forma oficial, por lo que no se ha emitido una postura.
La creación del Tribunal de Justicia Administrativa ocurrió en 2018, por decreto de la XV Legislatura, que tenía en su mayoría a una fracción del Partido Acción Nacional, encabezada por Eduardo Martínez Arcila, y contaba con todo el apoyo del entonces Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González.
El panismo movió sus fichas hacia ese Tribunal, pues fue el propio Carlos Joaquín González, quien emitió las propuestas de los candidatos que ocuparían las cinco magistraturas con las que contaría, de los cuales, todos tenían algún nexo con el partido en el poder.
Sin embargo, en la técnica legislativa, los Diputados cometieron un error, pues la facultad de decretar la creación y el inicio de funciones del TJA era de forma directa de los integrantes del Poder Legislativo que conformaban la XV Legislatura.
No obstante, fue la Diputación permanente la que realizó la declaratoria para que entrara en funciones este órgano colegiado de impartición de justicia administrativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo para su análisis este caso, luego que se interpuso el recurso de reclamación 8/2018 contra una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa en junio del 2018.
Un particular tramitó un amparo contra el que el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo se declaró incompetente, pues ya existía un órgano especializado para la impartición de justicia de esa materia.
El TSJ impugnó el amparo que inicialmente se le había otorgado al particular por un Juez Federal, por lo que ante el interés jurídico que representaba este caso, la SCJN lo atrajo para su análisis.
La segunda sala del máximo tribunal del Estado Mexicano determinó de forma lisa y llana, que no se siguieron las formalidades en la XV Legislatura para decretar el inicio de funciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
Lo anterior, porque debió ser el Pleno de la XV Legislatura y no sólo la diputación permanente, el que hiciera la declaratoria, por lo que todos los casos y sentencias emitidas desde ese entonces carecen de validez y sustento jurídico.
Al respecto de este caso, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura, Renán Sánchez Tajonar, evitó realizar cualquier tipo de manifestación, pues señaló que sólo conocen del caso a través de lo que se ha difundido a nivel central y no han sido notificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por este error de procedimiento en el que incurrió Eduardo Martínez Arcila, quien en aquel entonces presidía el Congreso, los casos resueltos desde hace cuatro años en los que se invirtieron recursos materiales y humanos para su realización, hoy carecen de validez.
Por lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que serán los involucrados en cada uno de esos casos quienes soliciten la nulidad ante las instancias correspondientes.
En la sentencia se lee que la declaratoria 006 emitida por la Diputación Permanente, publicada en el Periódico Oficial el 16 de enero del 2018, es inconstitucional.
Ni el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, presidido por el Magistrado Jesús Antonio Villalobos Carrillo, ni el Poder Legislativo han emitido un comunicado oficial, y aunque se buscó al Magistrado Presidente de este órgano de impartición de justicia, no estuvo disponible para contestar la llamada.
Los alcances de la sentencia emitida por la SCJN serán conocidos hasta que el Congreso de Quintana Roo sea notificado de manera oficial y se conozca cuál será el destino de este tribunal.
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NR