La Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo ya entró al análisis del Juicio Político contra de la Presidenta Municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, interpuesto por integrantes de al menos 30 comunidades de la Zona Limítrofe del Estado con Campeche, por violaciones a sus derechos humanos.
Andrés Blanco Cruz, asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, detalló que el juicio político se configura, pues la Alcaldesa violó de forma reiterada los derechos humanos de los habitantes de esa franja de población que está en litigio, pero que desde el año 1997, el Congreso ordenó al Gobierno de Quintana Roo, la publicación de un mapa oficial conteniendo a las mismas, con lo cual se confirma que esas comunidades pertenecen a la Entidad.
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El sustento establecido por el abogado, señala que uno de los requisitos para entablar este proceso legal contra un funcionario, es que debe haber violaciones a los derechos humanos de modo reiterado, lo que se configura en el caso de Yensunni Martínez.
“No sólo se trata de haber violado las garantías individuales de los habitantes de estas comunidades al asumir la Presidencia Municipal de Chetumal, por el contrario, ha sido reiterativa, pues durante la pasada administración fungió como Síndico municipal, cuando le asistían facultades para destinar obras en beneficio de los habitantes de esa franja, pero no lo hizo”, indicó.
De acuerdo con el abogado, las violaciones son reiteradas en diferentes sectores, pues al no destinar recursos para la realización de obras, se impide el correcto desarrollo de los habitantes que carecen de infraestructura para el suministro de agua potable, energía eléctrica y pavimentación.
Con estos argumentos, se muestran las violaciones a los derechos humanos, pues al destinar obras al resto de comunidades que conforman el municipio de Othón P. Blanco, está marginando a estos 30 poblados.
“Este proceso de discriminación no es actual, pues desde que fue síndico municipal, el segundo cargo en la línea de mando del Ayuntamiento, no realizó acciones en favor de esas comunidades”, señaló.
Ayer, la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura de Quintana Roo ya se encuentra analizando la demanda, para determinar si cumple con todos los requisitos legales y entonces sea sometido a consideración del Pleno del Congreso del Estado.
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CG