Un grupo conformado por representantes de 33 comunidades de la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche realizaron una marcha por diversas calles de Chetumal, para denunciar la falta de aplicación de recursos en obra e infraestructura por parte del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, quienes alegan que esa franja pertenece a Campeche, cuando los mapas cartográficos de esta Entidad la incluyen dentro de su territorio, por lo que incluso presentaron una iniciativa de Juicio Político contra la Presidenta Municipal Yensunni Martínez Hernández.
Los manifestantes realizaron primero una manifestación frente al Palacio Municipal, para exigir que la Presidenta Municipal, Yensunni Martínez Hernández, incluya a las 33 comunidades en el presupuesto de obra, pues han sido relegadas y no se consideró ninguna clase de inversión para los habitantes de ese territorio aún en conflicto.
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Entre las comunidades afectadas se encuentran: Dos Aguadas, San Antonio Soda, El Tesoro, 27 de Mayo, Guillermo Prieto, Hermenegildo Galeana y Caña Brava, entre otras, cuyos habitantes se manifestaron la mañana de ayer, desde la avenida Álvaro Obregón hasta el Congreso de Quintana Roo, en donde se pronunciaron contra los legisladores, quienes sólo los buscan en momentos electorales y después de olvidan de ellos.
Uno de los líderes de la manifestación, Andrés Blanco Cruz, expuso que cada una de las comunidades de la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche realizaron una asamblea para determinar qué tipo de acciones emprenderían en contra de las autoridades que los tienen marginados, pero además atentan contra el desarrollo, pues no son tomados en cuenta para realizar ningún tipo de obra.
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Los quejosos entregaron una solicitud de Juicio Político contra Yensunni Martínez y dijeron que estarán muy al pendiente de cómo se desarrolla el procedimiento, ya que consideraron que se trata de un acto ilegal por parte de las autoridades.
“La cartografía de Quintana Roo indica que nuestras comunidades están dentro del territorio, pero sólo somos tomados en cuenta cuando llegan las elecciones y después nos abandonan, como ha ocurrido en los últimos años”, expuso uno de los manifestantes.
La franja en conflicto con Quintana Roo está conformada por 33 comunidades y aunque nuestra Entidad mantiene una controversia constitucional sobre ese territorio, no aplica recursos para el desarrollo de la región y es el Estado de Campeche el que mantiene hasta la vigilancia en esa área.
Para recibir servicios básicos como el agua potable, los habitantes de Caña Brava tuvieron que interponer un amparo contra el Gobierno de Quintana Roo, para que se colocara un sistema de suministro, pues la administración de Carlos Joaquín se negó en su momento a cumplir con la petición de los habitantes de esa zona.
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CG