Quintana Roo

Comité ciudadano 'bloquea' gasto de 99 mdp del Congreso de Quintana Roo

Un juez concedió un amparo al Comité de Participación Ciudadana del estado para detener el uso de 99.5 millones de pesos en 'apoyos sociales', que el Congreso de Q.Roo quería erogar
Eric Castillo

Un Juez de Distrito otorgó un amparo al Comité de Participación Ciudadana y tres personas físicas para que los integrantes de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo no puedan gastar el presupuesto de 99.5 millones de pesos asignados para este 2022 bajo el concepto de ayudas sociales, informó Francisco Colunga Becerril integrante de la asociación Cultura Cívica. 

Se trata de un amparo que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y tres personas físicas promovieron en contra del dispendio de ayudas sociales que eroga el Congreso del Estado y que para este año se tiene un presupuesto de 99.5 millones de pesos, lo cual corresponde al 20% del presupuesto total que recibe el Poder Legislativo.

“El Congreso (cuya Junta de Gobierno y Coordinación Política está a cargo de Eduardo Martínez Arcila), tendrá que justificar los movimientos de recursos, es decir, tiene que informar a quién y por qué va dirigido el apoyo social” señaló Francisco Colunga, quien explicó que ya recibieron la suspensión provisional, en tanto el Juez de Distrito analizada “el fondo del asunto” en la audiencia constitucional.

Las facultades  del Congreso del Estado se encuentran establecidas en el Artículo 75 de la Constitución Política de Quintana Roo, pero en ninguna de sus 55 fracciones, están reguladas las ayudas sociales, lo cual para el Comité de Participación Ciudadana, la Asociación Cultura Cívica entre otros, resulta incongruente pues se le destina en este 2022, el 20% del presupuesto total.

Celina Izquierdo, una de las personas físicas que tramitó este amparo señalo que hace cuatro años, diversas organizaciones ciudadanas señalaron la irregularidad de la existencia de este fondo, pues incluso se dotaban de “ayudas sociales” a personas que ya se encontraban fallecidas.

La acción legal fue emprendida por estas asociaciones desde el 2021, fecha en la que de igual forma, se dispuso de un presupuesto para el apartado de ayudas sociales; el Congreso de Quintana Roo, no ha emitido una postura sobre los señalamientos realizados por estas agrupaciones.

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CG